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Amplitud y lucha

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En medio del fárrago de acontecimientos, que van desde la fuga de un narco, la “renuncia” de otro ministro por irregularidades y denuncias cruzadas y el anuncio de un TLC con China del que casi nada más que el título se sabe, es necesario ratificar, una y otra vez, los ejes de la situación política nacional.

Uruguay y nuestro pueblo están sufriendo la crisis económica y social provocada por el impacto de la pandemia del COVID 19 y la aplicación fanática de un ajuste neoliberal en medio de la pandemia. Con su gestión cotidiana, más los efectos de tres instrumentos fundamentales: la Ley de Urgente Consideración (LUC), la política salarial y el Presupuesto y sus Rendiciones de Cuentas; la coalición de derecha en el gobierno, expresión política del bloque de poder, está imponiendo a marchas forzadas la restauración conservadora, concentrando la riqueza y el poder. Uruguay es hoy, menos libre y más desigual, por lo tanto, menos democrático.
El bloque político y social, democrático y radical de los cambios, ha enfrentado esta ofensiva brutal del capital, de sus expresiones políticas y sociales, con unidad, organización y lucha. Hemos destacado las movilizaciones sociales y políticas a pesar de la pandemia, la solidaridad organizada en las ollas populares, la acción de los gobiernos departamentales y municipales y la lucha parlamentaria del Frente Amplio. Todas son de enorme valor, todas son necesarias.
Pero hay una iniciativa política que es la principal, el eslabón de la táctica de donde tirar para resolver a favor del pueblo las contradicciones planteadas, que por su carácter democrático tiene proyecciones estratégicas: la iniciativa de referéndum para derogar 135 artículos de la LUC.
Las 800 mil firmas juntadas contra viento y marea, rompiendo todos los pronósticos, cambiaron el escenario político y colocaron en ofensiva al movimiento popular. No hay que dejar que nos saquen de ese eje. Hay que reafirmarlo, en el discurso y en la práctica, todos los días.
Sin desmerecer, ni rebajar ninguna lucha, al contrario, sintetizándolas a todas. Por eso hace muy bien el PIT-CNT en colocar el referéndum y la campaña del Si como un centro del paro general del 15 de setiembre.
Vinculando directamente las reivindicaciones, trabajo, salario, defensa de ANTEL, ANCAP y del Puerto, negociación colectiva, con la derogación de los 135 artículos de la LUC, instrumento principal para recortar y golpear todo lo avanzado en cada uno de esos temas.
En este caso, con especial relevancia en la defensa del Instituto Nacional de Colonización, golpeado en la LUC con artículos que se proponen derogar con el referéndum y vuelto a golpear con la Rendición de Cuentas, para dejarlo sin recursos. En su defensa confluirán con los trabajadores, en el paro y la movilización, amplios sectores del trabajo y la producción de nuestro campo. El 15 de setiembre de 1815 el artiguismo planteó la primera y más profunda reforma agraria con el Reglamento de Tierras. Otro 15 de setiembre los sectores populares, a los que Artigas quiso beneficiar y las clases dominantes, ya entonces, hace 206 años, despojaron, se vuelven a juntar para defender esa perspectiva y darle carnadura en el presente.
Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, luego de una formidable movilización de las y los trabajadores de la industria, que llenó de clase obrera la Ciudad Vieja, decía que el paro del 15 de setiembre es “una acción general para defender todo el programa del movimiento obrero, porque la ofensiva del capital también es general”.
Algunos ejemplos de esto. Mónica Silva, presidenta de la Federación Rural, luego de una reunión con Luis Lacalle Pou, dijo que su organización empresarial, que insisten en vender, sin éxito alguno, como apolítica, va a defender la LUC. Silva fue sincera y gráfica: “Vamos a tomar partido por nosotros mismos”. Sincericidio de la productora ganadera salteña, expresión prístina de quienes asumen que “el campo” son ellas y ellos y nadie, nadie más. Por otra parte, tiene razón, la LUC, expresión concentrada del programa restaurador del gobierno, está hecha por los sectores empresariales privilegiados, es para beneficiar a los sectores empresariales privilegiados y para nadie más.
