La concepción, los centros y los ejes estratégicos para la construcción de una política pública de largo plazo para enfrentar al delito y la violencia.
El Ministerio del Interior presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) a diez años que propone “fortalecer las capacidades del Estado, mejorar la coordinación institucional y orientar la acción pública a partir de prioridades claras. Al mismo tiempo, busca construir una política pública de largo plazo, capaz de trascender gobiernos y ciclos electorales”.
La presentación se realizó en el consejo de Ministros en la Criolla Elías Regules encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi. El PNSP es resultado de un proceso de diálogo, político y social, que se desarrolló durante un año y plantea 79 acciones y más de 130 medidas, en curso o a mediano plazo.
La viabilidad del Plan se apoya en fortalecer las capacidades institucionales y la gestión de la Policía Nacional, trabajo sostenido, prioridades claras, coordinación institucional, monitoreo permanente y capacidad de corrección. Para ello, establece la necesidad de mejorar toda la cadena de respuesta del Estado: la prevención, la disuasión, el control, la investigación, la ejecución de la sanción penal y la reinserción social. Tiene un fuerte componente de trabajo con “la mejor evidencia disponible”, lo cual implica “mejorar los datos, aprender de la experiencia y evaluar las intervenciones”.
“Este Plan es una apuesta a construir una política nacional de seguridad pública sostenida en el tiempo, abierta a la evaluación y comprometida con los valores democráticos. Una política de Estado para proteger la vida, fortalecer la democracia y mejorar la seguridad de todos los uruguayos”, señala el ministro Carlos Negro al inicio del documento que sirvió como presentación pública del PNSP.
En cuanto a la perspectiva que orienta el PNSP, el documento señala que se concibe la seguridad pública como una función constitutiva del Estado, vinculada a la protección efectiva de derechos y a la garantía de la convivencia democrática. La acción pública en esta materia exige el fortalecimiento permanente de la legalidad, el debido proceso y el respeto irrestricto de los derechos humanos como base de legitimidad y eficacia.
Ejes estratégicos
El Plan articula capacidades de prevención, control, protección de víctimas, acceso a la justicia, investigación y sanción penal; prioriza los problemas, territorios y poblaciones de mayor riesgo; y combina medidas de reducción inmediata del daño con fortalecimiento institucional y prevención de largo plazo. Su criterio de conducción es claro: coordinar mejor, intervenir donde más importa y sostener lo que funciona, corrigiendo a tiempo lo que no, con seguimiento periódico y rendición de cuentas.
El abordaje del Plan es interagencial. Por eso, el PNSP se articula con políticas e instrumentos vinculados, entre otros ámbitos, a la justicia, las políticas sociales, la educación, la salud, el empleo, las drogas, la transformación digital, la gobernanza de datos y la cooperación internacional.
Esta articulación no supone una mera yuxtaposición de programas o instituciones, sino la convergencia de capacidades estatales en torno a objetivos compartidos de reducción de violencia, control de riesgos y protección de poblaciones vulnerables.
La estrategia contenida en el plan define fases temporales y los hitos esperados en cada fase, así entre el 2026-2027 concentra capacidades en la reducción del daño letal, el control de factores clave, la protección de casos de alto riesgo y la puesta en marcha de mecanismos de coordinación con seguimiento común desde el inicio; entre el 2028-2031 profundiza la investigación, la articulación interinstitucional, la persecución patrimonial y la mejora de la judicialización y la ejecución penal para sostener y ampliar resultados; en la tercera y última fase, entre 2032-2035 consolida capacidades de prevención de mediano y largo plazo, la atención post egreso penitenciario, la calidad institucional y la resiliencia frente a amenazas emergentes como base de estabilidad.
Sobre esa base, el Plan se organiza en 7 ejes estratégicos complementarios, con objetivos específicos que se refuerzan entre sí.
Estos ejes son: homicidios; violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes; control de arma de fuego y municiones; narcotráfico y economías criminales; ciberdelitos y fraudes informáticos; sistema de justicia criminal; sistema de prevención de la violencia y el delito.
Cada eje reúne un problema prioritario, una estrategia general, objetivos específicos, líneas estratégicas, acciones priorizadas, secuencia temporal, articulaciones con otros ejes, tensiones y salvaguardas, y señales de seguimiento.
Los ejes “homicidios; violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes; control de arma de fuego y municiones; narcotráfico y economías criminales; ciberdelitos y fraudes informáticos” se concentran en la reducción de daños severos y en el control de factores habilitantes de violencia y criminalidad.
Los ejes “sistema de justicia criminal; sistema de prevención de la violencia y el delito” en cambio, priorizan el fortalecimiento de capacidades institucionales y de prevención para sostener resultados en el tiempo.
La presentación de estos ejes en el PNSP permite identificar, en cada caso, tres cuestiones centrales: qué daño prioritario reduce cada eje en el corto y mediano plazo; qué capacidad estatal habilita para sostener resultados en el tiempo y qué dependencias inter-eje deben cumplirse para evitar regresiones de desempeño.
No todas las acciones avanzan al mismo ritmo.
Algunas requieren ejecución inmediata por la gravedad del daño. Otras exigen preparación normativa, interoperabilidad de datos o consolidación de capacidades antes de escalar. Esta diferencia de ritmo responde a la naturaleza de las intervenciones y a sus condiciones de implementación, y no a una jerarquía fija entre ejes. Esta regla de maduración evita expandir la cobertura sin calidad y protege la coherencia entre el diseño, el financiamiento y la ejecución a lo largo del período.
“Viene de lejos”
En la presentación del PNSP, el presidente de la República Yamandú Orsi expresó que se trata de un trabajo de muchos años de acumulación de la Policía Nacional, que permite identificar cuáles acciones funcionan y cuáles no y que permite “seguir una línea de trabajo que viene de lejos”.
El ministro del Interior, Carlos Negro, explicó que al inicio de la administración, la situación del país en materia de seguridad exigió trabajar en “dos velocidades”. En primer lugar, tomar medidas y acciones urgentes y, por otra parte, diseñar una política pública de mediano plazo, que trascienda la administración.
En la presentación, Negro destacó la reducción en la cantidad de homicidios; la disminución de la violencia de género, con un 18% menos de femicidios; la incautación de más de 3.000 armas de fuego, y la incautación de más de 9.000 toneladas de drogas. También recordó que se confiscaron 250 millones de dólares entre sustancias ilícitas, dinero y bienes, y se apresó a los dirigentes de las diferentes bandas que operaban en el país.
Los delitos contra la propiedad se redujeron en un 40%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2024 y 2025. Se redujeron en un 40% las estafas y un 37% los hurtos y rapiñas, dijo. El ministro subrayó que esa información corresponde a datos de delitos y no de denuncias.
Por último, afirmó que la actual administración se ha puesto del lado de los funcionarios policiales, incrementó los salarios, mejoró el equipamiento y trabaja en la educación.
