Por Bruno Giometti (*)
Con plazo al próximo 30 de junio, tal cual lo establece la Constitución de la República, el Poder Ejecutivo debe presentar al Parlamento la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2025.
La Rendición de Cuentas implica varios asuntos, todos ellos importantes. En primer término, es la instancia en que el Poder Ejecutivo actualiza las proyecciones macroeconómicas establecidas en la exposición de motivos del Presupuesto Nacional. En segundo término, se hace un balance económico-político de lo actuado en el primer año de gobierno. En tercer lugar, se abre la posibilidad de generar ajustes en los gastos e inversiones públicas, modificando las asignaciones establecidas en el marco general del quinquenio que es el Presupuesto Nacional. Finalmente, la rendición de cuentas es también una ley por lo cual pueden incluirse modificaciones normativas a diferentes aspectos de funcionamiento del Estado, incluso no relacionados con temas económicos, como suele ocurrir también en la propia Ley de Presupuesto.
La presente Rendición de Cuentas tiene especial relevancia, por tratarse de la primera de la actual administración donde se hace un balance de lo actuado por el propio gobierno, más allá de que en el año 2025 se trabajó en base al presupuesto del gobierno anterior. También porque es una oportunidad de ajustar políticas, gastos e inversiones con más de tres años de gobierno todavía por delante.
El contexto internacional es extremadamente complejo y tiene fuerte impacto sobre las economías, lo que ha llevado en el caso de nuestro país a ajustar a la baja las perspectivas de crecimiento económico. Mientras que en el Presupuesto Nacional se estimaba para el año 2026 un crecimiento de 2,2% del PBI, dicha proyección se redujo a 1,6% según fue anunciado por el equipo económico.
Sin desmedro de lo anterior, los datos recientes muestran un desempeño moderadamente positivo en variables importantes de la economía uruguaya: crecimiento del Producto Bruto Interno en el primer trimestre de 2026 así como continuidad en la creación de empleo formal, expansión moderada del salario real y un déficit fiscal dentro de un rango manejable.
Persisten problemas estructurales de calidad del trabajo, niveles de ingresos y desigualdad, que tienen su base en las características de nuestra inserción internacional y la matriz productiva. No estamos en una economía que “se cae a pedazos” como viene queriendo instalar algún sector de la derecha. El discurso catastrofista en este momento histórico solo contribuye a ambientar un ajuste regresivo sobre el rol social del Estado y sobre los salarios de la gente. Hay que analizar con rigurosidad la realidad, asumir los problemas y llevar adelante las medidas necesarias para cambiar la realidad, con centro en una perspectiva de desarrollo nacional y en las necesidades de las grandes mayorías.
Anuncios hacia la Rendición de Cuentas
De los anuncios realizados por el Poder Ejecutivo, un primer elemento que corresponde mencionar, es que se preservarán los incrementos votados en la Ley de Presupuesto para el año 2027 y siguientes. De acuerdo a lo resuelto en el Presupuesto, el aumento total de gasto e inversión social fueron 140 millones de dólares en 2026 respecto a 2025 y dichas asignaciones iban aumentando hasta 240 millones de incremento en 2029. Concretamente en 2027 el Presupuesto se ubica unos 50 millones de dólares por encima del año anterior y 190 millones por encima del año 2025, de lo cual la mayor parte va destinado a infancia y educación. De acuerdo a lo que fue anunciado, esos incrementos se mantendrían en esta rendición de cuentas, pese al empeoramiento del contexto internacional y la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento económico.
Cabe mencionar que estos incrementos presupuestales votados para 2026, 2027, 2028 y 2029, aún siendo notoriamente insuficientes para el magnitud de los grandes temas nacionales a resolver, fueron posibles gracias a los cambios tributarios aprobados, que permitieron un aumento de la recaudación bajo la lógica de que pague más el que tiene más. En particular el Impuesto Mínimo Global a las empresas transnacionales que facturan más de 750 millones de euros y el cambio en el Impuesto a la Renta para que capture las ganancias de capital de las inversiones financieras e inmobiliarias en el exterior. Sin esas medidas votadas el año pasado, se imponía un ajuste general regresivo, que es lo que hubiera realizado un gobierno de derecha.
