Por Gabriel Mazzarovich
Los empresarios uruguayos, para ser precisos una parte de ellos, insistieron con su cruzada internacional contra nuestro país, buscando que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo incluya en la lista de países que violan los derechos laborales, en este caso sus derechos, que parecen importar más que nada y que nadie. Interés de clase puro y duro, corporativismo puro y duro.
Es una vergüenza que quienes ante cada movilización obrera, juntada de firmas para un referéndum, o ante una iniciativa de gravar al 1% más rico de la sociedad con un 1% adicional para lograr más fondos que combatan la pobreza infantil, dicen que se pone en peligro la estabilidad económica del país, que van a huir las inversiones y anuncian todas las plagas bíblicas juntas, insistan en denunciar a nuestro país ante un organismo internacional, atacando su imagen y su prestigio.
¿Ir a un organismo internacional a pedir que se califique a Uruguay como un país que viola los convenios internacionales no atenta contra la sagrada imagen nacional? Lo que desde hace 17 años hacen dos cámaras empresariales es una verdadera vergüenza.
Sí, desde hace 17 años están pidiendo observaciones y sanciones contra Uruguay solamente por una concepción mezquina y clasista de defensa de sus intereses, sus privilegios de clase, por encima de los de toda la sociedad.
En el año 2009, la Cámara de Industrias del Uruguay y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, presentaron una queja ante la OIT para que se incluyera a Uruguay en una lista de países que violan los derechos laborales.
Este mezquino reclamo, no se lo puede calificar de otra forma, tiene que ver con que, según la visión de los empresarios uruguayos, mediante la negociación colectiva y la discusión en los Consejos de Salarios, se violentan sus derechos. Más allá del detalle técnico del reclamo, impresentable por cierto, lo que importa es lo que plantea de fondo. Los empresarios uruguayos reclaman que en la negociación colectiva solo se lauden salarios mínimos por categoría, que no se discuta más nada en los Consejos de Salarios y que el resto quede librado a negociación bipartita, no obligatoria y sin participación del Poder Ejecutivo. Es decir que se favorezca el ya de por si enorme poder del capital por sobre los derechos de las y los trabajadores. Eso es lo que quieren aunque lo maquillen con argumentos leguleyos y discursos más o menos floridos, más bien poco floridos en realidad.
Lograron una recomendación de la OIT favorable a sus reclamos en el 2019. El gobierno promovió modificaciones en la Ley de Negociación Colectiva y las materializó en el año 2023, atendiendo 5 de los 6 reclamos empresariales. Pero no les alcanzó, siguieron y este año, lo volvieron a hacer y volvieron a obtener una recomendación favorable a sus intereses, gracias al respaldo de la Organización Internacional Empresarial y de varios gobiernos.
Es que en realidad no quieren cambios o limitaciones en la negociación colectiva.
Todos sabemos muy bien en Uruguay que la negociación colectiva no viola ningún derecho empresarial, baste el ejemplo de que en la última Ronda de Consejos de Salarios hubo un 83% de acuerdos tripartitos. Esos acuerdos, que los empresarios no quieren, permitieron que los trabajadores rurales tuvieran por primera vez en la historia categorías, o derechos más allá del salario las trabajadoras domésticas, o licencia para ir el médico. Eso es lo que no quieren las patronales. En realidad no quieren negociación colectiva.
El planteo de las patronales ya pasó en Uruguay, en la dictadura no hubo negociación colectiva y en los 90 cuando campeó el neoliberalismo tampoco. El resultado fue el deterioro de las condiciones de trabajo, la caída del salario, la pérdida de derechos y un crecimiento exponencial de la desigualdad.
Eso es lo que defienden estas dos Cámaras Empresariales con su mezquino reclamo.
La posición del gobierno
En la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, que se desarrolla en Ginebra, tanto el gobierno como la delegación de las y los trabajadores uruguayos, defendieron la negociación colectiva y rechazaron las acusaciones empresariales.
El subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, intervino en representación del gobierno ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, reivindicando los fundamentos y también los resultados del sistema de la negociación colectiva.
Barretto indicó que la negociación colectiva y la forma que esta adquiere en nuestro país constituye “una herramienta fundamental para promover el trabajo decente, fortalecer la democracia y garantizar la participación efectiva de trabajadores y empleadores”.
El jerarca del ministerio de Trabajo destacó el reconocimiento que en su reciente visita a nuestro país realizó el director general de la OIT al modelo uruguayo de diálogo social, resaltando, precisamente, la calidad de sus intercambios y la autonomía de los actores involucrados.
