Terrorismo de Estado en Tacuarembó.
Por Paola Beltrán
A inicios de marzo, en Tacuarembó, el Juez Letrado Oscar Suárez dictó sentencia y condenó al militar retirado Carlos Chaine a 7 años de penitenciaría por crímenes de lesa humanidad contra los militantes comunistas Emilio Toribio, Ariel Zapata, Carlos Pintos y Julio Basualdo, en el marco de la Operación Morgan. Este proceso que llevó 12 años, desde la denuncia a la sentencia, refleja procesos de revictimización, la relevancia de romper el silencio y la fuerza del colectivo.
El Dr. Cley Espinosa, abogado que representó a los denunciantes, en entrevista con EL POPULAR, profundizó sobre estos elementos y señaló la necesidad de una historia “integral” que de cuenta de la aplicación del terrorismo de Estado en el interior del país.
Comenzar a andar
Espinosa dio cuenta de un proceso que inició en 2012 a partir de que el Poder Judicial recuperó su capacidad de juzgar los crímenes de lesa humanidad. En ese entonces, hubo un llamado a que se presentaran denuncias y como abogado decidió poner su estudio a disposición para llevar adelante estas causas.
“Empezamos a organizarnos y entrevistarnos con los que después van a ser los denunciantes. En marzo de 2012 se presenta la primera tanda de denuncias y después en agosto de ese mismo año se presenta otra tanda que totalizan unas 30 denuncias sobre distintos momentos de la represión en la ciudad de Tacuarembó; desde la represión en el 72´, en la Huelga General, en el caso del Partido Comunista de Uruguay (PCU) en el 75´ y 76´, la represión estudiantil, etc, en el período de lo que fue el Terrorismo de Estado”, explicó.
El primer paso fue hacer un listado de personas que habían estado detenidas en Tacuarembó, un trabajo “colectivo” que permitió contactar y entrevistar a las víctimas, consultar si querían denunciar, preguntar qué habían vivido.
“Fue todo un proceso y siempre iba uno de nosotros con un compañero, alguien que fuera de confianza del denunciante” dijo. Esto fue clave ya que “es muy difícil, en el interior, lograr ese acto de denunciar”. Esta forma de trabajo terminó conformando un grupo y en torno a ese grupo, rodeando y conteniendo, otra cantidad de compañeros y compañeras. “Cuando se hicieron las denuncias se concentraban en la puerta del juzgado y fueron unos cuantos, lo cual daba psicológicamente un respaldo, un apoyo a los denunciantes sabiendo que varios de los represores estaban vivos en ese momento”, detalló.
En aquellas entrevistas – señaló – también había gente que decía que personalmente no iban a denunciar pero que si los necesitaban como testigos estaban. Es el caso de María del Carmen Rebuffo y María Elvira Gómez, entre otros, víctimas también de tortura en ese mismo cuartel de Tacuarembó.
Espinosa destacó que entre todas las causas de Tacuarembó declararon en el entorno de 100 personas. “Es muy valiosa la cantidad de declaraciones que hay en esos expedientes y las distintas diligencias probatorias que se llevaron adelante”, dijo y agregó “eso fue muy bueno, para mi ya ganamos cuando presentamos la denuncia, porque se llenó la puerta del juzgado de gente, denunciantes y de gente que fue a apoyar”.
El camino
En Tacuarembó, como en muchos departamentos del país, en donde todos se conocen, los represores conviven con las víctimas cotidianamente. En este largo proceso, de los cuatro denunciantes sólo uno llegó vivo a la sentencia al igual que los acusados.
“Me doy cuenta lo que significa para ellos el haber denunciado y sostenido la denuncia todos estos años. Esto implica declarar más de una vez, declarar ante psicólogos forenses, lo que fue una experiencia muy pesada porque tuvieron que viajar a Montevideo más de una vez donde un profesional va hasta el fondo en las preguntas”, informó.
En su momento hubo conversaciones a la interna del grupo sobre acceder o no a esas pericias porque tienen un fuerte componente de revictimización. “Pero la experiencia que tenemos es que si bien importa probar las secuelas físicas, muchas veces no las hay o no son tan perceptibles en historias clínicas pero las pericias psicológicos son muy contundentes sobre las secuelas psicológicas; son una prueba importantísima que valió la pena al igual que las inspecciones judiciales en los lugares donde estuvieron, todo eso lo valoro mucho, realmente, por eso fue un colectivo de denunciantes que hoy se transformó en una Asociación Civil que se llama «Colectivo por memoria, verdad y justicia de Tacuarembó» que básicamente está integrado por estos denunciantes lo cual refuerza la idea de tarea colectiva”.
