El gobierno privatizó por decreto la venta de internet: habilitó a un grupo de canales cable, entre ellos los del 4, el 10 y el 12 a competirle a ANTEL.
Al cierre de nuestra edición se hicieron públicas dos medidas, una tomada por el Poder Ejecutivo y la otra por ANTEL, que golpean duramente a la empresa nacional, pública, de telecomunicaciones y ponen en cuestión el futuro de esta.
Por un lado, el Poder Ejecutivo, a través de cinco resoluciones (aquí se puede consultar uno de ellos https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/resoluciones/06/miem_260.pdf) le otorgó a las tres empresas de televisión por cable de Montevideo, TCC, Monte Cable y Nuevo Siglo, propiedad de Canal 10, Canal 4 y Canal 12, respectivamente, y a cableoperadores de Pando y Colonia, licencias para vender transmisión de datos. Las resoluciones establecen que estos canales podrán vender internet a través del cable o arrendando infraestructura a terceros, es decir a ANTEL. El internet por cable es muy inferior en prestaciones a la fibra óptica. La única empresa que tiene una red nacional de fibra óptica, la mejor del continente, es ANTEL. Así que ANTEL tendrá que arrendar su infraestructura para que le compitan.
Por otro lado, se conoció un contrato firmado por el presidente del directorio ANTEL, Gabriel Gurméndez para reincorporar a Vera TV las señales de los canales de televisión abierta de Montevideo, otra vez Canal 4, Canal 10 y Canal 12, y pagarles por eso una cifra cercana a 1.200.000 dólares por año a cada uno.
Aunque parezca increíble es cierto. A la vez que quita el monopolio legal de ANTEL sobre la transmisión de datos por decreto y habilita a que Canal 4, Canal 10 y Canal 12, con sus cables, vendan internet y le compitan a ANTEL, les firma un contrato pagándoles por tenerlos en la plataforma de contenidos de ANTEL. Es decir, les da 1.200.000 dólares por año a los competidores de ANTEL para que le compitan mejor.
ANTEL le va a financiar las inversiones que tengan que hacer los canales cables de Montevideo para competirle. Es como si Coca Cola le pagara a Pepsi por tenerla en sus heladeras y además le prestara sus máquinas, si fueran mejores, para que produjera más y más rápido.
Por otra parte, las cinco resoluciones del Ministerio de Industria, Energía y Minas, más allá de las fundamentaciones jurídicas y políticas, implican de hecho, quitarle, por decreto el monopolio a ANTEL y privatizar la distribución de datos: el rubro de mayor crecimiento en las telecomunicaciones y con más proyección futura.
La transmisión de datos implica actualmente unos 400 millones de dólares al año para ANTEL y la proyección de crecimiento es muy grande. De hecho, es, junto con los servicios a la red, como el Data Center y otros, el rubro que crece en la facturación de ANTEL y el que mayor futuro tiene.
La transmisión de datos casi ha duplicado su volumen año a año.
En las resoluciones, el Poder Ejecutivo justifica este otorgamiento de licencia en que estas empresas habían obtenido un dictamen favorable de la Suprema Corte de Justicia en sus recursos de inconstitucionalidad, contra el artículo el artículo 56 de la Ley N°19.307, de Servicios de Comunicación Audiovisuales, que establece que los titulares de licencias para servicios de comunicación audiovisual no podrán prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o trasmisión de datos.
Es una verdad a medias, por lo tanto, es una mentira. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, aprobada en el gobierno del Frente Amplio, fue la norma con más recursos de inconstitucionalidad de la historia: 75. No es de extrañar, trata sobre temas centrales del poder, que impactan además sobre grandes sumas de dinero.
Uno de los artículos más recurridos fue este, el 56, que prohíbe que las telefónicas puedan tener licencias para canales de televisión y que los licenciatarios de canales de televisión puedan tener licencias para telefonía y transmisión de datos.
Este artículo, además de preservar a ANTEL, los ingresos del estado uruguayo, también resguarda la posibilidad de establecer políticas soberanas de telecomunicaciones no dictadas por las grandes trasnacionales. Busca impedir, que como ocurre en buena parte de América Latina, grandes transnacionales como Claro y Movistar tengan internet, telefonía y canales de televisión, conformando un oligopolio privado en un sector estratégico.
