Por Pablo Da Rocha (*)
La semana pasada, fueron presentados los lineamientos salariales para la 9ª Ronda de los Consejos de Salarios. Se esperaban estas “pautas” con mucha preocupación ya que con más de una centena de convenios colectivos que vencieron el 30 de junio, luego de un durísimo año en el que el poder de compra de las remuneraciones cayó 4,3%; se aspiraba a iniciar el proceso de recuperación tal cual había sido anunciado en la ronda anterior.
Para sorpresa de los presentes en el Consejo Superior Tripartito –donde fueron presentados los lineamientos- nadie alcanzará la totalidad de la recuperación, y, lo que es peor aún, algunos ni siquiera podrán iniciarla y tendrán aún que esperar para más adelante. Es decir, el Poder Ejecutivo incumple lo acordado en la ronda anterior.
Así pues –en función de lo presentado y que la semana que viene profundizaremos- no solo no se asegura el mantenimiento del salario real, sino que tampoco la recuperación, puesto que aún en el mejor de los escenarios posibles no se alcanzaría el 100% de lo perdido. Incluso, como se dijo anteriormente, habrá sectores de actividad que no sólo no iniciaran el proceso de recuperación, sino que probablemente acumulen una pérdida mayor (por ejemplo, el sector gastronómico o aquellos vinculados a la cultura y esparcimiento).
Asimismo, a unas horas del vencimiento del plazo constitucional, el gobierno presentó el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal (RC) correspondiente al ejercicio de su primer año de gestión.
El Proyecto ingresó por Cámara de Diputados, que tendrá 45 días para su discusión, el mismo plazo tendrá luego el Senado; en la medida que no existan modificaciones al original a principios de octubre estaría siendo aprobado o rechazado. Un dato adicional es que no se podrán enviar “mensajes complementarios o sustitutivos” que alteren las asignaciones originales, pues son exclusivos del Proyecto de Presupuesto Nacional.
Recordemos que el Presupuesto Nacional es el instrumento de política económica y social más importante de un gobierno. Contrario a lo que muchos piensan, el objetivo más importante de un Presupuesto es social puesto que es la manera en cómo se distribuyen los recursos, orientados a satisfacer las necesidades comunes, es decir, para financiar las políticas públicas. La RC es un mecanismo para evaluar lo realizado, que permite reasignar o redistribuir en caso de ser necesario.
La RC no es otra cosa que eso, una expresión contable de lo realizado, pero que entre líneas admite la interpretación causal necesaria de la realidad que se pretende transformar.
Hay que analizar los más de 300 artículos de la RC, pero antes es importante brindar un análisis general del Proyecto. Resulta indudable, y absolutamente relevante, que el 2020 estuvo profundamente signado por la llegada de la pandemia a nuestro país; y esto se ve más que expresado en el proyecto presentado, diríamos que hasta lo justifica. Esto nos interpela a varios niveles, pero uno más que significativo para nuestro estudio es cuánto influyó sobre el Presupuesto Nacional y consecuentemente sobre la RC. A nuestro entender impactó a nivel objetivo, en lo concreto y material; pero también a nivel subjetivo, es decir, operó políticamente como alienante, o sea, alterando el foco real de la discusión.
En ese sentido, el Presupuesto Nacional estuvo fuertemente basado en una idea central, de inspiración neoliberal, que es la mercantilización de la política pública, priorizar lo económico por encima de lo social, bajo una idea torpe y falaz de creer que puede existir “derrame”. Se preocuparon más en reducir el déficit fiscal que en mantener el bienestar social. Una suerte de “fetichización”, de sobrevaloración del fenómeno, de manera tal de ocultar los verdaderos problemas. Esto de ningún modo subestima la importancia y consecuencias de la llegada de la pandemia a nuestro país, sino que intenta “juzgar” la gestión de esta.
