Por Oscar Andrade (*)
Al hacer un balance de este año 2020, hay que empezar por decir que no creo que nadie pueda estar eufórico en el Uruguay cuando tenemos datos acalambrantes de desempleo, una circunstancia acalambrante desde el punto de vista social y cuando el propio ministro de Trabajo y Seguridad Social dio una cifra durísima: 140 mil uruguayos y uruguayas cayendo en la pobreza.
No parece este el momento de la euforia, al contrario, tiene que ser el momento de la preocupación.
Se hicieron anuncios, por parte del presidente de la República, muy generales. Hay que verlos en concreto pero tenemos una realidad que es lo que pasó en el 2020. En el 2020 la inversión cayó a pique, el promedio de inversión en obra vial fue la mitad del período anterior, el presupuesto que se votó en diciembre recorta casi un tercio la inversión en vivienda, el presupuesto de las empresas públicas es de ajuste y de recorte. Si se va a cambiar esa política económica, que es la que ha agravado la crisis, y se buscará un Estado más presente, eso contará con el apoyo del Frente Amplio pero eso hay que verlo en la futura Rendición de Cuentas y en los proyectos de ley que se presenten.
Los datos de la economía y de la vida de nuestra gente son durísimos. Están ahí, no se pueden ocultar con índices de popularidad y campañas de marketing político.
Es claro que en los índices de popularidad que el gobierno exhibe incide que nuestra población estuvo concentrada en la pandemia, su impacto, en un sentimiento de unidad nacional, y que algunas medidas del gobierno, como haber conformado el Grupo de Asesoramiento Científico Honorario (GACH), junto con contar con un Sistema Nacional Integrado de Salud, uno de los índices más altos del mundo de acceso al agua potable y otras fortalezas, sirvieron para que nuestro país transcurriera un fenómeno que a nivel mundial fue muy duro de manera distinta.
Y eso llevó a que otros aspectos no estuvieran en el centro de la agenda pública: el recorte de 9 mil becas para estudiantes, la reducción de recursos para la comunidad científica, la postergación de sorteos de vivienda para las cooperativas, el debilitamiento de los programas de Uruguay Trabaja.
Pero hay que hacer política no sólo mirando las encuestas sino la orientación económica, la realidad concreta del país y su gente. Y es un dato de la realidad que tenemos una orientación económica que reduce la inversión en Educación de 5% del PBI a 3,8%, eso tiene que generar una enorme preocupación. Cuando tenemos un ajuste, en medio de una pandemia, que se hizo sobre la base de recortar inversiones, salarios y jubilaciones, nos parece que es un camino profundamente equivocado.
Tenemos la necesidad y la obligación de señalar una convicción política: en momentos de crisis el ajuste es la peor medida que se puede tomar.
Nadie puede poner en duda que el Uruguay, la vida de las uruguayas y los uruguayos está peor. Esto es en parte por el impacto de la pandemia en la caída de actividad, pero parte es por la decisión de recortar y achicar el Estado.
Se recortó la inversión pública, en rubros fundamentales, se provocó la caída de los salarios y las jubilaciones, eso tiene como consecuencia más pobreza y menos trabajo.
En un momento en que la actividad política se debilita desde lo privado, producto de la pandemia, de lo que nosotros no acusamos al gobierno, sería necio, lo que sí decimos es que simultáneamente el gobierno debilitó lo público. En medio del fuego que provocó la pandemia se echa nafta.
Por eso en el centro de la preocupación del Frente Amplio están algunas iniciativas que se volvieron a presentar. En primer lugar, atender a la gente que está pasando peor, mucho más en un país con espalda financiera sólida, situación muy distinta al 2002 cuando estábamos en un colapso. Un país con esa espalda financiera no puede ahorrar en la atención a la gente que está pasando mal. No puede ahorrar cuando hay falta de trabajo, por lo tanto también reclamamos una fuerte inversión pública, para que haya trabajo. Un país con solidaridad no puede no darse cuenta que hay decenas de miles de uruguayas y uruguayos que están al borde el desalojo porque sus ingresos fueron duramente golpeados, por lo tanto planteamos un régimen de subsidio de alquileres para atender esa circunstancia. Y se tiene que hacer antes de que tengamos un invierno donde miles de familias tengan que ir a un rancho de costanero. La ministra de Economía, cuando le planteamos este tema, nos respondió que ya existe un subsidio de alquileres, lo que no dijo es que en ese instrumento el año pasado se invirtieron 67 mil dólares, ¿alguien puede pensar que ese es un monto razonable para atender una situación dramática de miles de familias? Un país que depende tanto de la mediana y pequeña empresa la tiene que apoyar, hubo medidas, muy pocas, pero cerraron 10 mil empresas. Es una muestra clara de que los apoyos fueron insuficientes porque no evitaron la pérdida de miles y miles de unidades productivas y muchas más están tecleando. Cualquier estudio serio nos demuestra que hay actividades económicas que están al borde del colapso.