Por su parte Espinosa no considera que su decisión de implicarse en estos casos de lesa humanidad sea un gesto de valentía. “En mi caso en particular me siento libre de esos miedos, es por una cuestión generacional seguramente, yo nací en 1975 y noto sí que mis denunciantes consideran que como que hay cierto coraje en eso, yo personalmente no me doy cuenta”, afirmó.
Este juicio se llevó adelante en el marco del viejo Código Penal que, a diferencia del actual, no obliga a que las instancias judiciales sean públicas. Sin embargo, señaló el abogado, se buscaron los mecanismos apoyados en la ley 18026 de “Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad” que establece, entre otros puntos, que “el denunciante, la víctima o sus familiares podrán acceder a la totalidad de las actuaciones, proponer pruebas, poner a su disposición las que tengan en su poder y participar de todas las diligencias judiciales”.
“Tratamos de que sean lo más público posible pero siempre es muy difícil con la justicia, sobre todo la justicia en ciudades como Tacuarembó donde la tendencia siempre es a no mostrar, a que no haya gente afuera, no lo prohíben pero no les gusta, hay una cultura del secreto, pero nos fuimos ingeniando para que ingresen por lo menos algunos de los denunciantes, de las víctimas, estuvieron presentes en algunas audiencias de este juicio. Incluso la presencia de ellos fue importante también porque hasta se dio algún careo espontáneo”, explicó.
Por otro lado, como pasa en todas las causas de este tipo, la dilatación en el tiempo, en general, responde a lo que se conocen popularmente como “chicanas” por parte de los acusados, sobre todo en los casos que se encuentran bajo la órbita del Código Penal anterior.
“Incluso cuando son varios imputados se turnan para hacer las chicanas, entonces es muy decepcionante. Pero ya está demostrado que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir, porque los resultados a la larga llegan”, afirmó.
Llegar a la meta
La sentencia fue “muy reconfortante porque es como una confirmación, porque cuando hay un procesamiento o una formalización está bueno pero todavía no es condena, tiene como un peso diferente, llamó la atención la repercusión mediática que tuvo, a ellos mismos y la verdad que fue una linda experiencia”.
Entre las consecuencias sociales destacó la importancia de que la población sepa “que la historia reciente no pasó solo por el área metropolitana” sino que “hubo un ejército absolutamente descentralizado que operó en todos los cuarteles del país de forma terrible. Poco y nada se sabe, poco y nada hay escrito sobre el terrorismo de Estado en el interior y espero que todas estas cosas ayuden a que un día tengamos una historia más integral” y agregó “me consta que hay departamentos en el Uruguay con cuarteles que no tienen denuncias y estoy seguro que en todos los cuarteles del Uruguay se reprimió y pasaron estas cosas. Hay mucho por delante para seguir investigando”.
En este sentido, Espinosa compartió varios casos que está patrocinando y que se encuentran en proceso: una denuncia en un juzgado letrado de Rivera vinculado a la represión en el año 1972 en el cuartel de ese departamento; un juicio que está en trámite, pendiente de resolución y que lleva 14 años a pesar de existen pruebas “contundentes” contra los denunciados, y con el Código nuevo, una denuncia en Bella Unión vinculada a la muerte de Miguel Angel Cuello en el cuartel de Bella Unión y a todos los malos tratos, tortura, privación ilegítima de libertad que ocurrieron en ese cuartel en donde ya hubo una formalización de un militar, Varela y ahora, para el 24 de marzo está convocada una audiencia para la formalización de otro militar, Abayubá Burlón. A esto se suman otras denuncias y causas que se encuentran en proceso en Tacuarembó.
Ya cerrando el diálogo Espinosa comparte una afirmación que está sustentada en la práctica concreta, en la experiencia de un proceso judicial pero también un proceso profundamente humano: “es muy importante el juntarse, organizarse, acompañarse y así se puede, de esa forma se puede”.
Emilio Toribio junto a Rodney Arismendi.
Julio Basualdo.
Ariel Zapata.
Carlos Pintos.
