La decisión del Knesset de aprobar una ley que impone la pena de muerte a los palestinos ha sido calificada por el Partido Comunista de Israel como «una escalada muy peligrosa en la represión institucionalizada de todo un pueblo».
La ley, que fuera aprobada en la noche del 30 de marzo, «estipula que se impondrá la pena capital a cualquiera que lleve a cabo un ataque mortal «con la intención de negar la existencia del Estado de Israel».
Se trata de una ley que «está redactada de tal manera que se dirige mayoritariamente contra los palestinos».
De acuerdo al diario Octubre, en dicha norma, «la carga ideológica» de la prueba que se introduce en la misma «funciona como un filtro político: está diseñada para garantizar que los palestinos puedan ser condenados a muerte, mientras que los autores judíos de actos de violencia quedan protegidos tras resquicios legales e ideológicos».
El apoyo entusiasta a la ley, entre ciertos sectores del gobierno israelí, se añade, «no hace sino subrayar su carácter reaccionario».
Uno de sus principales promotores y defensores, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, no ha dudado en exhibir «repetidamente un pin con forma de soga, refiriéndose, además, «públicamente a métodos de ejecución como la horca y la silla eléctrica».
ello prueba que dicho «simbolismo no es casual; refleja la normalización de la violencia extrema, sancionada por el Estado, contra los palestinos».
Ante ello, señala el medio de prensa, «el Partido Comunista de Israel emitió una denuncia clara e inequívoca.
Se trata de uan «ley que impone la pena de muerte a los árabes» por lo que es considerada como «una legislación racista que afianza el apartheid legal contra los palestinos».
Ante ello y «desde una perspectiva de principios, el Partido Comunista de Israel y sus aliados» reafirmaron «su total oposición a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia» y señalan que «la santidad de la vida humana es incompatible con las ejecuciones estatales».
Esta ley, denuncian, «representa algo cualitativamente peor» es por ello que «basándose en el principio de la santidad de la vida, Hadash-Ta’al se opone a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia y contra cualquier persona, pero aún más cuando se trata de legislación selectiva y racista que contradice las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional».
La acusación política fundamental de los comunistas israelés es «que el Estado israelí está consolidando abiertamente un régimen jurídico dual estructurado según criterios nacionales y raciales».
«Al aprobar este proyecto de ley», advierten, «el gobierno admite que el Estado de Israel opera dos sistemas jurídicos separados basados en la nacionalidad y la raza: uno que permite la ejecución de árabes y otro que brinda protección e inmunidad a los delincuentes judíos; esto es apartheid en su máxima expresión».
La nueva norma, se agrega, «no es simplemente un avance legal, sino un hito político» ya que la misma «expone, de forma contundente, el carácter clasista y nacional del Estado israelí, donde la represión no es una excepción, sino un principio rector en lo que respecta al pueblo palestino».
Como consecuencia de ello, Hadash-Ta’al anunció «que presentará una petición urgente ante el Tribunal Supremo solicitando la anulación de la ley, lo que indica que la lucha contra esta medida continuará tanto en el ámbito político como en el jurídico».