Las medidas que tomó el gobierno y las que anuncia se han demostrado insuficientes, no solo por la comparación internacional, en esa estamos últimos, sino por la vida de la gente. Si estuviéramos últimos en la comparación internacional pero eso no se reflejara en la vida de nuestra gente el debate sería otro, pero no es así.
El presidente de la República da el dato de que se triplicó la cantidad de gente comiendo en el INDA. Uruguay llegó a tener 200 mil uruguayos comiendo en el INDA, eso es 8 veces más que ahora, pero también llegó a tener un tercio de lo que tiene ahora.
Esa es una señal de alerta, de máxima preocupación, y además ahí no se cuentan los miles de uruguayos y uruguayas que están comiendo en las ollas populares.
El hecho de tener una espalda financiera sólida y no tener una actitud proactiva y más decidida para apoyar a las uruguayas y uruguayos que están pasando muy mal es donde tenemos la diferencia principal.
Hay otra manera de hacer las cosas
Los mensajes que dio el presidente de la República fueron confusos, por ejemplo, anunció que se va a invertir menos este año en el Fondo de Coronavirus que el año pasado, cuando este año estamos peor.
Hemos intentado el diálogo, de muchas maneras. Hace meses que se hicieron propuestas para que no llegáramos a este punto. Por ejemplo, hace meses que planteamos que las personas con mayor riesgo por el contagio, con enfermedades preexistentes, edad, o circunstancias vitales, tenían que tener licencia. Le llevamos el proyecto en mano al ministro, hicimos una minuta de comunicación, incluso le dijimos que lo propusieran ello, porque nos parecía de elemental solidaridad que si tenemos una ola de pandemia no tenemos que exponer el trabajo a una persona que está trasplantada, a una compañera embarazada, donde además, es notorio, que los protocolos en el trabajo no se cumplen.
El tema de los alquileres lo planteamos nuevamente en la Comisión de Vivienda, no es que el frenteamplista queda expuesto al desalojo, es cualquier vecino o vecina que está sin trabajo porque lo perdió en la pandemia.
El diálogo se ha intentado. El Frente Amplio propuso un conjunto de iniciativas hace casi un año. Incluso un plan estratégico para la pandemia. La Intersocial propuso 12 iniciativas. Distintos sectores de la academia y de la sociedad lo han hecho.
Pero lo que si hemos visto es que cuando se presentan iniciativas desde el movimiento popular y el Frente Amplio parece que están condenadas al cajón o al olvido.
Estamos dispuestos a construir acuerdos pero para eso se precisa voluntad y desde el gobierno no la hemos encontrado.
El Frente Amplio tiene vocación de unidad, construye unidad y tiene causas.
El Frente Amplio es una fuerza política que lucha contra las desigualdades y ni nos vamos a quedar quietos ni nos vamos a callar.
Hay cosas que rompen los ojos, en el mismo momento que se bajan salarios y jubilaciones, la Ley de Presupuesto contiene un artículo que beneficia al sector del agro que paga Impuesto al Patrimonio, que son los sectores más potentes del agro. Ese tipo de medidas promueven la desigualdad.
El gobierno celebra, lo considera un logro haber cambiado el régimen de alquiler sin garantía, antes de que existiera esta ley ya un 28% de los uruguayos alquilaba sin garantía, estamos hablando de 200 mil personas, y lo único que les cambió la ley es que le pueden alquilar una finca ruinosa, los pueden desalojar en una semana, amplía la informalidad y concentrada en el quintil más pobre. Esto que para el gobierno es un avance para nosotros es un terrible retroceso. El gobierno destaca como un avance el seguro de paro especial para los trabajadores del citrus y es el peor que han tenido en los últimos seis años. Hace seis años que el Frente Amplio venía contemplando a los trabajadores citrícolas con un seguro de paro más potente y en se recortó, sin embargo lo presentan como un mérito en el anuncio.
