A iniciativa del SUNCA (sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la construcción) y en colaboración con la Cámara de la Construcción, la Universidad de la República realizó un primer diagnóstico sobre salud mental en el sector con el objetivo de construir herramientas que colaboren en el acceso y el entendimiento de los factores que inciden en esta problemática.
El licenciado, magíster y docente de la Universidad de la República Nicolás Rodríguez, en entrevista con EL POPULAR informó sobre los resultados y los próximos pasos del proceso de investigación.
En el marco de la ronda de consejos de salarios del 2023 el SUNCA planteó la necesidad de construir un Fondo específico vinculado a los temas de salud mental.
Rodríguez informó que se estiman que trabajan entre 50 y 55 mil personas en el sector que globalmente, según datos de Uruguay XXI, se estiman unas 120 mil personas.
“Es re interesante que a la Universidad la venga a buscar un sindicato, con estas características y ante un tema que es de sensibilidad pública hoy, no les podíamos decir que no, pero lo que les dijimos es que primero necesitábamos hacer un diagnóstico para saber cuál es la situación, al menos algo aproximativo, pero que nos permita identificar cuáles son los grandes problemas de la industria y las personas trabajadoras y sus familias y a partir de eso ayudarles a diseñar ese programa que ellos querían”, señaló.
Proceso de estudio
El proceso de investigación implicó, en primer lugar, un relevamiento a nivel internacional, de lo publicado sobre la temática. “Nos llevamos la sorpresa de que hay mucho publicado sobre el tema, hay estudios, por ejemplo, en la Universidad de Cambridge, de la Facultad de Medicina de Harvard, de algunas universidades españolas que ya compilan y analizan trabajos. “Eso indica que es un problema a nivel internacional que genera mucho impacto en la vida de las personas y también económicamente en el sector”, señaló.
En segundo lugar, se relevó información nacional. En este caso no había mucha información disponible por lo que se optó por hacer una encuesta nacional con el mismo modelo que utiliza el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la Encuesta Continua de Hogares. “No nos dio el tiempo para integrar a las familias que era el propósito inicial, porque esperábamos tener mayor información de calidad del Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que no tuvimos, así que lanzamos esta encuesta y después entrevistamos a referentes del sector”, dijo al respecto.
Resultados obtenidos
“Estamos ante algunas situaciones que se les conocen como riesgos psicosociales. En materia de salud mental hay determinados elementos que pueden propiciar que una persona termine con un estrés laboral, un estado de ansiedad o depresivo, entre ellos, por ejemplo, las horas de trabajo. Esto está relevado a nivel internacional, que personas que trabajan más de doce horas por día o 60 horas a la semana en el ámbito de la construcción, tienen posibilidades de tener mayores niveles de ansiedad, depresión, lesiones, accidentes. En nuestro estudio se constató que un tercio de los trabajadores y trabajadoras trabajaban más de 44 horas que es lo que tienen acordado por convenio colectivo”, informó.
Otro elemento que surgió en este primer diagnóstico es que “un tercio de los trabajadores y trabajadoras se trasladan fuera de su lugar de residencia. Desde el mundo de los referentes sindicales nos plantean que es todo un tema estar lejos del hogar” y finalmente se constató un alto nivel de estrés laboral en personas jóvenes con cargos eventuales, menores de 29 años, y en cargos permanentes, mayores de 40 años, asociados a cargos de coordinación del trabajo, capataz, puntero, etc.
En lo que refiere al consumo problemático de sustancias, Rodríguez explicó que la encuesta se realizó en las propias obras, durante el horario laboral y que por tanto era complejo el relevamiento.
“El tema consumo nos quedó parcialmente relevado, le dimos una vuelta para preguntar por la familia, no preguntar directamente y ahí los números, para la percepción que hay del problema, que sabemos que es un tema extendido, tenemos que seguir profundizando”, aclaró.
Un elemento que surgió en este primer diagnóstico y que fue una novedad, teniendo en cuenta que es un sector que viene trabajando el tema, con campañas por el tema consumo, que tiene convenio con clínicas y atención psicológica subsidiada a través del Fondo Social de la Construcción, fue que cuando se preguntó a las personas trabajadoras si sabían si tenían a disposición algún servicio para la atención a la salud mental, no solo a nivel del sector, sino también en su prestador o a nivel particular, el 60% de las personas que se encuestó manifestó que no sabía.
En síntesis, señaló Rodríguez, “lo que tenemos hoy es una agenda, tenemos algunos temas que son estratégicos tanto para la industria a nivel empresarial y sindical, también para la Universidad y estamos ahora para avanzar en un nuevo convenio a dos años y crear un equipo un poco más consolidado”.
Y agregó que “se mezclan dos mundos, lo que son las políticas de salud y seguridad laboral, donde Uruguay es pionero y las políticas de salud mental que desarrolló el país, sobre todo a partir de la ley de Salud Mental del 2017. Hay que ver cómo hacemos que dialoguen para que no tomen caminos separados. La participación es algo que está previsto en la ley de Salud Mental y que viene con la idea de que nada de nosotros y nosotras sin nosotros. Se lo planteamos al sindicato y a las cámaras que, además de ellos que son actores claves del sector y representan a sus respectivos colectivos, también las personas usuarias tienen que entrar al proceso porque tienen un saber acumulado que nos va a permitir tomar decisiones. Por ejemplo, por qué llega una persona a una clínica y por qué, de todas las situaciones que hay llegaron tan pocas personas, por decirlo así. Ahí tenemos para aprender y ese es uno de los desafíos”.
La Universidad y la sociedad
Rodríguez destacó el necesario vínculo entre la universidad y la sociedad. “Tenemos un ex rector de nuestra UdelaR, Rodrigo Arocena, está jubilado, pero anda en la vuelta, que plantea la importancia de la democratización del conocimiento y en eso nosotros y nosotras, muchos de mi generación nos formamos. Él plantea, en un trabajo reciente, la importancia que colectivos organizados y que tienen una apuesta por los derechos y por democratizar la sociedad, dialoguen con la ciencia y la tecnología para potenciar sus agendas, en el sentido que él señala y yo comparto, de que en esta sociedad del conocimiento en la que vivimos, la teoría por sí sola no alcanza. Decir que hay desigualdad o hablar sobre la contradicción capital-trabajo, algunas cosas que son propias de cómo uno concibe la sociedad o la clave de derechos no alcanza, se tiene que disponer de conocimiento construido de manera rigurosa que permita tomar decisiones. Ahí se nos va la vida, a la Universidad se le va la vida en eso, porque la Universidad es un ente autónomo, que también queda sujeto a la sociedad y sus contradicciones y este tipo de agendas co-construidas con el movimiento sindical o cooperativo o jubilados etc, nos posibilita estar aportando conocimiento y formando personas”.
En este sentido subrayó que en este proyecto de investigación se formaron estudiantes, que en estos próximos años van a haber estudios de maestría y doctorado, y que eso permite formar personas que son las que o van a trabajar como profesionales en el sector o van a seguir investigando esta agenda que se va abriendo. “Eso es un no tangible y justo en este momento que estamos en la discusión del presupuesto nacional y que vienen magros recursos para la universidad, poner en valor este tipo de experiencia es fundamental, porque si no quién puede pagar accede y quién no puede pagar o tiene limitaciones queda para atrás en esta agenda de producción de conocimiento”, concluyó.
