Por decreto presidencial, Guatemala se encuentra desde la pasada jornada en Estado de Sitio.
La medida fue anunciada por el presidente Bernardo Arévalo de León y abarca a todo el territorio nacional por un periodo de 30 días.
La decisión se adopta como “respuesta a una ola de violencia atribuida a pandillas que dejó al menos nueve personas fallecidas, incluidos ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y un presunto sicario”, informó la agencia teleSur.
Los ataques que se produjeron en varias zonas de la Ciudad de Guatemala, “fueron calificados por las autoridades como acciones terroristas coordinadas en represalia por los recientes operativos penitenciarios”.
Al referirse a dichas acciones, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, subrayó que “el Estado no se va a arrodillar ante estos delincuentes”.
“La escalada de violencia”, reportada en el país “se produjo tras los motines registrados el sábado en varias cárceles, especialmente en el centro penitenciario de máxima seguridad ‘Renovación I’, ubicado en Escuintla, a 50 kilómetros al sur de la capital”.
Tras los motines, las fuerzas de seguridad, en conjunto con el Ejército de Guatemala, retomaron “el control total de las prisiones”, liberando “a los agentes del Sistema Penitenciario que habían sido tomados como rehenes”.
Al dirigirse a la población, mediante cadena nacional, el presidente Arévalo de León subrayó que su gobierno “no permitirá que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”, y reafirmó que no se negociará “con criminales” ni serán toleradas “acciones terroristas”.
De acuerdo al mandatario la medida de Estado de Sitio, “no afectará la vida cotidiana ni la movilidad de la población, salvo la suspensión de la jornada educativa programada para este lunes”.
Estas expresiones de violencia denunció, están asociadas a “sectores que se benefician de la corrupción” con el propósito de “infundir terror ante la inminente renovación institucional prevista para mayo de 2026, que incluye el cambio de fiscal general y la renovación de la Corte de Constitucionalidad”.
Ante ello, reiteró Arévalo de León, el gobierno “no negociará con criminales ni toleraremos acciones terroristas”.
