Por Pablo Da Rocha (*)
El Proyecto de Rendición de Cuentas (RC) correspondiente al año 2020 hace más de un mes que ingresó al parlamento para su discusión. El Frente Amplio (FA) ya adelantó que no votará el documento en general, aludiendo diferencias “muy sustantivas.
La Ley de Presupuesto Nacional es el principal instrumento de política económica y social de un gobierno, pues refiere a cómo se (re)distribuyen los recursos para lograr el bienestar social. En nuestro país el Presupuesto Nacional es quinquenal y está estructurado (o debería estarlo…) en base a “Programas”. Esto supone que debe existir una serie de actividades programadas en función de metas y objetivos concretos, con una unidad responsable de la ejecución y una medición de costo de esas actividades.
En esencia una RC es una especie de evaluación y monitoreo de lo actuado. No obstante, así como permite la valoración económica y política de lo ejecutado respecto a lo planificado, tiene la enorme virtud, de permitir -en el marco del debate parlamentario- correcciones en caso de registrarse desviaciones, o en función de cambios en los supuestos en los que se construye.
El Proyecto de RC supone ser la política económica del gobierno y la Exposición de Motivos, su intento de fundamentación (economía política). Es desde ese lugar que hay que analizar la RC, tanto sus apoyos como la posición contraria de la oposición.
En primer lugar, porque esta RC no constituye un programa ya que goza de total ausencia de hoja de ruta. No existe un plan de reactivación económica postpandemia. En segundo lugar, porque no pone el eje en la gente; los objetivos que se persiguen no son sociales sino económicos. El gobierno insiste -y se jacta- en haber logrado “ahorrar” en plena pandemia y crisis económica. De haber logrado las metas fiscales (e inflacionarias) que se propusieron, aún en perjuicio de más de 100 mil nuevos pobres, del aumento del desempleo o del recorte de salarios.
Este proyecto de RC representa una caída en términos reales -a valores de 2020- de 2% respecto a 2019. Es decir, una caída en la asignación de recursos (en todos los organismos) con una menor capacidad de compra respecto a la que se tenía en 2019. Lo cual expresa con claridad la orientación política del gobierno, pero también la falta de sensibilidad en plena crisis sanitaria.
Hace pocos días se llevó a cabo en el local del PIT-CNT una actividad organizada por los sindicatos públicos que analizó críticamente el Proyecto de RC presentado por el gobierno, alertó sobre las consecuencias de su aplicación, y agregó un elemento ineludible para su estudio: la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Oportunamente, señalamos que el Presupuesto Nacional (por ende, el Proyecto de RC presentado y en debate) se constituye como el “brazo ejecutor” de la LUC. ¿Qué implicancias tiene esto?
En primer término, que no cumple con su rol social, pues no pretende ser un instrumento de política económica y social sino vehiculizar la LUC. Una LUC cuestionada y en suspenso, en la medida de haberse alcanzado las firmas necesarias para promover un recurso de referéndum para derogar 135 de sus artículos. No obstante, los principios orientadores de la LUC sustentan y fundamentan el Presupuesto y la RC, es decir, su carácter punitivo, mercantilizador y concentrador, son los que estructuran los programas o medidas presentadas; promoviendo desde el vamos, el achicamiento del Estado.
En segundo término, ese “achicamiento” del Estado se expresa también en el recorte de los Gastos de Funcionamiento y el congelamiento de la Inversión Pública; pero especialmente, a través de impedir el ingreso a la función pública y en la precarización permanente de los vínculos laborales con el Estado. Por si fuera poco, el “ahorro” del que se vanaglorian se explica, en buena medida, por la pérdida de poder de compra de los salarios públicos; las y los trabajadores públicos desde el 1° enero y hasta fin de año experimentarán caída del salario real.
La Ley de Presupuesto Nacional da cuenta, en su artículo 4, de los lineamientos salariales para los trabajadores públicos, que prevén caída de salario real bajo un condicionamiento y eventual promesa de recuperar lo perdido al final del quinquenio. Se esperaba en esta RC un cronograma de recuperación para los próximos años que al final no fue incluido.