En cuanto a los reclamos empresariales, Barretto indicó que nuestro país introdujo modificaciones a la ley 18.566, de Negociación Colectiva, del año 2009, mediante la ley 20.145 de 2023, “incorporando diversos planteos realizados por el sector empleador y dando respuesta a 5 de los 6 aspectos señalados en la queja presentada en 2009”.
Barretto reivindicó que en la actual ronda de Consejos de Salarios en el 83,95 % de los casos los acuerdos fueron tripartitos, demostrando su alto nivel de consenso y que el 40 % de las mesas no siguieron los lineamientos salariales sugeridos por el Poder Ejecutivo, lo que demuestra su independencia. Barretto resaltó también que en varios acuerdos se incorporaron cláusulas vinculadas a igualdad de género, cuidados, prevención de la violencia y el acoso, salud mental y mecanismos de prevención de conflictos.
Barretto reclamó que la negociación colectiva en Uruguay “debe analizarse a la luz de los resultados alcanzados en materia de protección de derechos, diálogo social y desarrollo democrático”.
Barretto reivindicó que “el principio de no regresión consagrado en la Constitución de la OIT respalda la preservación de los mecanismos nacionales que ofrecen mayores niveles de protección a las personas trabajadoras”.
El gobierno uruguayo también expresó su disposición a recibir asistencia técnica de la OIT en torno al tema en discusión.
La posición del gobierno uruguayo recibió un amplio respaldo de gobiernos tan diversos como Chile, Brasil, México, El Salvador, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Cuba, Ecuador, Paraguay, Barbados, Argentina, Perú, Costa Rica, España y China. También de numerosas delegaciones de trabajadores del mundo entero.
La queja empresarial, no obstante, fue respaldada por otros gobiernos y por la internacional de Cámaras Empresariales del mundo, con una clara defensa de su interés de clase.
La palabra de las y los trabajadores
José Olivera y Carolina Spilman, del Secretariado del PIT-CNT, integraron la delegación por el sector de las y los trabajadores. Ambos intervinieron en defensa de la negociación colectiva y rechazando la queja patronal.
Olivera que habló ante la Comisión que consideraba el tema, indicó que “desde 1943 la negociación colectiva en Uruguay se desarrolló al amparo de la ley de Consejos de Salarios 10.449, que consolidó ámbitos de negociación donde no solo se fijaron salarios, sino también condiciones de trabajo y reglas de relacionamiento laboral. Durante más de 80 años, salvo períodos de interrupción como la dictadura civil y militar y la larga década neoliberal de los 90, el sistema uruguayo fomentó la negociación colectiva a través de Consejos de Salarios”.
El dirigente sindical destacó que “la experiencia del período 1992-2004, cuando no se convocó a la negociación tripartita, mostró con claridad la relevancia del sistema: en nombre de la libertad, se produjo un declive de la actividad sindical y de la negociación colectiva, aumentó la informalidad y se deterioraron el empleo y el salario real”.
“Nos resulta inadmisible que en este ámbito desde hace 17 años dicho sistema viene siendo cuestionado y sometido a exámenes. En los últimos años, la legislación cuestionada -principalmente las leyes 18.566 y 10.449- fue objeto de diversas modificaciones orientadas a atender los planteos de las organizaciones querellantes, muchas veces sin nuestro acuerdo”.
“El artículo 12 establece que el Consejo de Salarios puede fijar condiciones de trabajo cuando estas hayan sido acordadas por delegados de empleadores y trabajadores. En Uruguay, ninguna condición de trabajo puede ser establecida sin el acuerdo de trabajadores y empleadores, en absoluta consonancia con lo dispuesto por el artículo 4ª del convenio número 98”, indicó.
Olivera, definió con claridad el fondo del asunto en discusión “Estamos aquí por un ejercicio de sutileza, pero lo que está en juego no es una discusión técnica ni jurídica aislada. Lo que está en disputa es si Uruguay seguirá siendo un país donde el trabajo organizado tenga voz, derechos y poder de negociación, o si se abrirá paso una lógica regresiva en la que prevalezca, sin contrapesos, la voluntad del capital”.
Spilman, que se dirigió al pleno de la Conferencia Internacional del Trabajo, también se refirió al tema durante su intervención y señaló: “Desde Uruguay venimos con una experiencia concreta. Este año nuestro movimiento sindical cumple 60 años de unidad. Son seis décadas de organización, defensa de derechos y construcción democrática. Hoy nos preocupa que algunos sectores empresariales cuestionen internacionalmente la negociación colectiva en nuestro país. Una herramienta que ha permitido mejorar salarios, ampliar derechos y fortalecer el diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado”.
“Resulta difícil hablar de diálogo social mientras se intentan debilitar los instrumentos que lo hacen posible. La negociación colectiva no es un problema para la democracia. Es imprescindible para la democracia”, dijo Spilman.
