Una reforma jubilatoria profundamente antipopular

Las mujeres y las personas con discapacidad serán las más perjudicadas.

La Reforma jubilatoria, que impulsa el gobierno, se encuentra en proceso de análisis y a fines de marzo se estará laudando en el Parlamento. Tiene el rechazo de todo el campo popular, la academia y el Frente Amplio.
Esta Reforma puede ser analizada desde múltiples perspectivas; desde la perspectiva de su financiamiento o una perspectiva de clase. En esta oportunidad compartiremos dos miradas que ponen el ojo en las personas, en nosotros y nosotras, quienes ponemos el cuerpo para que la máquina no se detenga y sufrimos las consecuencias en nuestros huesos, músculos, salud mental y condiciones de vida.
Nicolás Nieves es el director de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo. La perspectiva que atraviesa las políticas que impulsa es la de los Derechos Humanos reafirmando que éstos son para todos y todas, sin distinción.
En entrevista con el programa “A la izquierda late el corazón” Nieves analizó el impacto en la propuesta de modificación de las jubilaciones por discapacidad y la necesidad de construir una verdadera seguridad social, sustentable y solidaria.
Nieves propuso pensar esta temática desde tres elementos: cómo pensamos este retroceso en la política desde el punto de vista de un Estado social que tempranamente se destacó en América Latina por proteger a la mayor cantidad de personas a través de la Seguridad Social; cómo impactan estas modificaciones en la matriz de protección social actual y cómo nos encontramos, muchas veces, con acciones aisladas, que por sí solas podrían tener el aspecto de avance, pero en el conjunto es un retroceso.
Discapacidad: nadie está libre
“En el transcurso de la vida, naturalmente, una persona cada cuatro nace con discapacidad y tres se van conformando con el correr de los años, por lo tanto, todos nosotros somos parte de ese colectivo con discapacidad y estaremos, tarde o temprano en esa doble condición de necesitar un apoyo material y concreto para seguir teniendo calidad vida y con el derecho de participar, ser incluidos y respetados en nuestra condición”, expresó.
Nieves explicó que, en particular, esta población de trabajadores que adquieren una discapacidad y que, por lo tanto, será afectado con un recorte del 20% en relación con el salario entero con el que se jubila hoy, son mujeres, en el entorno de los 55 a 60 años trabajadora domésticos, rurales, de la construcción y el 60 % de ellas, a su vez, se encuentran en el primer quintil, es decir, son las mujeres más pobres.
Con relación a la expectativa de vida, las personas con discapacidad tienen una menor calidad de vida y, por tanto, una expectativa de vida menor, entre cinco y nueve años menos, y si hablamos de las personas con discapacidad en el primer y segundo quintil, la expectativa se reduce entre diez y quince años menos de vida.
Las personas con discapacidad no caen en la pobreza porque quiere sino porque hay condiciones materiales que lo determinan y la discapacidad articulada con la pobreza se torna un círculo de retroceso en las condiciones de vida del que es muy difícil salir.
“Existen informes y análisis internacionales que dan cuenta de eso, que la población con discapacidad o las familias con personas con discapacidad a cargo, entran en un círculo de invisibilidad, de retroceso en condiciones materiales de pobreza del que es muy difícil salir”, aseguró y agregó que “si vamos a la periferia, a los barrios más humildes, vamos a ver muchas personas con discapacidad y no es casualidad que los encontremos en los márgenes de nuestra Montevideo”, dijo.
“Pero además de la afectación de ese 52% que vive en el quintil más pobre, también estamos hablando de todos los trabajadores y las trabajadoras que, por las condiciones naturales o materiales del trabajo, tarde o temprano, vamos a estar en esta situación”, aclaró.
La jubilación por discapacidad había tenido modificaciones en 2008 y 2013, gobierno del Frente Amplio, y permitió el acceso pico de 4.500 trabajadores por año, que luego se estabilizó en 3000.
“Esto significa que cuando hablamos de que habrá un recorte del 20% a la jubilación por discapacidad estamos hablando de 3000 de nosotros y nosotras que no va a poder seguir trabajando y desempeñando su tarea y vamos a estar con 58 años promedio al final de una carrera que nos va a sumergir en la miseria material a menos que defendamos una perspectiva de que todos y todas tenemos derecho que al final de nuestra vida laboral tengamos la oportunidad de tener una vida digna y que la sociedad nos reconozca”, agregó.
“Un trabajador o trabajadora no se lesiona porque quiere, no nos lastimamos ni trabajamos en las peores condiciones porque queremos, pero todos nos utilizaron. Todos en alguna medida se hicieron beneficiarios de ese valor que genera el trabajo y las consecuencias no tienen que estar remitidas de manera individual al trabajador, sino que la sociedad tiene que ser parte de este componente solidario de la seguridad social”, reafirmó.
“Cuando armamos una ronda de reflexión y debate, la primera pregunta con la que arrancamos es cuál es el vínculo que tenemos nosotros con los colectivos y organizaciones de personas con discapacidad o personas individuales con discapacidad”, relató.
“Mi padre, mi madre, mi hermana y si avanzamos, en un par de años capaz, alguno más de la familia tenemos alguna discapacidad si consideramos a la tía, tía abuela; por lo tanto, en nuestras familias, tenemos el componente o tenemos un integrante con discapacidad. Entonces la diversidad forma parte de la regla, no es la normalidad y dentro de la diversidad la singularidad”, continuó.
“Desde una perspectiva de Derechos Humanos y solidaridad estamos intentando desmercantilizar las necesidades, no poner y acorralar a las familias a que tengan que hacer esos arreglos familiares porque no tienen alternativa. Tiene que haber una estrategia de políticas sociales de cobertura amplia que nos aseguren una vida de calidad, en familia y no una vida de dependencia familiar para que estos arreglos familiares compensen las necesidades económicas que, volviendo al punto de partida, esta reforma jubilatoria profundiza aún más”, concluyó.
Desde una perspectiva de género
“Tenemos que comenzar a pensar los riesgos y retrocesos que estamos teniendo en términos legislativos y de política pública y creo, para no quedarnos solo en los diagnósticos, pensar qué sociedad queremos, qué futuro queremos para este país y cómo vamos a lograrlo teniendo en cuenta este contexto”, sentenció Lilián Abracinskas el miércoles 15 de febrero en otra de las entrevistas realizadas en el programa “A la izquierda late el corazón”. Abracinskas, además de militante feminista, es directora de “Mujer y Salud en Uruguay” (MYSU).
Allí compartió parte de los planteos que la organización realizó al asistir a la Comisión Parlamentaria que estudia y trabaja sobre la Reforma Jubilatoria y los impactos que tiene, en particular, sobre las mujeres.
“Lo que planteamos algunas organizaciones feministas desde hace mucho tiempo a cualquier gobierno y legislador que impulsa cambios normativos o política pública es: reconocida la desigualdad que hay basada en la división social del trabajo cómo esa medida va a mitigar la desigualdad evidente, que ya está medida, ¿en todos los campos?”, explicó.
“El mercado laboral está pensado y funciona, en esta división social del trabajo, como un campo de producción masculino donde las mujeres fuimos entrando a medida que las condiciones y circunstancias o nuestras demandas lo permitieron”, agregó.

