Por Gonzalo Perera
En la lógica militar, la deserción es uno de los actos más graves y severamente castigados.
La tan dura reprimenda a la deserción, responde a aspectos de orden ético y práctico.
En momentos de conflagración, en particular, hay un aspecto práctico de tal entidad que es evidente. Al combatiente se le plantea una disyuntiva de hierro: dar pelea eventualmente hasta una muerte que será considerada honorable y hasta posiblemente reconocida, o correr por su vida, pero con el riesgo de ser capturado por su propio bando y morir de manera deshonrosa, con una pesada carga para su familia o allegados, aunque más no sea en términos anímicos y sociales. En definitiva plantea la opción de dos formas de morir, una honrada y otra vituperada, por lo cual obviamente conduce a evitar abandonos de puestos de combate insostenibles.
Fuera del ámbito militar, la deserción adquiere un significado muy diferente, Como ejemplo evidente, por la deserción estudiantil en cualquier nivel de la Enseñanza, nadie culpa al estudiante que abandona, sino más bien al sistema que no pudo o supo retenerlo y está bien que así sea.
El Senador Manini Ríos fue investido como Comandante en Jefe del Ejército el 2 de febrero del 2015. Cuando ejercía dicha función, el 11 de abril del 2018, los generales integrantes del Tribunal Especial de Honor Nro. 1 del Ejército Nacional, Gustavo Fajardo, Alfredo Erramún y José González, le informaron que José “Nino” Gavazzo declaró que había arrojado el cuerpo del detenido Roberto Gomensoro al Río Negro. Creíble o no, dicha información debía elevarse a la Justicia y fue la razón por la cual los integrantes del Tribunal le notificaron la confesión. Sin embargo, el entonces Comandante en Jefe Manini, consideró su opinión más calificada que la de la Justicia y ordenó al Tribunal continuar sus actuaciones. Luego de reiterados desafíos a los límites constitucionales y declaraciones públicas un tanto provocadoras, Manini fue destituido de su cargo el 12 de marzo del 2019. A posteriori y ya lanzado a la carrera presidencial, explicó su accionar.
Según declaró al semanario “Búsqueda”, consideró que la declaración de Gavazzo “…era una chicana para alargar el proceso” (sic). En Radio Carve agregó que: “Se sabía del tema Gomensoro desde hace muchos años, porque era un tema viejo, se entendió que no estaba aportando nada nuevo”(sic). En un Comandante en Jefe del Ejército, los impersonales “se sabía” o “ se entendió” deben traducirse como “Yo sabía” y “Yo entendí”, respectivamente, dada la estructura jerárquica de la institución que dirige. Cabe preguntarse cuánto más sabía, y por qué motivo consideró lo que él entendía, un filtro suficiente para evitar la intervención del Poder Judicial.
Preguntas como estas condujeron a que el Fiscal Penal de Flagrancia de 13er Turno, Rodrigo Morosoli, el 24 de Setiembre de 2019, dejara a Manini como único indagado en la causa abierta al respecto. Al ser electo senador en las últimas elecciones nacionales, Manini Ríos adquiría los fueros parlamentarios, concebidos como garantía de la independencia y transparencia del accionar del Poder Legislativo. Va de suyo que el “espíritu de la norma” es proteger la efectiva separación de poderes: tanto evitar que acciones promovidas desde el Poder Ejecutivo incidan en la integración de las cámaras, como también, vale decir, velar para que el Poder Legislativo no se constituya en obstáculo para el Poder Judicial, por lo cual los fueros parlamentarios ciertamente no son un “vale todo”.
Cuando el Poder Judicial solicita la suspensión de los fueros de un parlamentario para que pueda ser formalizado, corresponde al Poder Legislativo analizar los fundamentos de la solicitud, y si son sólidos, darle curso. Respetando el referido “espíritu de la norma”, sería una atrocidad absolutamente antidemocrática que, para no afectar la aritmética de mayorías parlamentarias circunstanciales-o su reflejo sobre coaliciones que sustentan el Poder Ejecutivo- el parlamento inhibiera el accionar de la Justicia.
De la causa penal antes referida, surgió que el Fiscal Morosoli solicitara a la jueza Marcela Vargas la formalización de Manini Ríos y por ende, que el 7 de noviembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia remitiera al Poder Legislativo la solicitud de desafuero del entonces senador recientemente electo.
El mero repaso de lo que claramente el mismo Manini declaró a los medios, sobre tener conocimiento de hechos delictivos gravísimos, haber recibido la confesión de uno de sus autores, haberse autoconcedido la potestad de juzgar la credibilidad de la misma y omitir su denuncia penal (que todo funcionario público está obligado a realizar ante presunción de delito), haber manifestado el conocimiento previo a dicha confesión de información sobre delitos de lesa humanidad, no debería ameritar discusión.
Adicionalmente, Manini Ríos declaró ante todo micrófono que le pusieran en frente, que no se ampararía en los fueros para responder ante la Justicia, afirmaciones que, viniendo de quien fuera Comandante en Jefe del Ejército, que invoca además reiteradamente al artiguismo y que supuestamente tiene códigos de honor muy estrictos, hace pensar que su desafuero debería ser un mero trámite, objeto de votación unánime.
Hasta aquí, hechos, datos y fechas, sin presunciones, que caducan el 15 de febrero del 2020.
Pues desde entonces, con Manini en su banca, los hechos y los dichos han cambiado significativamente.
Primero, desde su asunción como Senador, Manini ha reiterado ataques desaforados hacia el Poder Judicial. Particularmente encarnizados con la Fiscalía General de la Nación, personalizando a menudo sus libelos en el Fiscal de Corte Jorge Díaz, que es quien conduce tal institución del Estado. Claramente, una presión indirecta sobre quienes deben lidiar con su causa.
Segundo, hemos asistido a un espectáculo muy penoso, en el cual la industria del pretexto jurídico ha proliferado, por el cual Manini busca no desdecirse públicamente, mientras sus coaligados lo liberan de enfrentar la Justicia. Se deduce que, por alguna razón ( quizás todo lo que declaró), teme enfrentarla. Obviamente, se victimiza y aduce que la Justicia está sesgada, que no brinda garantías del debido proceso. Afirmación gravísima en un Senador, si las hay. Pero además, cabe señalar, que es la misma Justicia que, si “se acabó el recreo”, debe proceder y juzgar, ante cualquier ladrón de gallinas, con la muy exigida “mano dura y condena rápida”, un claro sesgo. O sea, la posición del senador es siempre exigir sesgo: condenatorio ante algunos delitos y clases sociales, pero ante delitos de lesa humanidad y otras clases sociales, absolutorio.
Artiguismo versión revisada: que los más privilegiados sean los más privilegiados.
Tercero, queda claro el valor de la palabra del Senador, y quizás por ello el Partido Nacional y el Sanguinettismo avalan una vergonzante deserción ante la Justicia, no sea cosa que sus “firmes” votos de respaldo a las leyes promovidas por la coalición sean tan firmes como su palabra.
Finalmente, esta deserción, que no expone a resoluciones sumarias, sino al debido proceso, infringe a la democracia en el Uruguay su mayor mancha de 1986 a la fecha.
Cuando, curiosa coincidencia, algunos desertaron ante la ley y muchos de los históricamente “defensores de las leyes”, defendieran a los desertores.
Sabemos lo que nos costó y cuesta la Ley de Caducidad. Bien clarito: ¿Cuánto costará esta nueva deserción ante la ley?