Hay temas de interpretación política en los que tenemos una valoración muy distinta, antagónica a la que hace el gobierno en su mensaje. No aplaudimos haber recortado derechos laborales, ese no es el camino y menos obviando la negociación colectiva. El presidente, en su mensaje, pareciera olvidar el decreto que el mismo firmó sobre el ejercicio de derecho de huelga, que complementa la Ley de Urgente Consideración, donde prácticamente la prohíbe en algunas circunstancias.
El dilema no es unidad nacional o división, ni el cuento de la grieta. Cuando el gobierno define que el BPS va a dejar de controlar el cumplimiento de los laudos, lo que tenemos que denunciar es que este tipo de medidas lo que van a hacer es ampliar las posibilidades de informalidad laboral.
En el mismo sentido cuando por decreto Lacalle Pou modifica una ley de Lacalle padre, de la década de los 90, y le achica a la mitad la multa a las empresas que falsifican documentación, nos parece una barbaridad.
Tener diferencias no es dividir, es mostrar que hay dos formas de hacer las cosas y decir con claridad que está mal lo que se está haciendo. Que se está haciendo poco para el drama que están viviendo miles de uruguayas y uruguayos y que se está haciendo tarde.
Además no es solo decir o dar propuestas, ante situaciones de crisis en el año 2005 y en el año 2009 hicimos lo que estamos diciendo que hay que hacer ahora.
En el 2005 con un Uruguay que tenía una deuda externa que era el 100% del PBI, bancos que estaban fundidos y una situación de miseria acalambrante, pusimos arriba de la mesa un Plan de Emergencia. Y en el 2009, ante la crisis internacional del capitalismo del 2008 y su impacto, aplicamos un conjunto de medidas para reactivar la economía.
Hoy estamos diciendo que ese es el camino menos doloroso para nuestro pueblo.
El presidente apuesta al “malla oro”, en Uruguay vive mucha más gente que el “malla oro”. Necesitamos que haya reactivación económica y trabajo. Y estamos convencidos que es muy difícil que ello ocurra si se mantienen las políticas de ajuste.
Por eso el Frente Amplio debe abrazar todas las luchas. Las luchas del movimiento sindical, cooperativo, del feminismo, del ecologismo, las ollas populares, los reclamos estudiantiles, las demandas de la ciencia y de la cultura, los reclamos de las y los pequeños empresarios y productores.
Por eso estamos en contra de la LUC, en contra de un presupuesto de Ajuste y en contra de la política económica que rebaja salarios y jubilaciones, mientras aumenta tarifas e impuestos.
Construir organización de pueblo, política y social y levantar alternativas de unidad como el referéndum contra los 135 artículos de la LUC, es el camino.
Un balance de la economía
Al cumplirse el primer año del gobierno de la coalición de derecha es importante hacer un balance. Es más que necesario debatir con las autoridades encargadas de la conducción económica del país, con quienes tenemos diferencias sustantivas. Y hacerlo porque además por lo que señalábamos más arriba de discutir sobre la realidad y no sobre los discursos sobre la realidad.
En esta columna recojo parte de los conceptos expresados en el Parlamento cuando concurrió el equipo económico, entre otras cosas por las referencias a la claridad que existía en las y los uruguayos con relación a las posturas económicas que adoptaría el gobierno, cuando estas han tenido este año un comportamiento radicalmente diferente a las promesas preelectorales.
Durante muchos años, quienes hoy están al frente del gobierno sostenían un compromiso muy sólido con la rebaja de las tarifas públicas. Cada vez que se incrementaba las tarifas públicas, durante los períodos de Gobierno del Frente Amplio, muy por debajo del índice medio de salarios y de la capacidad adquisitiva de las trabajadoras y los trabajadores uruguayos, la crítica era furiosa. Decían: «¡Basta con el aumento de las tarifas!» Es más, prometían bajar las tarifas, no aumentarlas.
Hace un año que están en el Gobierno y la forma en que lo plantea el economista Isaac Alfie da más claridad y contundencia al tema. ¿Qué ocurrió con la inflación y con las tarifas este año?. Lo que va a pasar con la inflación en el año 2021 lo sabremos en diciembre. Pero este año OSE aumentó un 10,7 %; UTE, un 10,5 % y Antel, un 9,78 %. Estos son los aumentos de las tarifas públicas; todos están por encima de la inflación del mismo año. Si miramos el resultado concreto para compararlo con la promesa electoral, que era: «Las tarifas públicas van a bajar», vemos que no fue así. Después se decía: «Van aumentar por debajo de la inflación» y tampoco aumentaron por debajo de la inflación. Ya tenemos la inflación y el resultado de las tarifas.
