Paola Beltrán
Fue condenado a 12 años de prisión el militar retirado Enrique Uyterhoeven por «reiterados delitos de privación de libertad», «reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos», que a su vez se dieron en «concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves», todo esto en concurrencia con «reiterados delitos de tortura» según consta en el fallo judicial de la Jueza en lo penal de 23º Turno, Isaura Tórtora.
La denuncia fue presentada en 2011 por “violación de los derechos humanos contra Ivonne Kliger, Néstor Nieves, Omar Pérez, Alda Garrido, Antonia Yáñez, Sergio Rodríguez, Adela Vaz, José Bruzzone, Luis Arismendi y Ariel Casas”, militantes comunistas que fueron secuestrados y torturados en el centro clandestino de detención y tortura de “La Tablada”, también conocida como “Base Roberto”, lugar donde funcionaba la OCOA ( Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) que Uyterhoeven integraba.
EL POPULAR entrevistó a Pablo Chargoñia, abogado especializado en derechos humanos, integrante del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu que llevó adelante este y otros casos de delitos de lesa humanidad.
Chargoñia explicó que Enrique Uyterhoeven, más conocido como “Ulises”, “es un ejemplo de un integrante del siniestro OCOA, el Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas, que se dedicaba a hacer tareas que llamaban de inteligencia pero que no eran otra cosa que la persecusión de los adversarios de la dictadura y funcionaba en el momento en que ocurrieron los hechos descriptos en la condena de Uyterhoeven en “La Tablada”, un centro clandestino de detención, de tortura y de desaparición”.
Y agregó que “en este caso la condena a «Ulises» a penitenciaría se apoya en el testimonio valiente de los sobrevivientes de la tortura que describieron el uso constante del submarino, del caballete, que es una horrenda forma de la tortura utilizada en ese lugar, del empalamiento, del abuso sexual y de la tortura de privación, que muchos hombres y mujeres señalan como una de las más duras del tormento, que consistía en la privación del sueño, del agua, de la higiene, de la alimentación adecuada; lo que los militares llamaban «el ablandamiento». Pues bien, «Ulises» era una parte de esa maquinaria de tormento que funcionaba en forma ostensible, sistemática y planificada”.
Chargoñia destacó lo que expresa la jueza Isaura Tórtora en el fallo sobre que “hay un ejemplo más, con prueba concreta, del acaecimiento de los tratos inhumanos, crueles y degradantes, en el caso de “La Tablada”, contra militantes de la UJC y el PCU fundamentalmente”.
Si bien las condenas y la aparición de los restos comienzan a vislumbrar la trama del procedimiento de prisión, tortura y desaparición vinculando “La Tablada” con la existencia de un “cementerio clandestino” en el Batallón 14, esto ya había sido denunciado muchos años atrás en investigaciones periodísticas.
Sobre esto, Chargoñia señaló que “como en todos los procesos de verdad y justicia se va formando un rompecabezas, de hecho, cada nuevo pronunciamiento judicial implica una información que puede ser útil a otras investigaciones judiciales y el vínculo entre “La Tablada” como centro de operaciones clandestino de la OCOA y el Campo Videla (Batallón 14), en Toledo, como lugar de enterramiento de personas que pasaron por “La Tablada” empieza a ser cada vez más sólido como hipótesis”.
El abogado recordó que “hace más de veinte años, el Estado uruguayo, a través de la «Comisión para la paz», ya había mencionado un lugar de enterramiento que la fuentes militares anónimas describían como el cementerio «Arlington», en una referencia cínica al cementerio que está en Washington DC, pero incluían una versión falsa que consistía en hacer referencias a posibles desenterramientos, incineración y cenizas arrojadas al Río de la Plata”, con ese antecedente, advierte que “el Estado uruguayo tiene que poner foco en alguna de las informaciones verdaderas y descartar las informaciones falsas que tal vez provienen de fuentes militares y trabajar con todas las capacidades y todos los recursos que los estados democráticos tienen para seguir haciendo justicia, investigar todo el itinerario, desde el momento de la detención de la persona desaparecida hasta el lugar de enterramiento y en ese sentido hay que seguir insistiendo que es necesaria la justicia y la verdad como dos valores absolutamente fundamentales para la salud democrática de un país”.
