Implica un subsidio estatal de 10 millones de dólares anuales para la creación de puestos de trabajo: prioridad para jóvenes, mujeres jefas de hogar y sectores vulnerables.
El presidente de la República, Yamandú Orsi y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, presentaron, en conferencia de prensa el proyecto de Ley de Empleo Integral, que busca garantizar el derecho al trabajo de los sectores con mayores dificultades de inserción laboral: jóvenes, mujeres jefas de hogar, mayores de 50 años, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, personas afro y personas trans, entre ellas.
Prevé, entre otras medidas, subsidios estatales de entre el 25% y el 80% del salario, el monto anual destinado a ello será de 10 millones de dólares. El proyecto de ley también establece prioridad para que los puestos de trabajo a crear se concentren en las pequeñas y medianas empresas y para la formación profesional y el estudio.
Asistieron a la presentación legisladores y legisladoras frenteamplistas integrantes de las Comisiones de Legislación del Trabajo de Diputados y Asuntos Laborales del Senado, entre ellos el senador de la 1001 y el FA y secretario general del PCU, Óscar Andrade. También jerarcas de las distintas reparticiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la OPP, de distintos Ministerios y de Presidencia de la República.
Orsi: Favorecer el empleo
La conferencia de prensa la abrió el presidente Orsi, quien indicó que “hace ya unos días, luego de un gabinete, comunicamos que se estaba elaborando una propuesta concreta para una ley que beneficia o que apunta a favorecer el empleo en el Uruguay. Hoy estamos en condiciones de transmitirles en qué consiste y cuáles son las principales características de esta iniciativa”.
Orsi afirmó que este proyecto se complementa con el recientemente presentado proyecto de ley para favorecer la inversión.
El presidente sostuvo que se trata de concebir “inversión y empleo como parte de una propuesta integral, donde dejamos claro que hay población de este país que tiene que ser beneficiada de alguna manera porque su vulnerabilidad así lo indica. Estoy pensando en jóvenes que no consiguen el primer empleo, en mujeres que crían solas a sus hijos y mayores de 50 años que, como ustedes bien saben, se les complica más de una vez poder volver a conseguir trabajo y poder llegar al final de su vida laboral y poder jubilarse como corresponde. Ahí hay tres situaciones concretas, jóvenes, mujeres jefas de hogar y gente mayor de 50”.
“La idea es resolver esto a partir de un subsidio al empleo que va del 25 al 80% de la retribución mensual según el caso, pero en particular, lo que estamos haciendo es poniendo recursos, el Estado está poniendo recursos de manera tal que aquellas empresas pequeñas, medianas, también empresas más grandes, lo que será diferente según el escalón, encuenten incentivos para que puedan generar más puestos de trabajo y que puedan resolver el tema laboral junto con el Estado, de manera concreta, con números concretos y esto implica recursos. Estamos hablando de unos 10 millones de dólares al año”, indicó.
Orsi también destacó que se trata “de tener en cuenta todo el territorio, en toda su dimensión, hay zonas del país que lo requieren más que otras y por lo tanto lo que nosotros esperamos es que esta ley se concrete, que se pueda aprobar y que tanto en el interior, como en el área metropolitana, aquellas pequeñas y medianas empresas que tienen dificultades para contratar gente o aquellas personas que tienen dificultades para conseguir trabajo, tengan de parte del Estado una mano en momentos que tenemos que afinar mucho la puntería para poder navegar en este mundo tan convulsionado”.
Castillo: El trabajo como centro
El ministro Juan Castillo, sostuvo que estaban presentando “este proyecto de ley que generó mucha expectativa para los trabajadores y trabajadoras, especialmente para los que están desocupados actualmente, para varias zonas de nuestro país y para varias poblaciones, en donde conseguir empleo se le hace cada vez con mayor dificultad”.
“Desde el año pasado se ha colocado esto como una de las prioridades por parte del gobierno, en la que venimos trabajando el conjunto de las instituciones y organismos del Estado” afirmó
Castillo destacó que la elaboración del proyecto de ley “ha tenido la participación activa no solo del Ministerio de Trabajo y nuestras direcciones, sino también del Ministerio de Economía y Finanzas; de Educación y Cultura; del MIDES; del Ministerio de Industria, Energía y Minería, con quien hasta hace pocas horas estábamos todavía corrigiendo o enmendando algunos de los artículos, los incisos; con el Banco de Previsión Social, o sea, con varios de los institutos que dependen del Ministerio de Trabajo; con la OPP, el INEFOP, INACOOP; creo que no ha quedado ninguna estructura del gobierno que tuviera cercanía o algo que ver para aportar en materia de crear esta herramienta que no hubiese sido partícipe en esta elaboración”.
