Diferentes organizaciones de familiares de las víctimas de la represión en las décadas de 1980,1990 y 2000, se manifestaron frente al Palacio de Justicia en Lima, “para reivindicar la memoria de sus seres queridos y expresar su rechazo al regreso del Fujimorismo al poder ejecutivo”.
Según consignó TeleSur, las organizaciones convocantes, “realizaron un acto simbólico en la Alameda Paseo de los Héroes con fotos de los familiares victimados, velas y pancartas”.
Dichas organizaciones, añade el medio de prensa, denuncian a la cúpula fujimorista y mandos militares y policiales, los que ya fueran “condenados por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y esterilizaciones forzadas”.
En declaraciones al medio, Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Familiares Víctimas de las Masacres de los Años 2022 y 2023, afirmó “que la llegada de Keiko Fujimori representa un retroceso para la justicia en el país” y que la organización que dirige desconocerá su autoridad.
“Es muy lamentable”, subrayó, “que la señora Keiko Fujimori, de manera fraudulenta e ilegítima, haya tomado el poder”.
De acuerdo a Samillán, los miembros de la organización que preside son “víctimas del gobierno de la señora Dina Boluarte y de la señora Keiko Fujimori”, y por ello “no la vamos a reconocer”.
“Nosotros no vamos a permitir que esa señora pise tierras donde lamentablemente la sangre de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, está aún derramada”, reiteró.
Para los convocantes el llamado a la reconciliación anunciado por Keiko Fujimori, no puede ser posible sin que antes sean derogadas las llamadas “leyes pro-crimen”, que brindan inmunidad y aseguran la impunidad de los responsables de los abusos cometidos.
Dichas leyes, se recuerda, fueron aprobadas por la bancada de Fuerza Popular de Keiko Fujimori y uno de sus efectos es que impiden el acceso a la justicia.
“Lo primero que tendría que hacer esta señora Fujimori es, justamente, derogar todas esas leyes pro-crimen que han sido legisladas y aprobadas por su Partido de Fuerza Popular”, declaró Samillán.
En sus declaraciones, el dirigente recordó que durante los gobiernos de Alberto Fujimori, Dina Boluarte y José Jerí “hubo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas”, hechos estos que derivaron en la condena internacional a la cúpula fujimorista por sus graves violaciones a los derechos humanos.
“No va a haber una reconciliación mientras la sangre de nuestros hijos y seres queridos siga derramada y mientras no se deroguen, justamente, estas leyes pro crimen que han sido aprobadas por su partido político y lo cual está perjudicando las investigaciones”, sentenció Samillán que aseguró que las organizaciones de derechos humanos, asociaciones de familiares y colectivos sociales “mantendrán la movilización como un derecho constitucional e internacional frente a lo que consideran un gobierno autoritario e ilegítimo”.
