La reciente aparición pública de Rosa María Payá Acevedo –comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– en un foro político sobre Cuba, ha reavivado los cuestionamientos sobre la idoneidad de su designación y el cumplimiento de los estatutos del organismo.
El pasado viernes, Payá Acevedo participó en el evento Cuba y América Latina: seis décadas de autoritarismos, celebrado en la Ciudad de México. Su asistencia a un acto de marcado carácter político ha sido señalada como una infracción al artículo 8 del estatuto de la CIDH. Esa norma establece que el cargo de comisionado es incompatible con actividades que puedan comprometer la independencia, la imparcialidad o la dignidad inherente a la función.
Este conflicto de intereses no es un señalamiento nuevo. En junio pasado, el Panel Independiente para la Evaluación de Candidaturas a los Órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya había manifestado su preocupación.
El panel advirtió que la vinculación de Payá con organizaciones de la «sociedad civil», y su intención de mantener dicha militancia, «puede poner en duda la apariencia de independencia a juicio de un observador razonable».
Las advertencias parecen haberse materializado.
La imposición de Payá en la CIDH, promovida por el exsenador y actual secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, se consolidó tras una serie de presiones diplomáticas y económicas sobre varios Estados miembros de la OEA. Su actuación posterior sugiere una alineación de su labor en la CIDH con una agenda política específica contra el gobierno cubano.
Esa sintonía fue evidente en el foro de México, en el que compartió tribuna con representantes de Archivo Cuba, entre ellos la asalariada del Secretario de Estado, María Werlau, directora de la organización líder de las campañas contra la colaboración médica internacional cubana, postura que coincide con los lineamientos de la actual administración estadounidense.
Más allá del activismo, el perfil de Payá Acevedo dista del rigor técnico esperado para su actual cargo. A diferencia de otros comisionados, no posee formación en Derecho, ni especialización en Derecho Internacional, tampoco de los derechos humanos. De hecho, el propio panel de evaluación observó durante el proceso que la candidata demostró un «conocimiento limitado de las normas, jurisprudencia y doctrina» en la materia.
Su trayectoria está marcada por una activa militancia política: desde impulsar la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado, hasta abogar por el endurecimiento del bloqueo económico y gestionar la suspensión de la cooperación europea con Cuba.
Además, sus declaraciones públicas suelen calificar a mandatarios de países de la región que mantienen relaciones con el archipiélago como «cómplices» o «tentáculos» del Gobierno.
La participación de una comisionada activa en este tipo de actos no solo desafía el marco regulatorio de la CIDH, sino que erosiona la credibilidad de una institución históricamente bajo escrutinio.
Es la segunda vez que va a México como parte de una operación de las agencias especiales de EE. UU. y que evita publicarlo en sus redes digitales. Para una persona acostumbrada a la autopromoción en esos espacios, que oculte su presencia indica que la tarea que cumple de coordinar a actores de la derecha mexicana con elementos de la contrarrevolución cubana de Miami, es incompatible con su cargo.
Su presencia semiclandestina confirma que se fragua una campaña que pretende introducir en la política interna mexicana, el objetivo de políticos de Miami y de Marco Rubio de recrudecer el bloqueo contra Cuba.
La OEA se enfrenta, una vez más, a las repercusiones de una designación que parece haber priorizado los intereses políticos sobre la integridad técnica y la independencia que exige la defensa de los derechos humanos.
Fuente: Granma
