La Asamblea General aprobó enviar a Fiscalía la investigación por la concesión al astillero Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas. El informe que fue aprobado, tras 17 meses de trabajo de la Comisión Investigadora, fue el del Frente Amplio, que constató graves irregularidades.
Este 14 de octubre la Asamblea General aprobó la siguiente resolución: “La Asamblea General reunida el día de la fecha, resuelve: Que se de respuesta al Oficio Nº2/2025 de la Fiscalía Letrada Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1º Turno, remitiéndose, a tales efectos, toda la documentación recibida, recabada y producida por la Comisión Especial, creada por Resolución del 23 de febrero de 2026, que investigó y analizó el Proceso de Adquisición de patrulleros oceánicos.
Que se remita a la Fiscalía General de la Nación el Informe en Mayoría presentado por la Comisión Especial, creada por Resolución del 23 de febrero de 2026, que investigó y analizó el proceso de adquisición de patrulleros oceánicos, a efectos de poner en su conocimiento los hechos y actos con apariencia delictiva que se detallan en el cuerpo del mismo, solicitando que se disponga su investigación por parte de la Fiscalía Letrada Penal competente, y se determinen las eventuales responsabilidades penales que pudieren corresponder a los partícipes involucrados, funcionarios públicos y particulares, nacionales y extranjeros”.
La resolución se aprobó con los votos del Frente Amplio, que se constituyeron en mayoría, tras la retirada de sala de los dos diputados de Cabildo Abierto.
Intervención de Tatiana Antúnez
EL POPULAR comparte lo central de la intervención en la Asamblea General de la diputada de la 1001 y el FA, Tatiana Antúnez.
“En primer lugar, quiero felicitar el trabajo de la Comisión, en particular la forma en la que fue llevando estos meses el proceso el senador José Luis Falero (Partido Nacional). Es de orden reconocer ese trabajo y ecuanimidad a la hora de llevar adelante esta tarea. Estamos, a todas luces, frente a un hecho que para hablar en plata tiene un carácter de fraude, un fraude al pueblo uruguayo. No hay confusión para la bancada del Frente Amplio en relación a este tema, lo que ocurrió con Cardama tiene vetas de apariencia delictiva y en ese sentido se seguirán los procedimientos correspondientes para esclarecerlo”, apuntó. “No estamos simplemente frente a un negocio que salió mal, sino ante una estafa consumada contra el pueblo uruguayo, que no hubiera sido posible sin la negligencia y la omisión de controles”, añadió.
Agregó que no es nueva “la necesidad del Estado uruguayo de adquirir este tipo de patrulleras. Esto se desprende de las declaraciones en comisión, por ejemplo, del ex almirante Alberto Caramés, es primordial y no se podía improvisar, por eso era necesario generar determinados procesos para la adquisición o incluso la fabricación en nuestro país y eso quedó constatado en las versiones taquigráficas”.
“Para adquirir patrulleras una de las cosas que se habló sistemáticamente, es que no se podía hacer sobre la base de un prototipo, ni tampoco contar con astilleros que no tuvieran probada experiencia, todo lo que con Cardama no sucedió. También fuimos viendo que los precios que se manejaban para la compra de los buques, superaban los montos que fuera imposible invertir (…) y hasta el año 2020 llegamos sin patrulleras y en ningún caso las razones fueron tan turbias como hasta ahora (…). Con la contratación a Cardama comienzan a aparecer evidencias recabadas por la Comisión que son lapidarias: la empresa entregó al Estado uruguayo un acta notarial absolutamente falsificada”, agregó la legisladora enumerando luego más irregularidades del proceso de adquisición.
“La empresa intentó encubrir sus incumplimientos presentando supuestas renovaciones de garantías que tenían características de haber sido manipuladas y montadas digitalmente. El astillero Cardama no tenía experiencia previa en la construcción de buques tipo OPV y el diseño de buque que fue ofrecido y contratado jamás había sido construido por esta empresa”, añadió.
La legisladora afirmó que un fraude de estas características no se concreta con la audacia solo de un estafador. “Se requieren acciones que la dejan pasar y es ahí donde entendemos que la Justicia tomará las definiciones correspondientes”, añadió.
“El proceso comenzó rebajando drásticamente las exigencias técnicas. El Ministerio de Defensa Nacional pasó de exigir más de 80 requisitos técnicos en el año 2022, a pedir solamente tres parámetros en 2023 para la selección de Cardama. Esta gravísima reducción de requisitos se hizo sin que existiera ningún informe técnico, jurídico o administrativo que se fundamentara. Se excluyó del proceso de selección a la Comisión Técnica de la Armada, apartando a los oficiales especialistas que habían elaborado las exigencias del proceso anterior”, denunció la diputada de la 1001.
“También se constata que el Ministerio de Defensa Nacional recibe un oficio por parte del Comandante en Jefe de la Armada Nacional, recomendando que la oferta de Cardama fuera realizada directamente por el astillero, previo a oficializarse el nuevo llamado con todas las exigencias técnicas. Allí es que se rebajaron los 80 requisitos de manera injustificada e inconveniente, es decir, sin contar con los informes correspondientes para la fundamentación de esta decisión”, añadió.
“El exministro de Defensa, Javier García, asumió ante la Comisión la responsabilidad política íntegra de esta adjudicación directa que se hizo sin pliegos y sin competencia. El Ministerio de Defensa Nacional desoyó las advertencias del propio Banco Central del Uruguay que había recomendado, contratar el asesoramiento especializado de un corredor de seguros para evaluar adecuadamente los riesgos de las garantías ofrecidas. Las autoridades del Ministerio otorgaron prórrogas mediante mandato verbal y se terminó aceptando garantías que no cumplían con las exigencias del contrato, justificando su decisión en algo que se planteó como el uso del sentido común, o sea, se facilitaron pagos a una empresa y la contratación de la misma por el uso del sentido común y eso quedó también en actas”, agregó.
“Se llegó a la barbaridad administrativa de autorizar el primer pago por más de 8 millones de euros, sin que el Ministerio de Defensa tuviera siquiera en su poder los documentos originales de la garantía. Apenas horas antes del cambio de gobierno, a fines de febrero del 2025, el entonces comandante en jefe de la Armada, Almirante Jorge Wilson, avaló un segundo pago millonario aceptando la documentación sin traducir y sin apostillar”, denunció, entre otras irregularidades.
“Producto de esta estafa, el Estado uruguayo llegó a desembolsar aproximadamente 30 millones de dólares y hoy no contamos con las patrulleras oceánicas, que es unánime que nuestra Armada necesita. Esto no fue un simple error de administración, fue una cadena inaceptable de omisiones y de decisiones contrarias al interés público que facilitaron el fraude. Por la defensa del patrimonio de los uruguayos nuestra fuerza política exige que las conductas con apariencia delictiva derivadas de este proceso sean juzgadas con todo el rigor de la ley. Nuestro gobierno ha defendido los intereses de nuestro país y no admite que conductas de apariencia delictiva sigan avanzando de manera impune. Hemos decidido no mirar para el costado y defender nuestro patrimonio”, finalizó Antúnez.