A pesar de no dar respuestas a los planteos de recuperación de los salarios se habilita aumentos para cargos de confianza (artículo 7): los Directores Generales de Secretaría pueden designar como adscripto a un funcionario, lo cual implica un aumento salarial en algunos casos del 100% (pasando a percibir 171.960 pesos).
El proyecto de RC flexibiliza los vínculos laborales, elimina garantías para la regularización de cargos; esta RC también “configura” una nueva causal de destitución: estar enfermo. En efecto, se expresa la posibilidad de declarar personal excedentario a un trabajador que se enferma y se ratifica por una Junta Médica, con el riesgo eventual de ser considerado como “inepto”, una de las tres causales para la destitución de un funcionario público. Asimismo, se busca una equiparación en el régimen de licencias médicas con la actividad privada, que en los hechos supone “pérdida de beneficios”, más allá de la inconveniencia de la comparación entre de dos marcos jurídicos que persiguen fines y cometidos distintos.
En la actividad realizada por los sindicatos públicos se remarcó nuevamente el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Público (Ley 18.508), que establece que estos temas deben ser planteados en el ámbito previsto para su negociación.
La Asociación de Funcionarios de Poder Judicial reclamó más presupuesto. Su inciso respecto a 2019 se redujo en términos reales más de 10%, lo que deja de manifiesto que la Justicia no es prioridad, aún en el marco de la LUC.
La Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE) expresó también su preocupación por la falta de diálogo y respuesta a los distintos planteos que oportunamente se han formulado como preocupación que tienen los trabajadores en el marco de la mercantilización de los servicios públicos a riesgo de ser privatizados, que lleva progresivamente a el empeoramiento de la calidad de los servicios por falta de recursos o de perspectiva. Denunciaron que se busca precarizar los servicios para su desmantelamiento, vehiculizándolo por la vía de la búsqueda de rentabilidad económica, desconociendo sus fines y cometidos sociales. Esta RC incluye artículos que afectan directamente a las empresas públicas, que evidencian su vínculo con la LUC; se ve comprometido el futuro de ANTEL a través de los artículos 153 y 154 que prevén la conformación de un Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT) con dineros públicos, promoviendo inversiones públicas para construir infraestructura que aprovecharían las empresas privadas.
En lo que hace al desfinanciamiento al Instituto Nacional de Colonización (INC), este se expresó primero en la Ley de Presupuesto Nacional y ahora se profundiza en este Proyecto de RC. En el artículo 209 se pretende privar al INC de la totalidad de lo recaudado por dos de sus fuentes de ingreso: el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales Rurales (TTP) y el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (IRIC), que alcanzan 30 millones de dólares. De este modo, queda comprometida su función productiva y social sustentable y no asistencialista.
Este gobierno, primero con la LUC, luego con la Ley de Presupuesto Nacional y ahora con este proyecto de RC busca instalar sus principios rectores de conducción política de claro sesgo neoliberal. Promueve la mercantilización de los servicios públicos, la concentración del ingreso y la riqueza al seleccionar “ganadores y perdedores” y beneficiar a los “malla oro”. Lo hace a través del achicamiento del Estado, el deterioro progresivo de sus servicios e instalando un relato falso de un derrame que no hay evidencia que lo respalde, forzando al sector público a ser la palanca para promover la actividad privada; cuando en el mundo, en el marco de la pandemia, se fortalece el rol del Estado como gestor de la política pública hacia el desarrollo.
Lo esperanzador fue alcanzar las firmas necesarias para impulsar un recurso de derogación para buena parte de la LUC. Asestar un duro golpe a un plan de gobierno “herrerista” contrabandeado de urgencia, de inspiración neoliberal pero que se ha chocado de bruces con un pueblo organizado y dispuesto a pelear, porque está a la talla. Nuestro pueblo entiende bien que el crecimiento no es desarrollo, y que para desarrollarse hace falta un Estado activo, políticas públicas orientadas a ser el timón para los cambios. Se trata de articular la actividad privada y la pública. No todo vale.
(*) Economista del Instituto Cuesta Duarte y de “Valor!!”.
