Por Susana Muñiz (*)
Varios aspectos categorizan el año de gobierno de Lacalle Pou pero sin dudas hay una referencia marcada en el año 2020 que es la presencia de la pandemia.
En ese contexto, las opiniones de la ciudadanía están teñidas por la gestión de la misma y, sobre todo, por lo que la prensa hegemónica señala del manejo de la misma -las perillas- según palabras del propio presidente.
Y la realidad es que hubo algunos aciertos, sobre todo al inicio de la misma. La creación del Grupo Asesor Científico Honorario con indicaciones basadas en fundamentos científicos, así como el uso de tests y ciertos estudios diseñados por investigadores uruguayos, dio elementos de sustento que permitieron una adecuada gestión durante los primeros meses del 2020. El cierre de fronteras a tiempo, ciertas medidas de distanciamiento social, el regreso paulatino a cierta “normalidad” en
determinado momento, han sido algunos de los aciertos a que aludíamos.
Sin embargo, pasado el tiempo y abonados en una confianza excesiva, comenzaron a ejercer presión los intereses de determinados sectores económicos pesando más que las opiniones científicas generando contradicciones e incertidumbres. Esto sumado a una excesiva confianza y ansias desmedidas de utilizar la crisis sanitaria para posicionarse geopolíticamente a través de la compra de vacunas, fue creando problemas.
Y de ahí en más las permanentes contradicciones en el discurso sólo blindadas por la performance del aparato comunicador-propagandístico que borra afirmaciones rotundas de forma tal que en pocos días la sometida audiencia olvida con gran facilidad.
Por ejemplo, ya casi nadie recuerda que en setiembre el presidente y su equipo de gobierno habían anunciado que las vacunas ya se estaban adquiriendo y que Uruguay sería el primer país de Sudamérica en vacunar -unos meses después comprobamos que fuimos el último país de la región en iniciar la vacunación.
Se dijo también que no se compraría ni la más rápida ni la más barata, sino “la mejor”, afirmación temeraria si las hay. Al poco tiempo el responsable de que Pfizer no nos vendiera la vacuna, era un joven funcionario del MSP que había enviado un mail. Luego, el presidente rechazó el ofrecimiento del presidente argentino de facilitar la negociación por la compra de vacunas.
Faltaba más, aceptar ayuda de Alberto Fernández. Y encima cuando este comenzó la vacunación en su país con la Sputnik rusa.
Algunos meses después, las dosis que llegaron se debieron a la “buena voluntad del Presidente chileno Piñera”, que al parecer salva la imagen de Lacalle Pou iniciando la vacunación justo el 1º de marzo.
Aún con dosis en territorio uruguayo, las incertidumbres siguen siendo “el pan nuestro de cada día”.
Insólitamente en el grupo que primero comienza la vacunación no están incluidos los trabajadores de la salud. La razón que se da para esto es que la vacuna Sinovac tiene una eficiencia menor a la de Pfizer y que dichos trabajadores recibirían esta última. Poco después -apenas unas horas- ya no está tan claro que
esa vacuna llegue a nuestro país y ahora se considera que se podría vacunar con Sinovac al personal sanitario.
Pero dejando estos tristes episodios, de incertidumbres y contramarchas además de demoras en acceder a la vacunación con un resultado de 617 compatriotas fallecidos, dos elementos son por demás preocupantes: la consideración de los aspectos sanitarios al margen de sus determinantes sociales y la precarización incipiente del sistema de salud.
La primera es consecuencia de una concepción estrictamente biologicista de la salud sin considerar aspectos como el trabajo, la vivienda, el acceso a servicios básicos, donde obviamente el acceso a la alimentación ocupa el primer lugar.
El Frente Amplio ha presentado proyectos de ley y minutas que apuntan a solucionar esta situación. Sin embargo, a un año, ninguna de estas propuestas ha sido considerada y de hecho cientos de uruguayas y uruguayos se han alimentado gracias a la solidaridad de compatriotas que han generado y mantenido ollas populares.
En el discurso del gobierno también existe la palabra “solidaridad” sin que por ello se adopte una sola medida de corte popular que los aparte del plan original de recortes presupuestales, de desmantelar el Estado y reducir derechos.
Pero lo que no se dice en discursos oficiales es que buena parte de que las “perillas” funcionen aceitadamente en un principio tiene que ver con un Estado sólido y con un Sistema Nacional Integrado de Salud, herencia de 15 años de gobierno del Frente Amplio.
So pretexto de combatir la pandemia, las autoridades de la salud vienen procesando una modificación en el modelo de atención en detrimento del primer nivel de atención que tantos resultados positivos generó en nuestra población, no sólo olvidando los postulados de promoción de salud y prevención de enfermedades, sino que además discontinuando la atención a personas con enfermedades crónicas. Una y otra vez se señalan los ahorros maravillosos que se han procesado en el sistema público de salud sin mencionar jamás los recortes en medicamentos que
usuarios del sistema denuncian así como las demoras en acceder a estudios paraclínicos y/o especialistas.
Todo esto en medio de persecuciones y ceses a varios profesionales que se han formado, que han concursado y que de esta forma se ven obligados a migrar al sector privado. El propio sistema de salud está hoy conducido por actores comprometidos desde siempre con los prestadores privados, sin que hoy ni Lema ni ninguno de los miembros de la coalición de gobierno haga una sola observación en cuanto a conjunción de intereses.
Como si fuera poco, además tenemos una Universidad a la que se le recortan varios de sus programas al igual que a las instituciones de investigación.
Recién va el primer año y parece ser que la pandemia brindó el escenario perfecto para la implementación de políticas que de otra forma convocarían a movilizaciones seguramente multitudinarias en reclamo de medidas populares y contra la pérdida de derechos.
La inteligencia colectiva seguramente encontrará las formas para defender el Sistema de Salud y oponerse a la pérdida de derechos.
(*) Edila de Canelones por la lista 1916 y el Frente Amplio, ex ministra de Salud Pública.