Por lo tanto estamos pidiendo que se nos diga dónde quedó la promesa de bajar las tarifas públicas.
Un segundo tema fue no aumentar impuestos. Un informe tributario del Cinve dice que la presión tributaria, en términos de producto, aumentó este año. Lo que sí sé es que, apenas llegados al Gobierno y antes de que se desatara la pandemia, el descuento que teníamos con la tarjeta con la que nos pagan el salario se achicó a la mitad y esta, que no fue una medida administrativa sino de política económica, implicó un resultado: recaudar más de un impuesto. Se le puede poner un nombre distinto a «recaudar más de un impuesto»; se puede decir: «Recaudo más de un impuesto, pero es por la vía elíptica de eliminar un beneficio». Pero ¿para qué se elimina el beneficio? El objetivo es aumentar la recaudación, lo que se recauda por un impuesto que paga la gente –defendemos a la gente–, que pagan la inmensa mayoría de los uruguayos cuando van al almacén y compran un quilo de arroz. Hablo del trabajador que cobra $ 20.000 por mes con la tarjeta. El Gobierno incrementó la presión fiscal en ese trabajador o trabajadora que cobra muy poco.
Lo tercero que estuvo concentrado en la campaña electoral fue que era posible recortar, ahorrar 900 millones de dólares, sin tocar salarios, jubilaciones e inversión pública social. Esto estuvo en el centro de la polémica durante toda la campaña electoral. Decíamos: «Bueno, pero ese ajuste sin tocar salarios ni jubilaciones es muy complejo», porque uno ve que hay gastos fijos en el presupuesto que son muy rígidos y sabemos lo que cuesta, pero tuvimos un recorte en el presupuesto que tuvo como un aporte principal la rebaja de salarios y jubilaciones.
Entonces, uno se pregunta: si tenían la fórmula para hacer un ahorro aún mayor que el que se hizo en el presupuesto, sumando a las empresas públicas, ¿qué pasó? El grueso del recorte a las empresas públicas es en inversiones y esas inversiones implican menos gente trabajando y, por ejemplo, que esta semana pasada quedaran afuera cooperativas sociales – me reuní con ellas– de trabajadores y trabajadoras de OSE. O sea que el resultado de ese ajuste termina traduciéndose en la vida de la gente. ¿Acaso alguien duda del impacto que tiene la inversión pública, en términos de infraestructura, en el trabajo en Uruguay?
Para hacer parte de ese ajuste se bajan salarios y jubilaciones, que sabemos lo que cuesta. Este Gobierno no recibe un 55 % o 56 % de las jubilaciones por abajo de tres Bases de Prestaciones y Contribuciones. Nosotros sí recibimos eso: 207.393 jubilados cobraban menos de tres Bases de Prestaciones y Contribuciones, con un número menor de jubilados: 371.116. Hoy, de los 463.000 jubilados, 69.000 están por debajo de ese umbral de ingreso y capacidad –¡claro, esto cuesta!– y de 710.000 pasividades pasamos a 790.000. ¡Es evidente que esto cuesta!
Ahora, cuando discutimos la reforma de la seguridad social en 2008, que hoy se cuestiona, debo decir que es cierto que creó impacto porque la situación era peor. Dos de cada tres trabajadores y trabajadoras de la actividad privada no se iban a poder jubilar y eran más porque teníamos un 40 % de informalidad.
En aquel momento se jubilaban 30 mil trabajadoras domésticas hoy son 45.000. ¡Claro que eso cuesta! Pero había otro costo, que era dejar a esos miles y miles de trabajadores y trabajadoras sin condiciones de jubilación.
Y hay que decir que flaco apoyo le hace este Gobierno a la formalización del trabajo cuando toma la decisión, por sí y ante sí, de que el BPS deje de controlar y fiscalizar los laudos, cuando toma la decisión, por sí y ante sí, de que al trabajador que está en la ilegalidad se le recorta la posibilidad del reclamo a la mitad. Y cuando el Parlamento votó, con el voto en contra del Frente Amplio, que a una empresa que falsifica documentación –ley del Partido Nacional de los años noventa, no es herencia del Frente Amplio–, se le recortan las multas a la mitad. Sinceramente, parece una invitación a trabajar por fuera de la formalidad.
