La prohibición del ingreso a la Casa Rosada de varios periodistas que estaban acreditados para ello por parte del gobierno del presidente argentino, Javier Milei, fue “duramente criticada por la Iglesia católica”.
La prohibición del acceso, se recuerda Prensa Latina (PL), se hizo efectiva “el pasado jueves cuando (…) la visita de Peter Thiel, el magnate norteamericano dueño de la empresa Palantir”, que ha sido responsbilizada de “suministrar información equivocada de inteligencia artificial a las fuerzas armadas de Estados Unidos que provocó el ataque a una escuela iraní con saldo de casi 170 niñas muertas”.
Al prohibir la entrada de los periodistas, la Presidencia, adujo que la medida era “preventiva”.
Este accionar fue respondido por la Iglesia que dio a conocer “un duro comunicado y condenó la violencia contra el periodismo”.
En su denuncia, señala la agencia de prensa, “la Conferencia Episcopal argentina repudió la decisión de suspender las acreditaciones de todos los trabajadores de prensa en Casa Rosada luego de una insólita denuncia de la Casa Militar por supuesto espionaje ilegal contra dos trabajadores de TN y remarcó lo imperativo de erradicar discursos de odio”.
El comunicado de la Iglesia fue dado a conocer tras “la reunión que encabezó el arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, con representantes de periodistas acreditados en Casa de Gobierno”.
En dicho encuentro los trabajadores de prensa reiteraron la relevancia de su trabajo que tiene una trayectoria “prácticamente ininterrumpida desde 1940, incluidos tres períodos de dictadura”.
Lo trbajadores de los medios argentinos reafirmaron, además, “la necesidad de respetar el derecho a trabajar, a la libre expresión y a la información responsable a la sociedad”, haciendo “especial énfasis en el cuidado de los principios Constitucionales y los valores afectados en estas circunstancias”.
La prohibición de la administración libertaria está siendo analizada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, tras un amparo presentado por el diario Ámbito Financiero contra la extorsiva prohibición adopatada por la Presidencia.
Dicho medio, señala PL, “reclamó ante la justicia que la medida del ejecutivo vulnera derechos constitucionales como la libertad de prensa, el derecho a trabajar y el principio de igualdad ante la ley”.