Abracinskas explicó que una de las cosas cruciales que se acordó en la “Conferencia de población y desarrollo” en 1994 de la ONU es que las políticas de desarrollo no se pueden pensar más, exclusivamente, con criterios económicos. No se puede regular después las condiciones de vida de la población de acuerdo con los intereses prioritarios económicos de un país. Esto implica que no hay desarrollo económico satisfactorio si no está pensado en el desarrollo de las personas y en superar las desigualdades estructurales que tenemos en el mundo, entre ellas las de género.
“Lo que tiene que saber cualquier sistema político es que toda acción que no busque mitigar esta desigualdad la profundiza, no es verdad que no pasa nada, las acciones no son neutras porque ya partimos de una desigualdad estructural”, sentenció.
Datos no relato
Con relación a “lo medido” y ya más que demostrado encontramos que las mujeres se encuentran en mayor proporción en el mercado laboral no regulado, informal y por lo tanto no tiene políticas de protección. También sabemos que, en la segregación de tareas estereotipadas, sigue siendo el doble de tiempo que las mujeres ponemos en tareas de cuidado y el trabajo no remunerado es tan importante para el sistema económico como el remunerado.
Sabemos también que las mujeres que tienen hijos en el posparto, en un alto número, terminan dejando el trabajo porque no tienen condiciones, ni hay un sistema de cuidado que permita atender un bebe y reinsertarse laboralmente además de dar de amamantar y atender a otros hijos/as.
Por otro lado, en el caso del sistema de protección social, mayoritariamente, a los varones les pagan jubilaciones y a las mujeres les pagan pensiones, porque aún es enorme la cantidad de mujeres que, durante años, por los acuerdos familiares, se quedaron en la tarea reproductiva doméstica y de cuidado y no salieron al mercado formal. O, si lo hicieron, lo hicieron de manera informal y sin aporte, al crecer sus hijos o tienen 40 años o más al salir al mercado laboral formal, lo cual determina la imposibilidad de llegar a los años que se requiere para jubilarse a los 60 años, menos aún a los 65 como propone la reforma jubilatoria del gobierno.
La vejez tiene cara de mujer
“No existe un pensamiento desde esta Reforma Jubilatoria en relación a por qué hoy tenemos esta segregación en el mercado laboral y tampoco se intenta corregirla, por lo tanto, a futuro se profundizará. No tener en cuenta esto es, justamente, una suerte de negacionismo de esta desigualdad. Hay una cultura que lejos de reconocer esta desigualdad o la niega, o la obvia y toma medidas como si todos estuviéramos en igualdad de condiciones y no lo estamos, con lo cual, estas medidas, de no ser corregidas lo que van a hacer es, justamente, profundizar el hecho de que muchas mujeres van a llegar a su vejez con una mayor dependencia”, explicó.
“La vejez tiene cara de mujer. En la prolongación de la expectativa de vida somos sufridas y resilientes, bancamos y bancamos. Por lo menos, en promedio, las mujeres tenemos una sobrevida de cinco años sobre los varones. Se habla de la vejez como un problema cuando, en realidad, son las mujeres viejas el problema. No se nos visualiza como alguien que llegó a la vejez después de haber cuidado a toda su familia, haber participado de la sociedad; cuando llega la vejez el mensaje del sistema es: «te explotamos, ahora sos vieja, no nos servís y ¿qué vamos a hacer contigo?», lamentó.
“Debemos reparar y retribuir generaciones y generaciones de mujeres que han cuidado y no han tenido, ni van a tener ahora, ninguna consideración en esta reforma. No debería poder aprobarse este proyecto de Ley hasta que no responda como compensa, reconoce y retribuye la cantidad de horas que cada mujer ha puesto a lo largo de su vida en tareas de trabajo no remunerado, para tareas de cuidado que el Estado y la sociedad, en otros casos, paga”, añadió.
La directora de MYSU llamó a tener en claro que esta es una reforma, primero, no de la seguridad social, sino de jubilaciones y pensiones, pensada estrictamente en el ahorro del gasto, no en la redistribución de los ingresos al interior del sistema de Seguridad Social.