El Proyecto de RC da cuenta de un intento de “relato” en el que el gobierno vio resentida su capacidad de llevar a cabo políticas, truncados sus proyectos, en la medida que se focalizó en el combate al COVID. Sin embargo, alude en varias ocasiones a la LUC como rectora de las políticas. Un relato que desde el gobierno se pretende instaurar en base a un fuerte ajuste y una forma descarada de mentir.
En la Exposición de Motivos que acompaña este Proyecto de Rendición de Cuentas -una suerte de fundamentación técnica y política- se dice textualmente: “cumpliendo con el compromiso de no aumentar impuestos”, cuando desde marzo del año pasado, ha caído el ingreso en términos reales a través de dos mecanismos: (1) la reducción de la exoneración del IVA a través de medios de pago electrónicos (obviamente, es un aumento indirecto de impuestos), aumento de las tarifas en varias ocasiones por encima del IPC (otro aumento de impuesto); y (2) reducción de la capacidad de compra por la vía de ajustes salariales por debajo del IPC general (caída del salario real).
Además, en esta RC se esperaba una respuesta a la caída de las remuneraciones, en este caso, de los trabajadores públicos. Lo dispuesto en el artículo 4 del Presupuesto, supuso la pérdida de salario real en la misma magnitud que el aumento de precios que se constate en el año 2021, se estima rondará el 7%, pero también auspiciaba la recuperación a partir de 2022. Pues no hay ninguna referencia al asunto, de modo, que no hay indicios de recuperación salarial.
Otros temas a destacar, sin perjuicio de análisis posteriores que realizaremos, están asociados a las señales políticas contradictorias al relato oficialista de austeridad, cuando define nuevos incrementos salariales para los adscriptos a los ministros (artículo 7); cuando se aumenta el tope salarial, siendo el nuevo máximo previsto de 171.960 pesos uruguayos –lo que implicaría en algunos casos aumentos del orden de 100 mil pesos-; la habilitación para nuevos cupos de pases en comisión; o la excepción al Presidente de la República respecto a los criterios de ajuste de remuneración.
Por otro lado, existen otra serie de artículos que conspiran contra los fines y cometidos de algunos organismos públicos, tal es el caso del Poder Judicial y de otros organismos que perderían potestades o se verían perjudicados; varios de ellos en clara alusión a los cometidos de la LUC, lo que pone en entredicho todo, en función de que se alcanzaron las firmas necesarias para impulsar un Referéndum. Un caso particular tiene que ver con el ajuste “automático” del combustible.
Para finalizar, un asunto de relieve que surge de la comparación de asignaciones ejecutadas entre 2019 y 2020. Más allá que han sido contabilizadas en los incisos correspondientes (MIDES y ASSE) los recursos que surgieron del Fondo COVID; la totalidad de lo ejecutado en 2020 resulta ser 2,0% menos a lo ejecutado en 2019. Es decir, no solo hay menos recursos, fruto de los recortes llevados a cabo por este gobierno (recordemos el decreto 90/020), sino que por efecto “precios” es decir, la capacidad adquisitiva de los recursos se redujo.
El gobierno admite este “recorte” del 2,0%; no obstante, insiste en su obstinada visión liberal de priorizar los asuntos económicos por los sociales; de privilegiar los objetivos macroeconómicos (reducción de déficit fiscal) por sobre el bienestar social. Como “buen neoliberal” este gobierno sigue apostando a los “malla oro” y su “derrame” como una certeza, que no cuenta con evidencia empírica, a lo sumo, le brinda la posibilidad de seguir enriqueciéndose a costa de las grandes mayorías de este país.
Aumenta la pobreza, el desempleo y la informalidad; se vulneran derechos y se recortan salarios y políticas sociales; se reduce el rol del Estado, se promueve la mercantilización/privatización, perdiendo soberanía e identidad nacional. La pandemia en algún momento pasará, sin embargo, aún este gobierno de coalición, que empieza a mostrar contradicciones internas, no cuenta con una “hoja de ruta” para reactivar la economía, estimular el empleo y mejorar el bienestar social.
(*) Economista, integrante del Instituto Cuesta Duarte y del equipo de “Valor!!”.
