Tras cuatro años de vigencia del estado de excepción decretado en El Salvador por el gobierno de Nayib Bukele. al menos 500 personas han muerto en las cárceles del país.
La denuncia fue realizada, a través de un informe de la organización defensora de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario, que es citada en un reportaje de la agencia EFE.
En dicho informe “se especifica que 90% de quienes perdieron la vida en los recintos carcelarios no tenían perfil de pandilleros”, que ha sido “el principal argumento” usado para justificar las políticas represivas instaladas por Bukele.
“La cifra real”, de fallecidos, se afirma en el informe, “podría ser superior a los 2.000”.
La situación que ha sido denunciada en numerosas oportunidades, forma parte de lo que se define como un estado que lleva adelante una “recurrente política de violación de los derechos humanos”.
Este mes, señala la agencia de noticias el mandatario salvadoreño, “fue acusado de cometer crímenes de lesa humanidad por una comisión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas”.
Al referirse a la política de Bukele de realizar juicios masivos, familiares de presos que se consideran víctimas inocentes de la guerra antipandillas del presidente han denunciado que lo que se pretende es que los enjuiciados paguen «justos por pecadores».
En ese sentido, el abogado Félix López declaró a a AFP, que “hacer juicios masivos es condenar a justos por pecadores y es irrespetar las garantías del debido proceso”.
Lo justo señaló, es «individualizar los casos”.
La ofensiva de Bukele contra las pandillas es ampliamente criticada por organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, quienes denuncian que la misma “permite arrestos masivos sin orden judicial” bajo un régimen de excepción que está vigente desde marzo de 2022.
