Por Daniel Larrosa, director de Antel por el Frente Amplio.
El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, informó que la portabilidad numérica comenzará a aplicarse el 27 de diciembre, a pesar de que la iniciativa será sometida al voto popular en los primeros meses de 2022, por formar parte de los 135 artículos sometidos a Referéndum de la LUC. Millones de dólares se están gastando en este instrumento obsoleto y no se sabe si finalmente la normativa que lo creó mantendrá su vigencia.
Lamentamos que desde el seno de la propia Antel se festejen y promuevan cambios normativos que perjudican los ingresos de la empresa pública y favorecen a las multinacionales. Si bien Antel lidera el mercado de telefonía móvil en Uruguay, Claro y Movistar tienen una gigantesca presencia global, con 100 veces más clientes, y disponen de procesos adaptados para este sistema de portabilidad.
Por otra parte, no deja de sorprendernos la permanente propaganda negativa que generan aquellos que deben administrar este «rico patrimonio de los orientales».
También su omisión al momento de señalar los aportes de la empresa pública a la comunidad. Ninguna de las obras de las infraestructuras, logradas por Antel en la última década, es reivindicada como un activo de Uruguay, a excepción de los videos de promoción del país ante inversores extranjeros.
No se reconocen los beneficios del Data Center, ni del cable submarino, y se sugiere que fueron inversiones “no óptimas». La fibra óptica fue desconocida desde el inicio de la presente gestión por no tener «rentabilidad» proporcional a los 800 millones de dólares invertidos. Se intenta privatizarla para «optimizar». Claramente ese «óptimo» no es para el pueblo uruguayo.
Sin embargo, la pandemia demostró que la fibra óptica es una infraestructura necesaria y resultó imprescindible para el teletrabajo, la educación a distancia y la telemedicina. Por suerte primó la cordura y en los próximos años se resolvió retomar la expansión de estas redes para sustituir el cableado de cobre.
Por otra parte, el ensañamiento con el Antel Arena es vergonzante. No figura ni una línea en la «estrategia» de la empresa, pese a que desde que este centro multifuncional retomó sus actividades con protocolos, no cesa de brindar espectáculos con entradas agotadas y nuevas funciones: Cuarteto de Nos, Chacho Ramos, Márama y Agarrate Catalina, son solo ejemplos que dan cuenta de la necesidad de contar con infraestructura de calidad para el entretenimiento y la cultura.
También nos resulta insólito que se desconozca la contribución de Antel a la comunidad, particularmente durante la pandemia. Apoyó al Mides con el pago mensual de las canastas de alimentos, brindó información para mejorar el control de la movilidad y garantizó el acceso gratuito a las clases virtuales de escolares y liceales.
¿Alguien escuchó que en los más de 20 vacunatorios del Antel Arena se suministraron más de un millón de dosis? Sin embargo, ya hace como un año que se anuncia una y otra vez que se presentará una denuncia penal por presuntos ilícitos en la construcción del centro, pero todavía no se ha concretado. La seudoauditoría realizada no aportó ni un solo elemento de «apariencia delictiva», así que tuvieron que contratar penalistas para que saquen jugo a ese ladrillo.
Finalmente, reiteramos que nos resulta increíble que se eche para atrás a la hora de defender a la empresa y se celebre los recursos públicos que Antel destinará en el sistema obsoleto de portabilidad, cuando estos dineros se podrían invertir, por ejemplo, en mejorar la calidad del servicio de internet en los hogares.
La portabilidad sitúa la discusión y los énfasis de esta Administración en el pasado, en vez de estar discutiendo el futuro. De continuarse por este camino se augura el fracaso rotundo en todos los planos de la política de telecomunicaciones de este quinquenio.
