Por Paola Beltrán
El lunes 9 de marzo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social Juan Castillo presentó ante el Consejo de Ministros el borrador del proyecto de ley de una nueva ley de empleo. La misma recoge las demandas de todo el país relevadas en la gira que realizó la Dirección Nacional del Empleo en 2025 y busca tener un carácter integral, fortaleciendo su llegada al interior del país, incluyendo nuevos grupos beneficiarios y estimulando la permanencia de los y las beneficiarias en los puestos de trabajo.
Principales propuestas
Durante el 2025 la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) recorrió los 18 departamentos del interior del país para escuchar las demandas y necesidades de los trabajadores y también de los empleadores. En lo que va de 2026 las recorridas incluyeron Montevideo.
Entre los principales elementos que surgieron en el interior del país, informó a EL POPULAR el director de la DINAE, Federico Araya, se encuentra la demanda de las micro y pequeñas empresas para poder acceder al beneficio.
La ley vigente, la 19.973, aprobada en el gobierno del Lacalle Pou en 2021, resultó imposible para este sector a la hora de acceder a los subsidios. Las tramitaciones eran accesibles para empresas con áreas de gestión de recursos humanos, pero no para las micro y pequeñas que no cuentan con esta fortaleza. Este punto en particular explica por qué el 80% de las contrataciones, con la actual ley, se concentraron en Montevideo y Canelones.
Otra crítica que estuvo presente en el diálogo con los actores involucrados es que la ley actual solo está pensada para empresas a partir de 20 empleados. “Si soy una persona que tiene un kiosco y lo atiendo yo mismo y quería contratar por la 19.973 no podía y ahora estamos levantando esa restricción en este proyecto”, afirmó Araya.
La nueva ley recoge estas inquietudes y modifica los criterios, facilitando el acceso a micro y pequeñas empresas a la vez que posibilita que empresas con menos de 20 empleados puedan solicitar el subsidio lo que tendrá un impacto directo en el interior del país. Como lo señaló el ministro Juan Castillo a la salida del consejo de ministros “uno puede decir que hay 7.1% de desempleo a nivel nacional pero cuando vas a algunos departamentos el desempleo es del 11.4 % o 12.7 %”.
El ministro también destacó “poblaciones que estaban quedando al margen de esta posibilidad de utilizar la ley” y esto corre, como vimos, tanto para potenciales empleadores como también para otros colectivos mayormente vulnerados. Es así que la ley vigente está destinada a jóvenes y personas mayores de 45 años y la propuesta es incorporar, además, a personas con discapacidad, liberadas, afro, trans y mujeres jefas de hogares monomarentales.
Fomentar y sostener
Un estudio realizado por el MTSS en base a datos proporcionados por el BPS, mostraron que, de los beneficiarios de la actual ley de empleo, el 40% no tenía registro posterior de actividad laboral, lo cual demuestra la dificultad para que él o la trabajadora permanezca en la formalidad laboral. Otro dato que se obtuvo de este estudio indica que solo 44% de la población que es contratada por la ley actual de empleo llega a cumplir el contrato de 12 meses y un 30% no llega a cumplir los tres meses de prueba. Si bien el estudio no explica las causas de estas dificultades, el proyecto prevé una extensión del subsidio a 24 meses para las empresas, cualquiera sea su tamaño, que logre que los y las trabajadoras se mantengan en su puesto de trabajo.
Otro capítulo del proyecto de ley que resaltó el Director de Empleo refiere al fomento de emprendimientos que tiene en su salida al cooperativismo. El objetivo es trabajar en conjunto con la Institución Nacional del Cooperativismo (INACOOP).
Sobre la nueva ley Araya sostuvo que “es clave que el instrumento se utilice, que se utilice bien, que aumente la cantidad de contrataciones y la duración en tiempo de esas contrataciones, ahí tenemos un desafío bastante importante. Bajar el número de contrataciones que duran menos de tres meses; también el seguimiento que podamos darle a las personas que se incorporan a través de la ley va a ser clave”, afirmó.
Se trata entonces, como señaló el ministro Castillo, de una ley integral que recoge un proceso de construcción de políticas activas de empleo que inició con la ley de empleo juvenil aprobada en 2018 y sus sucesivas modificaciones.
Según informó Araya, se incorporarán y ajustarán algunos aspectos a partir de los comentarios y aportes recibidos en el Consejo de Ministros y aspiran a presentarla ante el Presidente de la República la semana próxima para que éste la remita al Parlamento para su discusión y posterior aprobación.
