La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió una declaración tras conocerse la decisión del Poder Ejecutivo de que la actual Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente se integrara a la estructura orgánica y funcional de la Secretaría de Derechos Humanos.
En su declaración la Asociación reitera que “lo que falta es la decisión política necesaria para avanzar efectivamente en materia de verdad”, quedando pendiente se emita “una orden clara y expresa del Presidente de la República a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que poseen y permitan conocer dónde están nuestros familiares detenidos desaparecidos”.
En ese sentido se enfatiza que “los pendientes históricos del Estado uruguayo no se resuelven mediante cambios de organigrama ni pueden eliminarse por decreto”.
“No son las nuevas estructuras administrativas las que, por sí solas, habilitan transformaciones sustantivas, sino la voluntad política —tantas veces ausente— capaz de materializar los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado. Esa es la voluntad que continuamos reclamando”, subraya la declaración que reconoce “las facultades del Poder Ejecutivo para establecer la estructura orgánica y funcional que considere adecuada para su gestión”, aunque advierte su alarma por haber conocido la noticia “a través de los medios de prensa”.
Se trata, agregan, de una modificación que, por su relevancia en la institucionalidad vinculada al pasado (…) afecta la forma en que el Estado aborda sus obligaciones en materia de verdad, justicia, memoria y reparación” y que la misma “no debería adoptarse sin un proceso previo de diálogo con las víctimas, sus familiares y las organizaciones que desde hace décadas trabajan en esta materia”.
Aunque no pretenden un pronunciamiento “sobre aspectos meramente administrativos”, la Asociación, reitera la preocupación por la decisión de dicha reorganización.
“La integración de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente dentro de una estructura de carácter general puede implicar la pérdida de su especificidad, autonomía operativa, jerarquía y capacidad para impulsar políticas públicas sostenidas frente a obligaciones estatales que permanecen”, señala el documento que agrega, “advertimos que se suprimen algunos cometidos” y se modifique “la formulación y el alcance de otros, lo que podría traducirse en una fragmentación, dilución o pérdida de competencias institucionales”.
Finalmente, la Asociación solicita “al Poder Ejecutivo que informe públicamente cuál será la estructura orgánica y funcional resultante; qué recursos presupuestales, técnicos y humanos serán asignados; cuál será la situación del funcionariado y de los equipos especializados; cómo se garantizará la continuidad de todas las líneas de trabajo; y qué mecanismos de participación y diálogo se establecerán con las víctimas, los familiares y las organizaciones de derechos humanos” y enfatiza que “la institucionalidad dedicada al pasado reciente no puede debilitarse, diluirse ni quedar sujeta a formulaciones ambiguas”.
“El Estado uruguayo debe fortalecerla y asegurar que cuente con la jerarquía, la autonomía, las capacidades y los recursos necesarios para avanzar efectivamente en verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición”, concluye expresando la declaración.
