La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), acompañada de numerosos organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos en Chile, expresó mediante una declaración conjunta su rechazo “ante la reciente aprobación en general por parte del Senado del proyecto de ley que busca otorgar conmutación de penas y beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes durante 52 años han mantenido un pacto de silencio respecto de la verdad de los abominables crímenes cometidos y han reivindicado permanentemente el golpe civil-militar, y considerando que las familias aún desconocen el paradero de sus seres queridos, entre ellos 1.092 detenidos desaparecidos y 377 ejecutados políticos cuyos cuerpos no han sido entregados”.
Ante ello las organizaciones declaran:
“Esta iniciativa constituye una estrategia de impunidad procesal impulsada por sectores de la derecha política, particularmente de RN, la UDI y la ultraderecha, que hoy pretenden relativizar el horror y el terrorismo de Estado. Bajo los pretextos de la “avanzada edad” y las “enfermedades crónicas”, se busca que asesinos, torturadores y violadores de Derechos Humanos, responsables de algunos de los crímenes más atroces cometidos durante la dictadura civil-militar, abandonen los recintos penales para cumplir sus condenas en la comodidad de sus hogares”.
“Resulta”, se enfatiza, “una aberración pretender que dolencias propias de la vejez, como la hipertensión o la diabetes, se transformen en justificación para que genocidas y otros criminales eludan la acción de la justicia y la efectividad de las condenas impuestas por los tribunales”.
Para dichas orgnizaciones, “este proyecto vulnera el ordenamiento jurídico internacional y las obligaciones que el Estado de Chile ha contraído. Tanto el Estatuto de Roma como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen con claridad que los beneficios carcelarios desproporcionados para criminales de lesa humanidad son inadmisibles, pues vacían de contenido las sentencias y constituyen una forma de denegación de justicia. Un Estado que debilita el cumplimiento efectivo de las penas incurre en un grave retroceso democrático y traiciona su compromiso con la verdad”.
“A más de cinco décadas de los hechos”, reafirma la declaración conjunta, “las familias seguimos luchando incansablemente por la justicia que nos ha sido negada. Los criminales a quienes se intenta beneficiar no han mostrado arrepentimiento alguno ni han entregado información que permita dar con el paradero de nuestros familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Otorgarles la libertad implica someter nuevamente a las víctimas a una revictimización permanente y prolongar un duelo que el Estado tiene el deber de reparar”.
“Finalmente”, destacan, “manifestamos nuestro rechazo categórico a los impulsores de este tipo de proyectos, representados por figuras como el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, cuyas iniciativas colisionan frontalmente con los estándares internacionales de Derechos Humanos. La promoción de la impunidad inhabilita ética y políticamente cualquier pretensión del señor Chahuán de representar a nuestro país en el extranjero, considerando que se evalúa su eventual designación como futuro embajador en México” y exigen “a los parlamentarios que, por ética y responsabilidad democrática, rechacen este proyecto. La memoria de nuestras y nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados políticos exige una justicia que no se doblegue ante intereses políticos particulares y que reafirme que el “Nunca Más” constituye la base ética y moral de nuestra sociedad”.