Tampoco dice el Poder Ejecutivo que estos no fueron los únicos recursos presentados contra el artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales. También presentó uno DIRECTV y la Suprema Corte lo rechazó, con una muy fundamentada posición. ¿Qué ocurrió luego? Cambió la integración de la Suprema Corte y ante los nuevos recursos, de los canales de televisión y otros, cambiaron los argumentos y la decisión fue exactamente la contraria.
Pero, además, es falso que las resoluciones del Poder Ejecutivo sean para cumplir con las sentencias de la Suprema Corte. Se puede modificar el artículo 56 de la ley y adecuarlo a los requerimientos de la Suprema Corte. La Suprema Corte nunca ordenó que se le dieran licencias para vender internet a los canales de televisión.
La decisión del Poder Ejecutivo es ideológica y obedece a la voluntad de cambiar, por decreto, toda la política de telecomunicaciones y desmantelar ANTEL, agujereando su principal negocio.
Además, esto se vincula a la intención manifestada públicamente por el Director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, de derogar vía la Rendición de Cuentas la totalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, lo que dejaría sin límites la cantidad de licencias que puede tener una empresa o persona y por lo tanto habilitaría la concentración y extranjerización de los canales de televisión y cables en menos manos que ahora. Y, además, ahora podrán vender internet.
No hay fundamento ninguno
El director de ANTEL en representación del Frente Amplio, Daniel Larrosa, indicó ayer en su Twitter: “Privatización de internet fijo. El Ejecutivo otorgó licencias a privados para comercializar internet a hogares y empresas. La iniciativa perjudica a Antel y rompe una política de estado que posibilitó que Uruguay sea reconocido a nivel mundial por su conectividad en fibra óptica.
El modelo uruguayo, cimentado en nuestra empresa pública, garantizó el desarrollo del Ceibal, la conectividad educativa, el teletrabajo, el desarrollo de tecnologías de la información y las exportaciones de software. El Estado gana además 120 millones de dólares anuales.
Antel ya superó los 850 millones de dólares de inversión en fibra óptica en la última década. Además, el 43 % de sus ingresos anuales (US$ 410 millones) dependen del internet fijo. Esta política es de todos los uruguayos y trasciende las divisas partidarias ¿Por qué romperla?”.
Por su parte, el director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), Pablo Siris, explicó lo infundado de los decretos en un hilo de Twitter que reproducimos.
“Hoy el Poder Ejecutivo anunció que le concedió licencia para transmitir datos e internet a las tres empresas de cable de Montevideo (TCC, Monte Cable y Nuevo Siglo), propiedad de los tres canales de televisión abierta, así como a los cableoperadores de Pando y Colonia del Sacramento.
Esta decisión golpea en la línea de flotación al monopolio de ANTEL, que muchos juristas entienden que se extiende a la red de transmisión de datos directa al hogar.
Esta apresurada decisión (los textos de las resoluciones tienen algunos gruesos errores) va además en contra de lo que las uruguayas y uruguayos hemos resuelto en reiteradas oportunidades desde el referéndum de 1992 contra la privatización de las empresas públicas.
La red de datos de ANTEL acumula el 99% de todas las conexiones fijas a internet con más de 1.100.000 servicios al 31 de diciembre de 2021 (casi 87% del total de hogares).
De esos servicios de banda ancha fija, el 81% corresponden a fibra óptica tendida a lo largo y ancho del todo el país, repartido mitad y mitad entre Montevideo e Interior y tiene la brecha digital más baja del continente entre áreas urbanas y rurales.
Nuestro país ha hecho este enorme esfuerzo con tarifas de las más bajas de América Latina a pesar de tener una calidad muy superior a la del resto de los países del continente.
El actual Directorio de @AntelDeTodos se ha comprometido a que el 100% de las conexiones domiciliarias sean con fibra al culminar el año 2023, fecha en la que todo el país tendrá simultáneamente la más alta velocidad disponible.
Esa inversión de cerca de 1.000 millones de dólares la hizo nuestro país y su gente a través de ANTEL y nos puso a la vanguardia global en acceso a internet, velocidad, digitalización, etc. (entre los siete principales países del mundo).
ANTEL brinda un servicio de gran calidad, a bajo precio, con 100% de alcance próximamente, ¿de qué forma la apertura del mercado puede beneficiar a los consumidores y a la sociedad uruguaya?”.
Gabriel Mazzarovich
