Ya nadie duda que Cabildo Abierto es una fuerza política compuesta por una multiplicidad de caras. Para afuera, pretende diferenciarse del resto de los miembros de la coalición y, para adentro, le ha hecho el juego al Gobierno. Sin embargo, el rumbo que tomó esta administración lo fue alejando paulatinamente de su identidad original, aquella con la que por el año 2019 anunciaba que se acabaría el recreo y que venían a cambiar la política. Bastaron tres años de Herrerismo, para que quedara en evidencia cuál es la verdadera incidencia de Cabildo Abierto dentro de la coalición oficialista.
Ahora, cada vez más cerca de las próximas elecciones nacionales, necesitan presentarse —nuevamente— como rupturistas, como una fuerza política que quiere hacer las cosas de manera diferente.
Desde la Comisión de Constitución y Legislación estuvimos trabajando en un proyecto de ley que atiende la situación de los deudores crónicos; una propuesta seria, realizable y técnicamente sólida, a la que Cabildo Abierto pretendía sumarse. Sin embargo, la fuerza política del general Manini ha preferido otro camino, proponiendo un nuevo proyecto, plagado de errores e inconsistencias.
Los proyectos de Reestructuración de Deudas, y Registro de Morosos y Acceso a Servicios Públicos, a punto de naufragar por la intransigencia de Cabildo Abierto
Haciendo perfilismo, Cabildo Abierto pretende embanderarse como los únicos defensores de los deudores, buscando un punto de incidencia de cara a las próximas elecciones.
En la Comisión de Constitución y Legislación existían proyectos de ley que atendían la situación de los deudores, pero, en lugar de consensuar y dialogar con el resto de las fuerzas políticas, decidieron plantear un nuevo proyecto que no busca otra cosa que hacer naufragar la idea inicial. Anuncian que van a salir a juntar firmas en caso de que no se vote, cuando en realidad lo urgente y responsable sería trabajar en un acuerdo posible, al menos con nuestra fuerza política.
Ya existe un Proyecto de Reestructuración de Deudas en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación, que podría aprobarse fácilmente con los votos del Frente Amplio, Cabildo Abierto y de cualquier otra fuerza política que quiera sumarse. Era cuestión de voluntad política. En este proyecto se propone crear un proceso reservado para el deudor de créditos al consumo que sea de bajos recursos, a fin de cancelar todas sus deudas. Además, propone determinar como prohibidas las prácticas de cobro abusivas, la violación a la intimidad de las personas y el uso de información errónea, entre otras consideraciones. Se establece un plazo especial de caducidad para los intereses moratorios y la obligación de informar la tasa de interés implícita.
Desde el Frente Amplio también promovimos un proyecto que se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación: el Registro de Morosos y Acceso a los Servicios Públicos, para abordar el injusto tratamiento de los datos personales de los deudores. Según surge de la presentación de un informe reciente sobre Endeudamiento y pobreza, de Graciela Sanroman, en Uruguay, unas 900.000 personas están en el clearing y más de 600.000 en situación de default (más de 180 días de atraso) frente al sistema financiero. Un verdadero problema.
A través de este proyecto pretendemos que los organismos públicos que presten servicios básicos a la población (agua, luz, telefonía y conectividad, acceso a soluciones habitacionales o garantía de alquiler), no puedan limitar el acceso por el simple hecho de que la persona que lo solicita se encuentra incluida en una base de datos relativa a la actividad comercial, crediticia o registro de deudores morosos ( clearing de Informes). Por tanto, su historial de impagos y la realización o no de refinanciaciones de adeudos, no impedirá que acceda a la contratación de dichos servicios. En el caso del alquiler de vivienda, tampoco se considerarán los datos registrales de los deudores como un obstáculo o impedimento para la contratación por parte de agentes inmobiliarios inscriptos en el Registro de Inmobiliarias del Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación, del Ministerio de Economía y Finanzas.
A pesar del trabajo realizado en el seno de la Comisión, Cabildo Abierto decidió presentar otro proyecto de ley, que, por estar plagado de errores e inconsistencias, no podremos acompañar. Desde el Frente Amplio no concebimos una forma de hacer política ligada a la demagogia. Por eso, no estamos dispuestos a acompañar un proyecto de ley disparatado, que no podrá ser llevado a la práctica, producto de sus propias falencias.
Para la reestructuración de adeudos, Cabildo Abierto propone un procedimiento muy difícil de aplicar —por largo y costoso— que prevé situaciones crediticias sin establecer limitación en cuanto al origen de la deuda (podría aplicarse a cualquier deuda, inclusive a las deudas hipotecarias y prendarias), donde el juez deberá contar con un perito contador. De esta forma, Cabildo Abierto opta por una solución compleja, casi imposible de llevar a la práctica y que ha sido críticado por una experta en la materia, como lo es la Dra. Dora Szafir.
El proyecto de Cabildo Abierto no está pensado para los sectores más vulnerables, sino que distorsiona todo el sistema crediticio. No establece ningún marco a su aplicación, pudiendo surgir problemáticas a nivel judicial general, pues, no se comprende cómo se articularía este proceso, que se regula con otros ya existentes. Sin mencionar todas las inconsistencias procesales y hasta del punto de vista del derecho civil.
Otra forma de hacer política
La creación de políticas de Estado que favorezcan a los sectores más perjudicados de la sociedad debe ser una tarea de todos los días. No vale respaldar una política económica que ha incrementado notoriamente la pobreza y la miseria, para luego —cuando se va terminando el mandato y se aproximan las elecciones nacionales— proponer un proyecto demagógico que trae más problemas que soluciones. Cabildo Abierto, que durante todo el mandato de Lacalle Pou respaldó una política económica que aumentó la pobreza y la indigencia, ahora se hace el desentendido, proponiendo un proyecto de ley que es invotable por donde se lo mire.
Para hacer propuestas serias hay que saber qué se quiere y hacia dónde se va. Desde el Frente Amplio tenemos muy claro qué somos y hacia dónde vamos. Tenemos un proyecto político para el Uruguay del presente y del futuro, y no tenemos el temor de afirmar que se encuentra en las antípodas del proyecto herrerista que hoy nos gobierna.
El país viene soportando una nutrida agenda de episodios (a cuál de todos más escandaloso), algunos de los cuales Cabildo Abierto ha sabido ser protagonista principal. En ese escenario, la intención de distanciarse del Gobierno sin dejar de ser parte, deja al descubierto una maniobra que mina la confianza de un electorado que rechaza la mentira y empieza a definir su voto.
A juzgar por las encuestas de opinión, la definición electoral viene siendo muy crítica con quienes llegaron diciendo que venían a cambiar la política y terminaron reivindicando —y aplicando— las peores prácticas.
Charles Carrera Leal
Senador de la República
MPP – Espacio 609 – Frente Amplio