“Nos toca a nosotros la responsabilidad de presentar el proyecto y luego, como Ministerio de Trabajo, de ejecutarlo, en algo que veníamos discutiendo con mucha antelación”, indicó.
Castillo destacó “la preocupación de que nuestro país tiene herramientas, tiene instrumentos, que muchas veces no se aplican en su totalidad o no son utilizados en las mejores condiciones. Esta crítica, autocrítica ahora, de parte nuestra en torno a qué era lo que estaba ocurriendo con estos instrumentos, llevó a que se desplegará por parte de la Dirección Nacional de Empleo, en todo el territorio, una red de recorridas, una agenda por cada localidad, por cada departamento, seguramente no a todas, pero la inmensa mayoría de concentraciones urbanas de nuestro país, a los efectos de ir directamente a escuchar a los actores. De establecer qué era lo que estaba ocurriendo, por qué era necesaria una herramienta que podría facilitar el ingreso al empleo, la oportunidad para personas que estaban con necesidad, herramientas o instrumentos que dieran la oportunidad de un contrato laboral a pequeñas y medianas empresas, productores, el comercio de nuestro país, donde hay demandas y necesidades”.
Castillo reivindicó esta forma de elaboración del proyecto, con participación de todas las instancias estales involucradas y también, escuchando a la ciudadanía y a los actores del mundo del trabajo. “Podríamos, seguramente, y no tendríamos por qué dar mucha explicación, sentarnos detrás de un escritorio, haberlo elaborado a partir de un programa de computación, algunas correcciones, algunos agregados o enmiendas a las leyes anteriores, sin hacerlo en consulta, preferimos hacer ese trabajo que llevó casi tres meses en la práctica, en donde se aportó muchísimo por parte de los directamente involucrados, el por qué no se hacían algunos trámites, la carga del papeleo, por qué era imposible desde alguna zona lejana del interior del país, qué era lo que ocurría para que en vez de ser un beneficio en manos de la mediana y micro y pequeña empresa se transformara en que el 50 o 60 % de los contratos sucedieron para las grandes empresas y no para las chicas o medianas”, explicó.
“Nos pusimos a escuchar, debatir y elaborar y entonces a proponer al equipo del gobierno, de negociación, a los efectos de buscar también opiniones de las contrapartes sociales. Así es que comienza a gestarse, a elaborarse el proyecto de ley, que lo analizó hace un tiempo el gabinete, que lo tuvieron el conjunto de los ministros, que debatimos, y ustedes fueron testigos de ello, porque rendimos cuentas hace 10 o 15 días atrás en un Consejo de Ministros y que el presidente de la República nos convocó a acelerar el trabajo, a aterrizar en torno de las conclusiones, escuchar varias de las opiniones y que en la jornada de hoy aparezca como una propuesta concreta”, señaló.
El ministro de Trabajo destacó que se trata de una “propuesta que efectivamente fomenta la concreción y la oportunidad de empleo”.
“Es una ley de Empleo Integral -insistió- que tiene en cuenta esa necesidad de esa primera experiencia laboral, estamos hablando que poblaciones tales como jóvenes a partir de los 15 años hasta los 29, van a tener prioridad; tendrán prioridad las mujeres jefas de hogar, los hogares monoparentales; personas afrodescendientes; personas trans, personas privadas de libertad, personas con penas alternativas o que hayan sido liberadas hasta tres años para atrás, que tengan la oportunidad también de tener acceso al trabajo; personas en situación de discapacidad, que fue uno de los argumentos muy fuertes para perfeccionar algunos mecanismos, la ley actual para el acceso al trabajo de personas con discapacidad, a lo largo de los cinco años que lleva en concreción solamente empleó a 32 personas; a personas mayores de 50 años, porque si es un problema conseguir un primer trabajo, también hemos encontrado dificultades para las personas mayores de 50 años de edad cuando quedan desempleadas, cuando son despedidas, reinsertarse otra vez en el mercado laboral les cuesta mucho más tiempo que a las personas en edades más jóvenes, por tanto, se tuvo en cuenta esta situación y se hacen propuestas para contribuir a resolver estas situaciones”.
