Penillanura levemente representada: Impuestos, opinión pública y la necesidad de orientar nuestro futuro.
Por Federico Pérez (*).
En nuestro país ha surgido en las últimas semanas una discusión pública en torno al sistema tributario y a una propuesta del PIT-CNT y algunos académicos de establecer un tributo al 1% más rico de la sociedad para combatir la pobreza infantil. Sin entrar en disquisiciones sobre la medida concreta, vale la pena detenerse en algunos datos recientes que permiten medir el clima de opinión sobre los impuestos en nuestro país.
La última encuesta realizada por Data 360 en el mes de julio, indica que el 77% de la población considera que el sistema de impuestos no es justo, frente a un 12% que lo evalúa positivamente y un 11% restante que opta por no expresar ninguna opinión.
Entre quienes defienden la justicia del sistema, las razones se reparten de forma equitativa: un 31,4% lo valora por ser “justo y proporcional” y otro 31,4% por su papel en el financiamiento de los servicios públicos. Sin embargo, incluso dentro de este grupo aparecen algunos matices críticos: un 8,6% lo considera regresivo y un 5,7% afirma que castiga a los sectores medios mientras los sectores de mayores ingresos contribuyen en menor proporción.
Del otro lado, la percepción de injusticia es más marcada. Un 42,8% sostiene que la carga impositiva recae excesivamente sobre los sectores medios y poco sobre los altos. Un 22,5% opina que se pagan demasiados impuestos en general, y un 18,2% denuncia que el diseño de la matriz impositiva es injusto o regresivo. Además, un 5,5% apunta a la ineficiencia del Estado y un 5,1% cuestiona la imposición sobre las pasividades.
En este contexto, el debate sobre un impuesto a las grandes fortunas adquiere relevancia. Un 39,6% de los encuestados se muestra totalmente de acuerdo con su implementación y un 15,8% algo de acuerdo, mientras que el rechazo total o parcial alcanza el 23,3%. La división política es clara: entre votantes del Frente Amplio, el apoyo llega al 87,6%, mientras que en Cabildo Abierto y el Partido Nacional apenas supera el 25%, aunque de todas maneras resulte particularmente llamativo que en torno a un cuarto de los votantes de la Coalición Republicana esté de acuerdo con la implementación de un impuesto por el estilo.
Este estudio, que no hace más que confirmar algunos otros, demuestra que cuando se consulta a la población por temas programáticos o de políticas públicas, no suelen expresarse opiniones absolutamente polarizadas, sino que la población uruguaya mantiene altos grados de autonomía respecto a la opinión de sus representantes políticos: los votan, pero no los siguen sin vacilar.
Existe un consenso amplio sobre la necesidad de cambios, pero persisten divergencias marcadas sobre la orientación que estos deberían tomar. En la discusión se entrelazan conceptos de justicia tributaria, percepciones sobre la eficiencia del Estado, comparaciones internacionales y la creencia de que ciertos privilegios no deben tocarse.
Además, esta discusión se ha abierto en un escenario en el que el sistema político, desde hace años, ha limitado deliberadamente el debate sobre impuestos. Todas las campañas electorales se les pregunta a los candidatos si pondrán “más impuestos”, aunque esa consigna genérica no sea explicada ni se profundice en ella. Persiste la idea de que cuando se proponen reformas tributarias es para obtener “más recursos” para “dilapidarlos” y que “el país no soporta más impuestos”, sin precisar a cuáles se refiere ni quiénes serían los que los deberían pagar en mayor proporción. El debate impositivo, al igual que el relativo al modelo productivo, es sensible porque toca el núcleo de la política democrática: cómo se distribuye la riqueza y quién asume el costo de financiar los servicios públicos.
Pero si se aceptara la idea (totalmente discutible), que no es posible aumentar la presión fiscal —es decir, la proporción de lo recaudado respecto a lo que se produce—, el desafío pasa por definir quién paga qué. En las últimas décadas, las capas medias (antes denominadas clase trabajadora y pequeña burguesía) han sostenido gran parte de la financiación estatal, mientras que los grandes capitales y corporaciones han incrementado su capacidad para imponer las reglas de juego, tributar donde les conviene y determinar sus propias cargas impositivas.
Pero, además, si volvemos a la encuesta y analizamos que más de la mitad de la población (alrededor de 4 de cada 10 de los más de dos tercios que dice creer que tenemos un sistema de impuestos injusto) cree que pagan demasiado los sectores medios y trabajadores en favor de los sectores altos, tenemos que este problema no es algo que surja de ninguna imaginaria izquierda radical, sino que surge desde la opinión del seno mismo de la sociedad.
En definitiva, el debate tributario en Uruguay requiere superar los lugares comunes y las consignas repetidas. La verdadera discusión no es si el país soporta más impuestos en abstracto, sino como se reparte el esfuerzo fiscal y de qué manera el sistema puede orientarse a promover el desarrollo de forma deliberada, se ha hablado de la pobreza infantil, pero hay muchas áreas urgentes donde se nos va la vida.
En lugar de hacer predicciones, sobre variables que no controlamos, como los precios internacionales, sería bueno que el sistema político se ponga de acuerdo en un modelo de desarrollo, que incluya quienes lo pagan y como, ya que, sin una racionalidad orientadora, cualquier discusión sobre el porvenir se parece más a un juego de apuestas y predicciones que a aquella promesa moderna de libertad y progreso.
(*) Director de Data 360.
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