Una mala ley: la niñez fuera de foco

Paola Beltrán

El Proyecto de Ley de “Corresponsabilidad en la Crianza”, también conocida como de “Tenencia compartida” surge de la propuesta de dos proyectos presentados, uno por Cabildo Abierto (CA) y el otro por el Partido Nacional (PN), que fueron unificados y que son objeto de cuestionamiento por parte de todas las organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

En esta nota EL POPULAR busca poner a disposición los argumentos presentados por diversas organizaciones e instituciones que fueron recibidas en la Comisión de Legislación y Constitución del Parlamento que coincidieron, entre otros elementos, en que este proyecto no contempla el interés superior del niño, niña y adolescente (NNA) consagrado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, vigente en nuestro país y aprobado por todos los partidos políticos en el año 2004, poniendo por encima el interés de los adultos.

Legislar la excepción

La Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, con motivo de su comparecencia en la Comisión de Códigos y Legislación para expresar su opinión en relación a la iniciativa, realizó un relevamiento entre sus colegas para medir la incidencia positiva o negativa que podría tener el proyecto de Ley en caso de aprobarse. 

Los Defensores de Oficio atienden al público que tiene los ingresos más bajos del país, con ingresos que no superen las 3 BPC (15 mil pesos). De todos los casos que entran anualmente en el Poder Judicial –que son aproximadamente 200.000–, la materia familia y familia especializada es la que tiene la mayor cantidad de trámites –en promedio un 50 %–, mientras que la materia penal –que es la que resuena más– solo se lleva un 12 % del trabajo. Del 50 % del trabajo del Poder Judicial, más del 40 % de los casos de familia son llevados por al menos un defensor público y, si lo llevamos a la materia de familia especializada, el porcentaje aumenta: el 91 % de los casos son llevados por defensores públicos. De aquí la relevancia y el conocimiento en la materia que aportan al debate. 

De acuerdo con el relevamiento realizado, afirman que la mayoría de las judicializaciones de asuntos de tenencia en nuestro país no son conflictivas.

Informaron también que si se comparan los trámites relacionados con las visitas y los relacionados con la pensión alimenticia estos últimos son ampliamente mayoritarios por lo que concluyen que la insatisfacción jurídica que atraviesan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país versa sobre los procesos de alimentos y lo que deviene de sus incumplimientos.

Por lo tanto, este proyecto que se pretende votar en el Parlamento no resuelve los verdaderos problemas que atraviesan los NNA sino que pretende legislar sobre la excepción transformando situaciones puntuales en problemas generales. 

El impacto de la violencia en la niñez

La Asociación Civil “El Paso” trabaja, desde 2010, en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y en la problemática de las distintas expresiones de violencia manifestaron que el daño que genera crecer expuesto a situaciones de violencia, así como estar sometido al abuso sexual por algún integrante de su núcleo más cercano de convivencia –por lo general, padres, madres, abuelos u otros en función de cuidado– es como un balazo en el cerebro, según la psiquiatra y terapeuta argentina Irene Intebi.

En ese sentido entienden que el proyecto de ley pone en riesgo la integridad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes ante posibles situaciones de violencia y abuso, al impedir la aplicación de medidas efectivas de protección.

Cuando el abuso o maltrato se producen en la infancia, generan altos niveles de estrés que desembocan en trastornos a corto, mediano y largo plazo, como, por ejemplo, sufrimientos de diversas patologías, consumo de sustancias psicoactivas, intentos de autoeliminación, suicidios, enfermedades a nivel de la salud sexual y reproductiva, entre otros.

Por otro lado, en el INAU cuenta con datos relacionados con las solicitudes de intervención por amparo, y un porcentaje muy alto tiene que ver con violencia ejercida en los hogares, tanto por acción –violencia física, abuso– o por omisión –situaciones de negligencia–.

Con respecto a las situaciones atendidas y a su desglose por problemática, en el 2020 se atendieron 4911 situaciones de violencia, más de 13 situaciones diarias. Respecto a quiénes ejercen el maltrato o abuso, el 91 % pertenecen al grupo de convivencia. En la mayor parte de los casos es el padre, la madre o la pareja de padre o madre. Se intervino en más de 900 situaciones de abuso sexual cometido en un 80 % por su grupo familiar o grupo de convivencia, siendo en este caso una práctica ejercida principalmente por varones.

El interés superior del niño

UNICEF fue otra de las instituciones que compareció a la Comisión de Legislación y Códigos para compartir sus consideraciones al respecto del proyecto de Ley. El inicio de su intervención, a cargo de Luz Ángela Melo, y a la oficial de protección de la infancia, Lucía Vernazza, explicaron la relevancia del concepto de “interés superior del niño”.

Este un derecho sustantivo, es decir que todos los niños tienen derecho a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses; debe ponerse en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que lo afecte y es un principio jurídico interpretativo fundamental. Si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se debe elegir la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño.

La evaluación del interés superior del niño debe abarcar el respeto del derecho del niño a expresar libremente su opinión y a que esta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. Es por esto que entienden que la modificación propuesta por el proyecto de corresponsabilidad en la crianza al artículo 35 del Código de la Niñez y Adolescencia agrega al artículo original, que dice «El juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente», la siguiente frase: «en la medida en que sea manifestación de su voluntad reflexiva y autónoma, según su grado de desarrollo cognitivo y autonomía progresiva”, habilita a que el Juez pueda determinar si la palabra del NNA es o no válida.

La obligación del Estado es asegurar el derecho a ser escuchado de acuerdo con la edad y madurez del niño, establecido en el artículo 12 de la Convención. Esto debe verse como una obligación para los Estados de evaluar la capacidad de ese niño de formarse una opinión, y no como una limitación del derecho a ser escuchado.

Tender al silencio

Con respecto a que se sostengan las visitas a pesar de la existencia de una denuncia y posterior definición de medidas cautelares, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual es contundente. Al respecto afirman que va a generar que si un niño relató a una persona de su confianza –que puede ser un familiar, alguien que integre un equipo técnico o un compañero de la escuela– que está siendo maltratado o abusado por uno de sus progenitores, mientras dure el proceso de investigación, se lo somete a que siga en contacto con el progenitor al que denunció y se lo exponga a que sea manipulado, presionado, amenazado para que deponga o cambie su relato, o directamente se lo silencie. 

Por lo tanto, consideran que las soluciones que se han pensado no son acordes al interés superior de los niños ni al respeto del derecho de los niños a ser oídos y protegidos contra toda forma de violencia, sino que son soluciones que buscan resolver un conflicto entre adultos.

En los casos de progenitores que no se ponen de acuerdo y cuyo nivel de conflictividad es tan alto que ni siquiera en una primera instancia pueden resolverlo es justamente en los que el Estado debe proveer de mayores recursos técnicos, profesionales especializados y mayores garantías para los niños a los efectos de resolver esa situación con el menor costo para ellos. De ninguna forma podría resolverse diciendo que la solución es mitad del tiempo con cada uno de los progenitores como establece el Proyecto de Ley. 

Es una mala ley, hay consenso de todas las organizaciones sociales, instituciones de derechos humanos, la propia UNICEF. 

El gobierno está dispuesto a votarla a como dé lugar, será menester encontrar los mecanismos para lograr su derogación o modificación tan pronto sea posible si finalmente se aprueba; la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes dependerá de ello. 

Foto de portada

Concentración y marcha en protesta contra la «Ley de tenencia compartida» en Plaza Libertad el martes. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.

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