Se dice que hay que cuidar a la gente. ¿Y los 8.783 estudiantes que perdieron las becas del Programa Uruguay Estudia no son gente? Pasamos a cero este año. ¡Claro! ¡Se ahorró! ¿Pero no son gente? La propia OPP hizo un balance contundente con respecto a la continuidad educativa de estas becas y del aporte que daban, ¿fue tenido en cuenta? El recorte de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural que apoya a la pequeña producción rural con menores recursos, ¿esa tampoco es gente? Las inversiones se recortaron a la mitad. Los programas de más agua, más tecnología y más valor para el pequeño chacarero, resaltados por las propias autoridades que vinieron a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿ellos no son gente? ¿Los trabajadores que ven caer sus salarios?
Está el recorte de los recursos en vivienda: de más de 300 millones de dólares –ya que hablamos de dólares corrientes– a 187 millones para el próximo año.
Están los científicos que trabajan en la Agencia Nacional de Investigación. Estos datos son relevantes desde el punto de vista de uno de los elementos de mayor valor para atender la pandemia que es el papel destacadísimo que jugó la comunidad científica. Pero los datos son muy duros. En investigación, de 17.444 millones a 9.816 millones de pesos. En innovación, de 5.636 millones a 3.909 millones. ¿O no se juega acá una parte sustantiva del trabajo de calidad, elemento principal para cualquier estrategia de desarrollo?
Hay 240.000 uruguayos que alquilan. De estos, hay una parte que está pasando muy mal, que tiene atrasos y que va a quedar en la calle si no se le subsidia el alquiler. Hemos planteado la discusión. ¿Podemos pensar que el mercado va a resolver esa situación? Nos parece imprescindible generar un subsidio de alquiler que aborde a los sectores más castigados.
La primera franja de ingresos, según la Encuesta Continua de Hogares, paga alquileres de $ 8.500. Lo que estamos diciendo es lo siguiente: ¿No podemos hacer ese gasto a los efectos de que un porcentaje de madres solas con hijos no queden en la calle el invierno que viene en medio de un desalojo? Si no podemos, porque no hay condiciones –que estimamos requieren unos recursos de 7 a 8 millones de dólares por mes a los efectos de llegarle a unos 35.000 hogares–, que se nos explique dónde está la dificultad.
Nos parece que ello es imprescindible como estrategia de salida al trabajo y no elaborar otro plan. En esto coincidimos con la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, quien ha salido públicamente a reclamar que los recursos de que dispone no dan para atender la demanda de viviendas e infraestructura. Saludamos la presentación del plan de infraestructura que hizo el ministro de Transporte y Obras Públicas y pensamos que es el momento de adelantar parte de esas obras, porque el elemento principal para la salida tiene que ser el trabajo. Queremos discutir esto en términos de incremento de la inversión que multiplique y dinamice el empleo. Hablamos de una industria que tiene, además, altos encadenamientos productivos y es muy dinámica desde el punto de vista de la relación peso invertido-cantidad de puestos de trabajo y, reitero, queremos discutir acerca de ese punto.
Nos parece que ahorrar en eso es caro. Es caro para el trabajador y el científico que tienen que emigrar del país, para el gurí que tiene que dejar de estudiar, para la Pyme que tiene que cerrar y nos parecen absolutamente insuficientes las medidas tomadas para apoyar a las pequeñas y las medianas empresas.
Pero no solo a nosotros nos parecen insuficientes, también lo son para un conjunto de organizaciones de pequeñas y medianas empresas con las que nos hemos reunido y están con el agua al cuello. Por lo tanto, creemos que el incremento de medidas debe hacerse ahora, pero no para quedar en un lugar distinto en la gráfica.
Tenemos buena parte de coincidencia con el planteo que hace el Partido Colorado respecto a ampliar el seguro de paro; nuestro planteo era para el año entero, pero podemos hasta estar de acuerdo con que se haga hasta octubre. Este año y en esta circunstancia es necesario que esa herramienta de cobertura cumpla un papel para tener menos uruguayos y uruguayas en una condición de desesperación.
Nosotros no estamos planteando la renta básica en Uruguay; no lo planteamos nunca. Sí planteamos que para algunas decenas de miles de uruguayos, que están en la última lona, es necesario incrementar las prestaciones que ya reciben por un lado y otro hasta llegar a un salario mínimo por algunos meses. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene que pucherear hoy. Y si se tiene una espalda financiera hay que usarla y el Uruguay tiene espalda financiera.
(*) Senador de la 1001, Unidad para los Cambios y el Frente Amplio.