En la conferencia de prensa donde se anunció la identificación de los restos de Luis Eduardo Arigón y también en otras instancias, se hace hincapié en la necesidad de que el Poder Ejecutivo y en particular el Presidente exija a las FFAA que den información.
Para Chargoñia, una orden en el sentido que se está pidiendo es absolutamente insuficiente y apostar todo a esa orden es un error estratégico. “En su momento Tabaré Vázquez le pidió a los tres comandantes en jefe de las tres armas que dieran un informe y sabemos del valor relativo que estos informes tuvieron, por lo tanto, poner toda la fe o la confianza en una solicitud del mando civil de las FFAA no parece ser demasiado aconsejable. Más bien hay que exigirle a todos los entes del Estado, encargados de la investigación de las desapariciones forzadas, incluida la INDDHH que accedan a los archivos, que investiguen, que citen a las fuentes que puedan tener información y que todas estas realicen esa investigación proactiva sin esperar a que haya una respuesta desde ámbitos involucrados con las propias violaciones de los DDHH”.
Y agregó “me parece que poner toda la fe en los presuntos efectos de una orden dada por el mando civil de las FFAA no es demasiado aconsejable”.
Otro elemento que surge a partir de la constatación de que el Batallón 14 es un cementerio clandestino se vincula con la propuesta, desde algunas organizaciones o actores vinculados a la búsqueda de verdad y justicia, de que esos terrenos dejen de estar bajo la órbita de las FFAA.
Chargoñia es uno de ellos, pues entiende que así como a nadie se le ocurriría “que la ESMA en Argentina volviera a estar bajo órbita militar (…) tener cementerios clandestinos bajo órbita militar repugna desde el punto de vista ético. No se trata de una medida cautelar, que es suficiente como para que esos terrenos no sean perturbados a los efectos de la investigación antropológica, sino que lo que debe haber es un reclamo de orden ético y de orden político”
“No puede haber lugares donde hay cuerpos humanos que se están buscando y que fuentes militares o por ejemplo el senador Manini Ríos diga «esos son lugares de entrenamiento militar». Porque estaríamos aceptando que se nos diga que las nuevas generaciones de soldados se entrenen militarmente sobre cuerpos enterrados. Eso no resiste la mínima sensibilidad de la dignidad humana, entonces, el reclamo por desmilitarizar el cementerio clandestino en Toledo o el cementerio clandestino en el Servicio de Material y Armamento (SMA) – en el Batallón Nº 13 -, es un reclamo de orden cívico, de orden pedagógico, de defensa de la dignidad humana y me parece que hay que sostener eso como bandera también”.
En las últimas horas también fue condenado el ex militar Alexis Grajales por la muerte del militante del MLN Hugo de los Santos. Son dos casos distintos pero ambos se vinculan al contexto de terrorismo de Estado.
Si bien son dos condenas distintas en ambos casos están atravesadas por el mismo fenómeno conocido como «terrorismo de Estado» que se caracterizó por la utilización de todo el aparato estatal con un designio de persecusión y graves violaciones de los derechos humanos.
“Como se sabe la justicia demoró mucho en estos casos por varias circunstancias, una de ellas es porque el crimen es cometido desde el propio poder (…) precisamente esa es una de las características de las dictaduras, tener maniatado el Poder Judicial. Sin embargo, no hizo bajar los brazos a los colectivos de denunciantes en las organizaciones de DDHH. Estos dos ejemplos de unas sentencias de condena, aun cuando tardía, son también la demostración de la tenacidad y la paciencia en búsqueda de la justicia que es tan necesaria para remarcar el valor que se pretende resguardar cuando hay una sanción penal que son el de la vida, la libertad, del debido proceso, todos esos bienes y esos valores que no fueron observados ni respetados por las autoridades de la dictadura y de la doctrina de la seguridad nacional”, concluyó.
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Placa de la Memoria en el ex centro de detención y tortura La Tablada. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