Una muestra más de ello, en estos días, como ya informara EL POPULAR, se conoció el último dato del Índice Medio de Salarios (IMS) que indica una pérdida de salario real, promedio, de alrededor del 4%, desde que Luis Lacalle Pou asumió la presidencia. Esto impacta directamente a la baja a las jubilaciones y pensiones que se ajustan, precisamente, por el IMS. Es decir, desde que asumió la presidencia Lacalle Pou, y gobierna la coalición de derecha, los salarios y jubilaciones han caído sostenidamente.
¿Cuál es la reacción del gobierno y de las y los empresarios? Qué sigan bajando. El Poder Ejecutivo presentó pautas salariales para esta ronda de Consejos de Salarios que implican una nueva caída de poder adquisitivo. Las Cámaras Empresariales fueron más lejos aún, a pesar de esta caída salarial, constatada y probada, a pesar de las pautas salariales de rebaja, plantearon que se pueda pagar el 70% del laudo para los nuevos empleos. Es decir, hablando claro, que las y los trabajadores que ingresen a trabajar cobren un 30% menos.
Todo esto bajo el manto de una gran mentira: Se hace para crear empleo. Es falso que con salarios más bajos haya más empleo, la historia reciente del Uruguay demuestra lo errado de este axioma neoliberal. También el presente lo demuestra, las cifras del empleo muestran que persisten las dificultades, que la “recuperación” es más lenta de lo previsto y eso a pesar de la mayor caída salarial desde la crisis de 2002. Lo único que se consigue con salarios más bajos es más ganancia patronal.
A esto le agregan la postura suicida de recortar inversión pública en medio de una brutal crisis económica y social y de la incertidumbre mundial por la duración y la posible salida a la pandemia. Lacalle Pou festeja el “ahorro” de 600 millones de dólares, mientras hay 100 mil pobres más, decenas de miles de compatriotas en el seguro de desempleo y decenas de miles enfrentando el hambre con la solidaridad organizada en las ollas populares. Por eso presenta una Rendición de Cuentas de recorte, con menos recursos en educación, salud, vivienda y políticas sociales. Una Rendición de Cuentas que le da un nuevo y brutal golpe a ANTEL y que busca terminar de desmantelar al Instituto Nacional de Colonización, dejándolo sin recursos para adquirir tierras.
Esta “supuesta” austeridad y ese “espíritu de ahorro”, se da de bruces con el aumento salarial especial para el presidente de la República y los “asesores” de las y los ministros, cargos de confianza política, que reciben incrementos de más del 100%.
Y también con el regalo de recursos públicos para sectores empresariales que integran el núcleo duro del bloque de poder de la restauración conservadora.
A pesar de la paliza argumental que se llevaron en la Cámara de Senadores, tanto en la Interpelación como en la discusión de la moción de censura contra el ministro Luis Alberto Heber, mantienen la entrega vergonzosa de un aspecto estratégico del Puerto de Montevideo, la terminal de contenedores, a la trasnacional belga Katoen Natie, por 60 años. Esto ha permitido que la empresa belga tenga una “capitalización” al aumentar su valor de mercado en mil millones de dólares. Pero además esta entrega vergonzosa de soberanía implicará una pérdida de dos mil millones de dólares para el Uruguay. Todo eso ante la “amenaza” de un juicio.
Y, como si fuera poco, el gobierno insiste en esa práctica de “ceder” a los chantajes empresariales y firma un acuerdo extrajudicial, otro más, esta vez con una empresa de televisión por abonados, Multiseñal, propiedad de Montecable, TCC y Nuevo Siglo, que a su vez son propiedad de los canales 4, 10 y 12. Por este acuerdo el Estado uruguayo les deberá pagar dos millones y medio de dólares por supuestos perjuicios. Esta empresa brinda servicio de cable por ondas y con antenas, amenazó con hacer un juicio por supuestas interferencias del despliegue de la tecnología celular 5G. Hubo informes jurídicos, de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria y Energía y de la URSEC, sosteniendo que era imposible que la empresa ganara un juicio porque no tenía razón. A pesar de eso, el gobierno, más precisamente Luis Lacalle Pou, decidió pagarle (regalarle) dos millones y medio de dólares. Amigos son los amigos.
Por todo ello es de enorme relevancia el paro general del 15 de setiembre, convocado con la consigna: “Con Artigas, por las grandes mayorías nacionales. “Que los más infelices sean los más privilegiados”; en defensa del trabajo y el salario; en defensa del Puerto y las Empresas Públicas; por el Si a la derogación de los 135 artículos de la LUC.
El paro va a ser un momento central porque se necesita “amplitud y lucha para recuperar la ofensiva”.

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