La respuesta del PIT-CNT busca poner en perspectiva lo técnico, jerarquizar los fines sociales de la propuesta y sostener el debate tributario sobre bases conceptuales y empíricas sólidas.
Por Rodrigo Gorga (*)
El debate tributario condensa discusiones que exceden largamente lo técnico, porque en él se entrecruzan diagnósticos económicos, criterios de justicia distributiva y definiciones políticas que históricamente han servido para diferenciar proyectos de izquierda y de derecha, y por las que suelen ser recordados gobiernos, campañas y debates internos. Muchas veces, sin embargo, esas distinciones no se construyen con rigor analítico, sino a partir de síntesis simplificadas, moldeadas por relaciones de poder y climas de hegemonía. En nuestro país existen numerosos ejemplos de ello, entre los que se inscribe también la discusión tributaria de este año.
Luego de la presentación de la propuesta del PIT-CNT para modificar el impuesto al patrimonio en el Paraninfo, hace apenas unas semanas, el tema continuó ocupando un lugar central en la discusión pública y se convirtió en una pregunta recurrente en entrevistas a analistas y, en particular, a integrantes del Frente Amplio.
Que la discusión tributaria exceda lo técnico no implica, en ningún caso, que lo excluya. Más allá de que algunas de sus aristas económicas suelen aparecer sobredimensionadas en el debate público, se trata ante todo de una discusión sobre la distribución del poder y sobre los marcos discursivos a través de los cuales se piensa y se debate la desigualdad.
Para la derecha del espectro político, la discusión tributaria se lee fundamentalmente en clave de eficiencia económica y clima de negocios. Los impuestos aparecen como un costo que debe minimizarse para no afectar la inversión, la competitividad y el crecimiento. La desigualdad casi desaparece del diagnóstico y queda relegada al final de la cadena causal de la economía política: crecer primero para distribuir después. A esto se suma una desconfianza estructural en la capacidad del Estado para utilizar eficazmente los recursos que recauda, lo que refuerza la idea de que una mayor carga tributaria no sólo encarece la actividad económica, sino que además corre el riesgo de financiar políticas ineficientes, aun cuando se invoquen fines sociales legítimos.
Pero la discusión no se agota en la clásica oposición entre izquierda y derecha. También existen debates al interior de una fuerza como el Frente Amplio, que hoy se procesan en su orgánica. Desde una de esas perspectivas, el debate tributario se desplaza hacia la necesidad de estabilizar la trayectoria fiscal sin introducir nuevas iniciativas impositivas, con el objetivo de “despejar el debate tributario” y reducir incertidumbres, en particular luego de la aprobación de la Ley de Presupuesto, que ya incorporó medidas en una dirección progresiva. Se enfatiza que los efectos dinámicos —esto es, las reacciones del capital, de la inversión y de las decisiones de localización— no están claramente estimados, y que una medida de este tipo podría terminar debilitando la base económica sobre la que se apoya cualquier política redistributiva. Esta falta de certezas se atribuye, además, a la supuesta inexistencia de antecedentes internacionales y al elevado riesgo de movilidad de capitales.
Frente a estos argumentos, el PIT-CNT respondió que parte de las críticas se apoyan en premisas discutibles o directamente incorrectas. En ese marco, la central sindical, a través de un comunicado de la Comisión Consultiva que elaboró la propuesta, subraya que el debate tributario exige rigurosidad conceptual, evidencia empírica y responsabilidad política, y advierte que la reiteración de afirmaciones inexactas o descalificaciones genéricas no contribuye a una discusión democrática informada.
En primer lugar, cuestiona la afirmación de que se trate de un impuesto “inaplicable” o sin antecedentes, señalando que existen actualmente distintos diseños de impuestos al patrimonio y a los grandes activos en varios países —tanto desarrollados como de ingresos medios—, así como múltiples gravámenes parciales sobre activos específicos, lo que relativiza la idea de excepcionalidad.
La incertidumbre asociada a los cambios en la política tributaria suele medirse casi exclusivamente por su eventual efecto negativo sobre el clima de inversiones, sea lo que eso signifique. Sin embargo, se soslaya otra dimensión no menos relevante: la incertidumbre política y social que se produce cuando la respuesta estatal frente a una emergencia social persistente pierde credibilidad ante el riesgo de no contar con los recursos suficientes.
Finalmente, la central sindical subraya el carácter finalista de la propuesta: no se trata de un cambio tributario orientado a recaudar en abstracto, sino de generar recursos adicionales —hoy insuficientes— para enfrentar una emergencia social concreta, como la pobreza que afecta a la niñez y la adolescencia. En ese sentido, la iniciativa incorpora necesariamente una discusión más amplia sobre si las medidas actualmente previstas por el gobierno resultan suficientes para reducir la pobreza infantil. Si bien el presupuesto concentra allí sus mayores esfuerzos fiscales, persiste la incertidumbre sobre su alcance real, en la medida en que no existe evidencia clara de que esas medidas, tal como están diseñadas, impacten de forma determinante sobre ese indicador.
Cuando una propuesta tributaria es de carácter finalista, el eje del debate se desplaza. Ya no se trata únicamente de evaluar su impacto en términos de eficiencia económica, sino de discutir si los eventuales costos o distorsiones que pueda generar se encuentran justificados por el objetivo social que persigue y por la magnitud del problema que busca enfrentar.
En la misma línea, esta semana también se pronunció la Intersocial histórica, que nuclea a diversas organizaciones sociales, respaldando públicamente la iniciativa del PIT-CNT. En su comunicado, el énfasis se desplazó con claridad hacia la urgencia social del problema, señalando el carácter dramático de la pobreza infantil en Uruguay y subrayando la responsabilidad ética e histórica de la sociedad en su conjunto para enfrentarla sin dilaciones.
El debate difícilmente se clausure con el cierre de este año. Todo indica que continuará en 2026 y que, necesariamente, deberá interpelar al conjunto de la sociedad, no sólo a los actores políticos y técnicos. En ese proceso, la militancia deberá cumplir un papel preponderante, empujando con organización y argumentos el debate allí donde es necesario. Porque, al final, la moneda no tiene una sola cara: junto a las consideraciones técnicas y los costos económicos, están los costos sociales que impone la pobreza infantil y las consecuencias políticas de seguir postergando decisiones frente a una desigualdad que ya no admite espera.
(*) Economista.
