Por Micaela Melgar
Una interpelación realizada casi de un día para otro, con cuatro ministros, terminó con la reafirmación de la importancia del proyecto para el país. Diputados invirtió 15 horas en un debate que buscaba críticas retroactivas.
Luego de quince horas de discusión parlamentaria en el marco de la interpelación llevada adelante por el diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto; los ministros del actual gobierno confirmaron -en los hechos-, el rumbo correcto de lo actuado por el anterior gobierno. En la sesión se reafirmó el compromiso de continuidad con el proyecto de UPM donde los ministros y ministras se basaron en los informes de transición del gobierno del Frente Amplio para sus alocuciones.
El Frente Amplio acompañó la propuesta de interpelación de los ministros y ministras, Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas), Luis Alberto Heber (Transporte y Obras Públicas), Irene Moreira (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) y Omar Paganini (Industria, Energía y Minería) por el contrato que hizo el Estado uruguayo con la empresa finlandesa UPM para instalar la segunda planta en el centro de nuestro país.
La propuesta fue presentada el martes 2 de junio. Una nueva rareza de esta legislatura: llevar adelante una interpelación por un integrante de la coalición de gobierno a un miembro de ese gobierno. Eso y una ley ómnibus de urgente consideración quedarán como hitos de detrimento del rol parlamentario en la historia del país.
A eso se le suma otra originalidad: se presentó por el Partido Nacional una moción para que la comparecencia de los y las ministras fuera esa misma jornada. Un hecho inédito de coordinación de agendas de cuatro jerarcas y de un miembro interpelante, que -obviamente-expresó su desacuerdo.
Desde el gobierno, en la gran mayoría de las intervenciones, se intentó abonar la idea de la falta de transparencia al respecto del acuerdo inicial del gobierno del Frente Amplio con UPM. En respuesta a esto intervino la diputada de la 1001 y Unidad para los Cambios, Ana Olivera, quien leyó textualmente el acuerdo firmado: «como corresponde por estar involucrada la cosa pública, la confidencialidad tuvo un límite temporal, que fue la firma del contrato; que es público, y se puede acceder a él a través de la página web» dijo.
La diputada cuestionó la incongruencia del gobierno «Azucena dice: “se negoció mal” y también dice “la inversión es positiva para el país, al respecto de su impacto y al empleo”». Olivera se focalizó en la estrategia de localización de la planta, en la búsqueda de un desarrollo del centro y noreste del país, «en este debate se dijo poco la palabra descentralización».
La diputada presentó el problema del impacto social del territorio de un mega-emprendimiento como es UPM y recalcó el rol del trabajo territorial y de las meses de coordinación a nivel local, con participación de vecinos y de las instituciones de la zona. Hizo énfasis en varios temas relacionados al impacto social, entre ellos puso sobre la mesa la dimensión de la explotación sexual comercial y la violencia basada en género y generaciones y la necesidad de atender y prevenir esos riesgos.
«¿Existe un coordinador de las diferentes instituciones y de las organizaciones sociales en el territorio? ¿cómo se van a trabajar estos temas». Estas preguntas quedaron sin respuestas ya que el Ministerio de Desarrollo Social no participó de la interpelación.
Por su parte, el diputado Daniel Gerard, del Espacio 567 y Unidad para los Cambios, haciendo foco en el ambiente dijo: «actualmente existe en Uruguay una superficie ocupada por bosques nativos de 850 mil hectáreas y 1.15 millones de hectáreas de bosques plantados. Además, el gobierno plantea cambios en el marco jurídico del Sistema Nacional de Areas Protegidas que tienden a aumentar este desequilibrio». Teniendo en cuenta que el mayor impacto de la planta es hacia el agua: ¿Cuál es el plan de mitigación para evitar superar umbrales sinérgicos que terminen en resultados inesperados?”.
En definitiva, quedó claro a lo largo de la larga jornada que el proyecto UPM significará un aporte trascendente a la salida de la crisis económica, en el marco de las consecuencias de la crisis sanitaria; con aportes en infraestructura y oportunidades de empleo. En ese sentido el Frente Amplio presentó una moción que expresaba estos conceptos.
Pero hay que decirlo, la Cámara de Representantes estuvo 15 horas reunida con la presencia de cuatro ministros y todos sus asesores hablando en una interpelación de un proyecto en marcha, positivo para el país, y que cuenta con el aval de todos los partidos políticos. Parecía, allí adentro, que el país no está atravesando una enorme crisis económica y social y que la realidad de los miles de trabajadores y trabajadoras en el seguro de paro o que han quedado sin ingresos para resolver el plato de comida es una realidad lejana.
Incluso durante un período de tiempo el debate fue seguido por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que también fue al Senado a escuchar el debate sobre la Ley de Urgente Consideración, lo que refuerza lo señalado anteriormente.
El Frente Amplio presentó un paquete de medidas para atender a las verdaderas urgencias, pero no ha contado con la celeridad adecuada para su tratamiento en la arena parlamentaria. Las urgencias del gobierno, son otras.
