Por Dra. María Caridad Pacheco González (*) Después del cuartelazo del 10 de marzo de 1952, la represión contra el movimiento popular se recrudeció, y la política económica del nuevo régimen fue puesta en función de los intereses del imperialismo y la oligarquía burgués-latifundista. En lo social proliferó todo tipo de lacras, disminuyó sensiblemente el salario real de los trabajadores, el desempleo alcanzó a un tercio de la población apta para el trabajo, y los campesinos se vieron amenazados por continuos desalojos y a pagar abusivas rentas a los terratenientes, así como enfrentar los bajos costos de sus productos y