Por otro lado, remarcó el hecho de que los sectores donde se perciben mayores salarios es donde menos mujeres hay, mientras que los sectores de menores salarios son donde más abundan, justamente, los vinculados a las tareas de cuidado, promoción y prevención. En sistemas como el de la Salud, la Educación, el Trabajo Social, los salarios no están a la altura de la importancia de la tarea. Esta se sigue pensando como femenina y no es valorada lo suficiente para que se transfiera al salario y esto tiene como consecuencia que sus jubilaciones son más bajas.
Gobierno niega la evidencia
MYSU desde su observatorio estuvo monitoreando, en este período, iniciativas legislativas y les preocupa una infinidad de pequeños proyectos que van minando los avances que se habían conseguido con una visión integral. Al mismo tiempo el diálogo social del gobierno y su apertura de escucha es considerada completamente insuficiente por la organización. El nivel de formalidad “se consigue, por la presión de la bancada frenteamplista, si fuera por la bancada de la coalición de gobierno, en realidad, mucho diálogo con la sociedad civil no les parece interesante tener, es más, el “Instituto de las mujeres” a todas las organizaciones de mujeres que somos críticas nos tachó de frenteamplistas y por lo tanto ni dialoga con nosotras”, informó.
“Uruguay es muy rico en su sociedad organizada, tenemos movimientos sociales de larga trayectoria, de distinta envergadura y capacidad de incidencia, muy informados, muy leídos y hemos tenido que generar mediciones, indicadores, todo esto está medido y no puede ser que se siga legislando y haciendo política pública sin basarse en la evidencia, sino en cualquier estudio con cualquier dato”, reclamó.
“Nunca en la vida he visto una gestión de gobierno como esta, donde a la evidencia no se le suele dar mayor trascendencia o inventan datos como ha pasado ahora en Maldonado con la responsable de Género de la Intendencia de Maldonado. Toda esta dimensión también la debe tener el movimiento sindical muy clara, también cuando vayan a la negociación colectiva, también hacia el “Congreso del Pueblo” porque no es un problema solo de mujeres. Esto es un problema del sistema, de injusticia y desigualdad; que hemos logrado demostrar y que si no se corrigen las causas que lo generan, no daremos abasto en atender las consecuencias”, finalizó.

Foto de portada:

Rampa en la avenida 18 de Julio de Montevideo. Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS.

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