El gobierno español anunció su decisión de prohibir a los menores de 16 años el acceso a redes sociales.
El anuncio, informó teleSur fue realizado por el presidente Pedro Sánchez, quien fundamentó la medida haciendo referencia “a la exposición peligrosa que enfrentan los menores a través de dichos medios”.
En dichas redes, aseguró Sánchez en referencia a Tik Tok, se “comparten materiales de pornografía infantil generadas por inteligencia artificial”.
Para el mandatario español “cualquier persona que tenga un adolescente en casa va a estar en acuerdo con esto”, para “proteger un entorno digital seguro a los menores”.
El plan gubernamental, añade el medio de prensa, “incluye la implementación de medidas gratuitas de protección, como un sistema efectivo de verificación de edad, un sistema de control parental y un sistema de búsqueda, cuantificación y trazabilidad para el rastreo y posterior penalización de contenidos ilegales, con el objetivo de hacer de estos medios un espacio saludable, a través de la obligación de sus fabricantes”.
El proyecto forma parte del trabajo conjunto entre el gobierno español y la fiscalía en pos de defender “la soberanía digital” del país.
Tanto España, como otros cinco países vecinos se han propuesto avanzar “para una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales, en la Coalición de los Dispuestos Digitales».
Además de criticar el uso de la desinformación y los ataques de odio que sufren los usuarios, Sánchez mencionó, explícitamente a “la herramienta de inteligencia artificial Grok por la generación de contenido sexual ilegal y a la red Instagram por acciones de espionaje y campañas de desinformación durante elecciones nacional y regionales”.
“Todos estos casos”, subrayó el mandatario, “son reales y recientes, y representan solo la punta del iceberg, un pequeño ejemplo de los múltiples delitos y abusos que tienen lugar cada día en las redes sociales”.
Además de esta medida, el país ya ha avanzado con otras cuatro iniciativas con las que se “pretende poner fin a la impunidad de los directivos de estas redes”.
Los directivos de las redes, recalcó Sánchez, “deben ser legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales” y por tanto, “deben enfrentar responsabilidades penales en caso de que no se retiren los contenidos ilegales y de odio”.
