Una vez más las agencias de salud e infaancia demandan públicas firme que permitan porteger de la violencia a millones de menores en la región.

La inmensa mayoría de esos homicidios se vinculan conn el crimen organizado y las desigualdades, donde ls violencias y las desiguladades se resentan a edades tempranas en el hogar, la escuela y los entornos digitales.

En América Latina y el Caribe, describeel portl web de Naciones Unidas, la violencia «sigue siendo una grave amenaza para la vida y el bienestar de millones de menores de edad·.

En el informe, titulado Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones, se revela que «53.318 de ellos fueron víctimas de homicidio en la región entre 2015 y 2022».

De igul forma se deuncia que, «entre 2021 y 2022, la tasa de mujeres jóvenes asesinadas se duplicó, situándose en cinco muertes por cada 100.000 habitantes». 

Por su parte, «la tasa de homicidios entre adolescentes varones disminuyó de 17 a 10 muertes en el mismo período, pero sigue siendo alta». 

Se trata de un violencia relacionada con el crimen organizado, el fácil acceso a armas, ls desigualdades sociales y la existenciaa den normas de género nocivas.

Los datos indican que «seis de cada 10 menores de hasta14 años son objeto de algún tipo de castigo violento en el hogar, mientras una de cada cuatro adolescentes experimenta acoso escolar. También crecen los abusos en los entornos digitales».

De acuerdo al director regional de UNICEF, Roberto Benes, «la violencia afecta múltiples entornos de la vida de los menores, desde el hogar hasta la escuela y la comunidad, y afirma que políticas públicas sostenidas pueden cambiar esta realidad». 

«El informe», sugiere y aporta «soluciones basadas en evidencia: fortalecer leyes de protección de la infancia, controlar el acceso a armas de fuego, capacitar a docentes, policías y personal de salud, apoyar a padres y cuidadores, invertir en entornos educativos seguros y ampliar los servicios de respuesta».

La publicación fue validada en una consulta ministerial regional en octubre de 2025, con la participación de más de 300 funcionarios y representantes de la sociedad civil y organizaciones juveniles, con el objetivo de acordar acciones concretas para proteger a la niñez y adolescencia de la región