En cuanto a los subsidios sus montos y la forma en que se aplicarán, Castillo indicó que “se buscó también que la parte empleadora también tenga su incentivo, de hecho nos damos la forma para que efectivamente tengan un incentivo al contrato y por lo tanto hay allí una escala de porcentajes de cuánto es el subsidio a ese puesto de trabajo que se va a estar realizando y estos van desde los contratos para los más jóvenes a un 25% si es varón o 33% si el contrato es para una mujer, desde allí en adelante se llega incluso a tener un subsidio por valor del 80% del salario, para las personas con más dificultades como pueden ser las mujeres jefas de hogar”.
El ministro de Trabajo señaló que en el proyecto de Ley, “existen distintos tipos de escalas, en determinadas condiciones, a los efectos de poder ser efectivas, en el artículo 30 del proyecto, queda claramente descrita la forma en que se buscan los recursos, a partir de INEFOP, allí en el entorno de 407 millones de pesos por año, en los años que quedan para este gobierno, un promedio actual de 10 millones de dólares; hay diversas formas de financiación, yo nombro al INEFOP por la carga grande que tiene, pero hay otras formas de financiamiento más para llegar a ese monto”.
“Aspiramos a que esto sea una gran herramienta, un gran instrumento para quienes nos están demandando desde diversas partes del territorio, en lugares donde el desempleo está golpeando más, nos demandaban los sectores que están demorando demasiado tiempo en encontrar un empleo, nos demandaban los sectores empleadores que tenían alguna necesidad de tener algún empleado más pero que no les daban los números como para tener y brindar esta posibilidad, entonces el Estado allí aparece con este diseño, con esta propuesta”, enfatizó.
Castillo destacó que se tomó como base la legislación anterior, para perfeccionar los mecanismos previstos, para buscar soluciones a problemas y a situaciones nuevas. “No es que estemos encontrando ninguna fórmula nueva, ninguna novedad desde el punto de vista legislativo en nuestro país, de las medidas que gobiernos anteriores fueron realizando, al contrario, sabiendo de que todas la leyes, decretos y resoluciones son perfectibles, aquí nosotros tomamos como base varias de las leyes anteriores; la ley de Empleo Juvenil 19.133 y la ley de Fomento al Empleo, 19.689, la ley 19.973, todas fueron tomadas en cuenta manteniendo, precisamente, lo más rescatable”, dijo.
El ministro quiso destacar especialmente que el proyecto de ley incorpora “con mucha importancia” todo lo que “tiene que ver con la formación profesional que es algo vital, importantísimo, buscamos que esta oportunidad que se genera, además le permita culminar los estudios a aquel o aquella que no haya podido hacerlo en tiempo y forma, ya sea primaria, bachillerato o la capacitación en cualquier otra área para donde esté trabajando”.
Ante preguntas de las y los periodistas, Castillo explicó que los contratos que se generen a partir de este proyecto de ley tendrán vigencia, en general, por 12 meses, pero también se ha contemplado, atendiendo los planteos de las organizaciones sociales, que haya contratos por 6 meses, buscando contemplar las zafras y los trabajados por temporada, según la zona del país.
“El universo que se busca alcanzar son todas las personas que necesitan un empleo o tienen dificultades para conseguirlo, ojalá que utilicemos todo el monto y todas las posibilidades”, dijo ante otra consulta.
“No queremos una ley perfecta en los papeles e impracticable en el territorio, vamos a promover esta ley, para que las y los trabajadores y los empresarios conozcan que se tienen estos derechos y estas posibilidades”, destacó.
Castillo adelantó que “habrá un trabajo de fiscalización para que las empresas que se amparen en la ley y accedan a los subsidios, los utilicen para que lo que fueron creados, por ejemplo no se pueden usar para trabajadores que están empleados y tampoco para cubrir despidos”.
En cuanto a una pregunta sobre qué expectativas tenía para lograr que el proyecto se apruebe en el Parlamento, el ministro explicó: “El proyecto de ley fue firmado por el presidente hace pocas horas y enviado al Parlamento, allí comenzará la discusión y negociación para su aprobación. Lo que nos consta es que varios gobiernos departamentales nos han expresado su preocupación por situaciones donde hay mayor nivel de desempleo o este se mantiene por mayor tiempo. También muchos legisladores, ayer estuvimos casi cinco horas con la ministra de Industria, en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, allí varios plantearon preocupación porque aparecieran instrumentos para atender la situación del empleo y nos preguntaban cuáles eran las medidas del gobierno, este proyecto de ley no intenta resolver todo, es un instrumento que procura responder a esas demandas”.
