Por Bruno Giometti (*)
La plataforma presentada por el PIT-CNT, a la sociedad y al gobierno, en el marco del paro general de 24 horas, considera y contempla las necesidades de las grandes mayorías populares.
Se pueden ver reflejados en ella los trabajadores asalariados, por supuesto, pero también otros vastos sectores sociales que conforman al pueblo uruguayo. Es una propuesta posible y necesaria para el momento histórico en que nos encontramos. Vamos a repasar los fundamentos económicos de la plataforma.
Contra el hambre y la desigualdad
Decenas de miles de compatriotas se encuentran en una situación verdaderamente dramática, al punto de no tener resueltas sus necesidades mínimas, incluso las alimenticias. Desde el año pasado han surgido 700 ollas populares y merenderos, a los cuales han tenido que recurrir entre 50.000 y 100.000 personas desde marzo del año pasado. En el año 2020 se incrementó en 100.000 la cantidad de personas bajo la línea de pobreza. Resulta evidente que las políticas desplegadas para contrarrestar esta situación han sido tardías y muy insuficientes.
Los trabajadores organizados reivindican el establecimiento de un ingreso transitorio de emergencia, para los hogares más vulnerables, mientras dure la crisis económica y social. Esta política debería abarcar a las personas desocupadas, a los trabajadores informales cuya actividad se encuentra afectada por la emergencia sanitaria y a los hogares vulnerables que reciben prestaciones del MIDES. Son unos 320.000 hogares que deberían recibir un ingreso mensual de un salario mínimo nacional ($17.930). Es viable desde el punto de vista financiero, permitiría a estos hogares cubrir de mucha mejor forma las necesidades de consumo mínimas y serviría también como elemento dinamizador del mercado interno minorista de productos básicos.
Es un paro contra la desigualdad, tendencia propia del capitalismo, pero que se profundiza en situaciones de crisis como la actual. Sumado a esto, las políticas que viene implementando el gobierno para cuidar a los “malla oro” que supuestamente van a reactivar la economía y derramar ingresos para todos, no hacen más que exacerbar este aumento de la desigualdad. Hay un puñado de grandes propietarios, empresarios y altos cargos directivos (apenas el 1% de la población) que se vienen enriqueciendo en el marco de la pandemia. Como plantea el PIT-CNT, se debe exigir un aporte económico a los grandes propietarios que han tenido renta positiva en el último año; a los que tuvieron ganancias extraordinarias por el incremento de los precios de las materias primas que el país produce y exporta; a las empresas y personas físicas que han incrementado sus depósitos de dinero en el exterior. Esas políticas contribuirían a reducir la desigualdad y no afectarían la inversión, dado que se grava la acumulación de riqueza y las ganancias extraordinarias: ningún empresario o empresa al que le va bien se va a ir del país por tener que aportar un poco más.
Por trabajo y salario
El trabajo es un problema central. Por la inserción dependiente del Uruguay en el capitalismo global, en medio de una revolución científico-tecnológica, la creación de empleo de calidad es una dificultad persistente y se agrava en momentos de retracción del ritmo de crecimiento económico. En el quinquenio previo al año 2020 se habían perdido 50.000 empleos netos.
La llegada de la pandemia aceleró y agravó el problema. En el año 2020 se destruyeron 60.000 puestos de trabajo y el ritmo de recuperación del empleo es aún muy lento. Según la encuesta que el Banco Central del Uruguay (BCU) realiza a analistas especializados, recién entre 2022 y 2023 se podrá haber recuperado la tasa de empleo que se tenía en el año 2019. Los sectores de actividad económica que se están recuperando en lo que va de 2021 son poco intensivos en empleo en términos comparativos (agropecuaria, agroindustria).
Si bien el gobierno ha implementado algunas políticas orientadas a paliar, en parte y transitoriamente, la situación del empleo (los llamados jornales solidarios, beneficios a las empresas que reintegran trabajadores) simultáneamente ha tomado medidas que tienen consecuencias en una dirección contraria, como la reducción del presupuesto en obras e inversiones públicas que dinamizan el empleo, el recorte de contratos y horas de trabajo en el Estado, junto al achique del mercado interno, por el impacto de la caída del salario, del cual depende la mayoría del empleo en nuestro país.
Generar empleo de calidad es difícil, sobre todo en un país capitalista dependiente como el nuestro. El empleo depende fundamentalmente de la inversión y estamos en un momento en que la inversión privada es baja. En este contexto debe entrar mucho más en juego el Estado como dinamizador de la economía. Los trabajadores proponen varias líneas de acción, como incrementar la inversión pública (parte de ello es adelantar inversiones ya previstas para años posteriores), utilizar las compras públicas para apuntalar la producción nacional, profundizar los estímulos, particularmente a las inversiones intensivas en empleo y relanzar el sector de los cuidados (generador de empleo sobre todo femenino).
Finalmente, el paro es por salario. Primero que nada, debemos salir de la trampa que nos plantea el pensamiento dominante, y quienes se valen del mismo para defender sus intereses, de que empleo y salario son variables contrapuestas.
Eso es falso empíricamente: durante la mayor parte de los gobiernos del Frente Amplio empleo y salarios crecieron simultáneamente, mientras que en el año 2020 la reducción del salario real no evitó que se perdieran 60.000 empleos.
Pero también se puede rebatir conceptualmente: el salario por un lado es un costo para las empresas, pero la masa salarial global es el principal componente de la demanda agregada de la economía, variable de la que dependen las ventas de la mayor parte de las empresas (que venden en el mercado interno) que a su vez son las empresas con mayor peso en la estructura de empleo total.
El salario real de los trabajadores privados tuvo una disminución de aproximadamente 4% en el llamado período puente, que va de julio 2020 a junio de 2021; mientras que los públicos están teniendo una pérdida de poder de compra de aproximadamente 5% a lo largo del año 2021. Más allá de las particularidades de cada sector de actividad, que deberán ser contempladas en los espacios de negociación colectiva, las pautas salariales tendrían que asegurar que se detenga la caída del salario real (para lo cual los trabajadores privados deberían tener un ajuste de salario en julio) y se establezca un cronograma de recuperación de lo perdido hasta ahora, a partir de enero de 2022.
Una plataforma para todo el pueblo
Como puede apreciarse, la plataforma de los trabajadores organizados comprende a las grandes mayorías del pueblo uruguayo. Sin dudas a los asalariados, del sector privado y público, junto a sus familias; también a los desocupados para los cuales se plantean alternativas orientadas a la generación de empleo; al conjunto de los hogares más vulnerables, muchos de los cuales necesitan un ingreso transitorio de emergencia para asegurar el sustento en esta coyuntura; los jubilados cuyo ingreso ajusta por el Indice Medio de Salarios; los pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, así como los trabajadores independientes, cuya actividad depende del fortalecimiento del mercado interno.
A los que han tenido importantes ganancias económicas a pesar de la pandemia, a los grandes exportadores que se están beneficiando de incrementos extraordinarios de los precios internacionales, a los grandes propietarios de riqueza, a quienes han acrecentado sus ahorros en el exterior, a ese 1% más privilegiado, se le debe exigir un aporte mayor.
(*) Economista del Instituto Cuesta Duarte y de “Valor!!”.
