Un gobierno en tiempos de pandemia con escasa respuesta social

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Fernando Pereira (*)

Se cierra el primer año de gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Un año marcado por una crisis sanitaria sin precedentes cercanos en el tiempo, con impactos sociales y económicos cuyos antecedentes comparables nos remontan a situaciones de dolor en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Pocas veces en la historia reciente realizar el balance de un período tan corto de tiempo supone tomar en cuenta tantas cosas.

Cambios de paradigmas, aumento de la pobreza, pánico e incertidumbres. La pandemia desatada por el covid-19 supuso enfrentar con crudeza desigualdades estructurales que evidenciaron injusticias enquistadas, desigualdades inadmisibles desde una ética humanista y que son la explicación de las crudas situaciones que nos tocó y nos sigue tocando vivir.

No es igual enfrentar la emergencia sanitaria con las necesidades básicas cubiertas, con espacio físico adecuado para cuidarse y certezas económicas, que hacerlo sumando al temor natural que supone el riego sanitario, incertidumbres en todos los planos de la vida.

Nuestro país afrontó la pandemia con fortalezas que permitieron, sobre todo durante la primera etapa, resultados muy positivos. Existe un amplio consenso sobre las fortalezas con las que Uruguay enfrentó la pandemia. Hace bien el Gobierno en reconocer estos aspectos, para no rebajar la política al terreno en el que la democracia sale lastimada.

Bajos niveles de contagio, una respuesta adecuada de un sistema de salud robusto. Decisiones políticas del gobierno que permitieron darle sustento científico al rumbo de las políticas sanitarias.

Es cierto que la incertidumbre propia de un hecho sin precedentes recientes supone un margen irremediable de aciertos y errores, pero en términos generales la respuesta sanitaria del país fue adecuada.

Muy distinta es la forma en la que se abordó la respuesta del Estado a la dimensión social y económica de la crisis. La evidencia del impacto social y económico era clara desde el primer momento, pero el reflejo a apelar a la academia para la respuesta sanitaria, faltó en el gobierno para hacerlo en estas dimensiones.

En abril del 2020 el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República advertía sobre la posibilidad de que más de 100.000 personas cayeran por debajo de la línea de pobreza. En ese mismo estudio se marcaba que las respuestas del Estado eran insuficientes.

Al tiempo que el país se sumergía en estos problemas el gobierno nacional tomó la errada decisión de sumergir al Parlamento en la aprobación de un proyecto de Ley de Urgente Consideración de casi 500 artículos, que en 90 días transformó un amplio espectro de políticas públicas fundamentales, autoimpuso al Estado restricciones que en contextos normales son discutibles, pero sin considerar la pandemia, constituyen un error fundamental.

También en el proceso de aprobación de la LUC el gobierno obvió la opinión de la academia, que en un acuerdo de investigación entre el parlamento y el Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, calificó a estos mecanismos como de baja calidad democrática.

El presupuesto, que instrumenta en asignación de gastos el marco resuelto en la LUC, es la pieza final de un diseño de recortes que no se ajusta a las prioridades nacionales y menos en la situación de crisis que enfrenta nuestro país.

Existe en la actualidad un amplio consenso político y social sobre la necesidad de aumentar el presupuesto para políticas compensatorias que mitiguen el impacto de la crisis. El acuerdo atraviesa a las organizaciones sociales, los partidos de oposición y la amplia mayoría de los partidos que integran la coalición de gobierno.

Políticas humanistas que den respuesta a la tragedia del hambre, la desocupación, la falta de amparos institucionales para las personas que trabajaban en régimen de informalidad. Cientos de miles de familias uruguayas requieren respuestas, seguir postergando la concreción puede generar daños irreparables.

Las políticas compensatorias son humanamente urgentes, pero también son urgentes para la economía doméstica, para las micro, pequeñas y medianas empresas, para el mercado interno y el consumo básico de las personas.

Desde marzo del 2020 el PIT-CNT y la Intersocial pusimos sobre la mesa una plataforma de propuestas integrales para abordar los impactos presentes y futuros de esta tragedia humana. El gobierno adoptó algunas medias que permitieron ampliar la cobertura del subsidio por desempleo, pero de forma simultánea se generaron aumentos de tarifas, pérdida de poder adquisitivo y aumentos impositivos que atentan contra el consumo interno y de forma indirecta en la generación de empleo.

Es posible que nuestras propuestas fueran insuficientes o erradas, generar un ingreso transitorio de un salario mínimo para las familias sin ingresos, una canasta de servicios públicos básica para garantizar el acceso a la energía eléctrica, el gas y el agua, evitar desalojos durante la emergencia sanitaria, como parte de una batería integral de medidas. No se trata aquí de tener la propiedad intelectual de las propuestas, lo inadmisible es que no se adopten medidas que permitan resolver la situación.

La fase de vacunación avanza rápidamente, más allá de los posibles retrasos en el proceso de gestión, implica que nuestro país avizore de forma cercana la salida de la crisis sanitaria, pero esto no va a suponer una resolución automática de la crisis social y económica.

A las respuestas de emergencia proponemos que se adopten políticas públicas que dinamicen la economía, generen empleo y estimulen la inversión privada. Compras públicas para reactivar la industria nacional, inversión pública para generar empleo y respuestas sociales, estímulos a las pequeñas y medianas empresas para sostener los empleos existentes. También en esto admitimos que puedan existir otras propuestas, pero las anunciadas, aunque algunas acumulen en ese sentido, son claramente insuficientes.

El miércoles 3 de marzo nos reunimos con el presidente de la República, una respuesta rápida para abordar estos temas que es de honor reconocer. Le hace bien a la democracia el diálogo, el reconocimiento entre las partes de miradas múltiples sobre la realidad.

Durante el año pasado faltaron espacios de intercambio, no para cogobernar, para escucharnos y concretar respuestas, para sacar del intercambio lo mejor para el país. Las urnas dan legitimidad para gobernar, pero no carta libre para hacer cualquier cosa. Reconocernos, hablar y construir desde la diferencia respuestas son síntomas de salud democrática de un país, hay que alimentar todos los días este camino para salir sin dejar a nadie por el camino.

(*) Presidente del PIT-CNT