Expertos independientes de Naciones Unidas hicieron pública su alarma ante las violaciones que reciben los niños durante los procesos migratorios en Estados Unidos.
La alarma se lanza cuando ya ha pasado “casi un año después de que se pusiera fin a la financiación federal para la representación legal de menores no acompañados”, consignó el portal web de la organización internacional.
En la actualidad, se añade, “miles de niños siguen bajo custodia sin acceso a asesoría legal”, situación que “obliga a los menores a enfrentarse solos a complejos procedimientos migratorios” al tiempo que socava sus derechos fundamentales.
Los relatores especiales, designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas mantienen contacto con las autoridades estadounidenses en un intento de atender la situación y asegurar el cuidado de los mismos.
De acuerdo a los expertos y en virtud de la Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008, corresponde a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos el cuidado y la custodia de los niños no acompañados.
Esta ley “exige que el Departamento de Seguridad Nacional proteja a los niños contra el maltrato, la explotación y la trata de personas”, al tiempo que debe garantizar “que los niños no acompañados bajo custodia federal tengan acceso a asesoría legal”, no debiendo ser sometidos “a expulsión acelerada”, mediante una “deportación sin una audiencia judicial”.
A pesar de ello y siempre de acuerdo a los expertos, desde el pasado 18 de febrero de 2025, “el Departamento del Interior de Estados Unidos ordenó a los proveedores de servicios legales sin fines de lucro que suspendieran su trabajo y puso fin a la financiación de los abogados que representaban a niños no acompañados”.
La medida, que ha sido impugnada ante los tribunales, no ha impedido que muchos de los 26.000 niños afectados perdieran su asesoría legal y continúen en riesgo de expulsión forzada.
Los jóvenes migrantes, escriben los reportes, “están siendo retenidos en celdas sin ventanas, se les niega atención médica adecuada y son separados de sus padres o cuidadores durante largos períodos”.
Los informes indican que “se ha presionado a los menores para que acepten un pago en efectivo de 2500 dólares para “autodeportarse” o enfrenten detención indefinida y traslado a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) al cumplir los 18 años”.
