El parlamento de Israel aprobó un proyecto de ley por 62 votos a favor y 48 en contra, que establece de hecho la pena de muerte para palestinos condenados por “terrorismo” y homicidios de carácter “nacionalista”.
Israel solo permitía la pena de muerte en casos excepcionales, como delitos de traición y crímenes de guerra cometidos bajo el régimen nazi, pero no se aplicó durante décadas. La única persona ejecutada en Israel fue Adolf Eichmann, uno de los principales artífices del Holocausto, quien fue ahorcado en 1962 tras ser capturado por agentes de inteligencia israelíes en Argentina y posteriormente condenado en un juicio histórico, informó CNN.
Para el diputado Ofer Casiff del partido de izquierda Jadash y miembro del Partido Comunista de Israel, es muy “simbólico” que en el 50 aniversario del Día de la tierra Palestina, “el día que simboliza el robo, la confiscación de la tierra palestina por parte del Estado de Israel, el Knesset, el Parlamento Israelí, aprobó la pena de muerte para ¨terroristas¨ palestinos”, señaló y agregó que para los promotores de este proyecto, ahora ley, “no hay gente inocente en Jenin, ni niños inocentes en Jenin. Eso significa, de nuevo, que todos los palestinos son terroristas. Y si esta ley dice que los terroristas deben ser ejecutados y todos los palestinos son considerados como terroristas, eso significa, en otras palabras, que todos los palestinos deben ser ejecutados”, explicó. Finalmente sentenció: “Esta no es una ley de pena de muerte. Esta es una ley de genocidio”.
Otro de los líderes de la oposición, Yair Lapid, criticó la iniciativa durante su tratamiento en el parlamento y afirmó: “No somos como Hamas; somos exactamente lo contrario de Hamas. No establecimos un Estado judío para adoptar los estándares morales del islam radical. Esta ley dice: Si vienen a asesinarnos, la única solución es ser como los asesinos. Actuar como ellos, pensar como ellos, convertirse en ellos”.
La nueva ley establece de hecho la pena de muerte como castigo exclusivamente para palestinos condenados por delitos de carácter nacionalista, mientras excluye los asesinatos nacionalistas cometidos por israelíes judíos contra palestinos, lo que ha generado la indignación de organizaciones de derechos humanos.
En un comunicado, las organizaciones Adalah, Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI), HaMoked, Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI) y Gisha informaron este martes que presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo de ese país, que se suma a otro presentado por la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI, por sus siglas en inglés).
Afiman que la formulación de la ley “está diseñada específicamente para excluir a los autores judíos israelíes de delitos similares y garantizar que la ley se aplique exclusivamente contra los palestinos” y que su propósito principal es “la venganza en lugar de la disuasión legítima”.
La Sociedad de Prisioneros Palestinos expresó en un comunicado público que esta ley constituye “una escalada histórica: una nueva fase de ejecuciones de prisioneros palestinos abiertamente autorizadas y con motivación política”.
Las autoridades palestinas expresaron en un comunicado difundido por la agencia oficial palestina Wafa, que esta ley constituye una «violación flagrante del derecho internacional humanitario, en particular del Cuarto Convenio de Ginebra, que garantiza la protección de las personas y las garantías de un juicio justo, y una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el territorio palestino ocupado emitió un comunicado en el que afirma que Israel «debe derogar de inmediato la ley». «Las Naciones Unidas se oponen a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia. La aplicación de esta nueva ley violaría la prohibición del derecho internacional sobre castigos crueles, inhumanos o degradantes», destacó la oficina de la ONU.
“El hecho de que esta ley se haya aprobado el mismo mes en que la fiscalía general militar de Israel ha retirado todos los cargos contra los soldados israelíes acusados de agresión sexual a una persona palestina detenida (una decisión celebrada por el primer ministro y varios ministros) dice mucho del alcance de la deshumanización de la población palestina por parte de Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, estuvo entre quienes votaron a favor de la ley. Durante años hemos visto un alarmante patrón de aparentes ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos de personas palestinas, cuyos perpetradores también disfrutan de una impunidad casi total. Esta nueva ley que permite las ejecuciones sancionadas por el Estado es la culminación de esas políticas”, señaló Amnistía Internacional a través de Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.
Guevara hizo un llamado a la comunidad internacional: “A pesar de unas cuantas modificaciones de los borradores anteriores, toda condena de muerte impuesta en aplicación de esta ley constituiría una violación del derecho a la vida y, si se impone a personas palestinas del Territorio Palestino Ocupado, también puede constituir un crimen de guerra. La comunidad internacional debe presionar al máximo a las autoridades israelíes para que deroguen de inmediato esta ley, tomen medidas enfocadas a la abolición completa de la pena de muerte e invaliden todas las leyes y prácticas que contribuyen al sistema de apartheid impuesto a la población palestina”.