Respecto a las prioridades políticas para esta rendición de cuentas, desde el Poder Ejecutivo se plantea que serán cuatro: infancia, situación de calle, seguridad y empleo. Conceptualmente parece razonable este conjunto de prioridades. Las infancias vulnerables son la máxima prioridad en términos de urgencia, justicia social y el desarrollo futuro del país. Las personas en situación de calle marcan el mayor nivel de exclusión de una parte de nuestra sociedad, que por ende también requiere un mayor nivel de priorización y recursos. La seguridad pública en sentido amplio es un problema enorme y creciente. El trabajo de calidad es absolutamente central para construir dignidad y buena vida. Sin desmedro de lo anterior, resulta complejo que la educación pública no forme parte de este primer nivel de prioridades, más allá de que se ha anunciado que habría posibilidad de ubicar algunos recursos más para educación dentro de los márgenes fiscales existentes y también partiendo de la base de que en el Presupuesto Quinquenal hay incrementos votados para educación. Es importante dar señales que nos vayan acercando al 6% + 1% del PBI para la educación.
Respecto a la infancia, nos parece importante destacar y valorar positivamente el anuncio de que se destinarán unos 35 millones de dólares en 2027 como adicionales a lo ya votado en el Presupuesto Quinquenal, para un tema de máxima prioridad y sensibilidad en nuestro país. Además es relevante el gesto político de ya comenzar a cumplir con los acuerdos alcanzados en el diálogo por la protección y la seguridad social.
Por su parte, hace bien el gobierno en tratar de ubicar gastos superfluos, duplicados o innecesarios, existentes en el Estado, de manera de trasponer esos fondos para reforzar áreas prioritarias. Lo que visualizamos que puede ocurrir es que este mecanismo sea insuficiente, para la magnitud de las necesidades existentes en materia de atacar el problema de la pobreza infantil, reforzar el presupuesto de la educación pública y otros aspectos que requieren mayores recursos. Lo que nos conduce al siguiente apartado.
Algunas discusiones de fondo, para hoy y para mañana
Compartimos que el déficit fiscal es una variable que no puede desconocerse, porque si se acepta más déficit eso implica más deuda y a futuro mayores pagos de intereses. Es necesario continuar con la discusión por incrementar los ingresos del Estado para poder destinar a la reducción de la pobreza infantil y otras prioridades nacionales. Esto nos lleva por ejemplo a la propuesta formulada por el PIT-CNT sobre gravar con una tasa de 1% al patrimonio del 1% más rico de la población. Con una medida de este tipo se podrían garantizar los recursos para llevar adelante políticas de reducción de la pobreza infantil mucho más contundentes de lo que se viene haciendo o de lo que se proyecta por el gobierno para esta rendición de cuentas. También hay otros debates, como el planteo de revisar las exoneraciones fiscales al gran capital que no se justifican, por tratarse de sectores con alta rentabilidad y escaso aporte al desarrollo productivo nacional. O la necesidad de revisar algunas pasividades de privilegio que siguen existiendo en nuestro país, para evitar que el llamado déficit de la caja militar se lleve 500 millones de dólares por año, donde una parte significativa de ese déficit se explica por algunos pocos miles de pasividades cuyo valor está por encima de los $200.000 mensuales. Estos lineamientos fueron desarrollados en el artículo “Desafíos y alternativas hacia la Rendición de Cuentas” que salió en la edición de EL POPULAR del 11 de abril del corriente año.
En última instancia, el nudo principal está en cómo podemos encontrar los recursos para llevar adelante las políticas económicas y sociales planteadas en las Bases Programáticas del Frente Amplio, para cambiar la realidad de las grandes mayorías nacionales. Trabajemos para que la Rendición de Cuentas sea un mojón que nos permita avanzar en este sentido.
(*) Economista. Diputado por el Espacio 1001 – Frente Amplio.
