Un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) publicado en el diario El País de España reveló que “durante los 45 meses del régimen de excepción de Bukele, han fallecido al menos 470 personas bajo custodia estatal”.
De acuerdo al estudio, “el 94% de los fallecidos no pertenecían a pandillas” y entre los fallecidos se contabilizaron casos de “pastores evangélicos, sindicalistas, taxistas y cuatro menores de edad”.
El informe, realizado a lo largo de cuatro años, documentó “que el 31.8% de las muertes fueron violentas, y un porcentaje similar se debió a falta de atención médica”.
“La mayoría de los decesos (40.9%) ocurrieron en el penal de Izalco, un centro de acceso prohibido para la prensa local, a diferencia del mediático CECOT”, se lee en el documento de SJH.
El régimen de excepción, imperante en El Salvador, fue previsto solo por 30 días y sin embargo se ha extendido ya por 45 meses.
Su uso, denuncian organismos de derechos humanos, tiene como blancos privilegiados la persecución de voces críticas al gobierno de Bukele y sus política de seguridad y “mano dura”.
La persecución a críticos del sistema, revela el informe, provocó “que tanto SJH como Cristosal”, abandonaran el país en 2025 ante la ofensiva gubernamental.
Más allá de los datos documentados, la organización evalúa “que la cifra real de fallecidos en prisión podría ascender a 1,300, con cuerpos enterrados en fosas comunes sin notificar a las familias”, lo que contrasta ampliamente con la narrativa oficial promocionada internacionalmente por el gobierno de Nayib Bukele.
