Paola Beltrán
El 18 de julio, coincidiendo con un nuevo aniversario de la aprobación de la primera Constitución del Uruguay de 1830, el Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó, en conferencia de prensa, el acuerdo alcanzado con el Consorcio “Aguas de Montevideo” que sustituye el proyecto Neptuno (también conocido como Arazatí) por uno nuevo que asegura el suministro de agua potable para la población del área metropolitana, hasta 2045.
El acuerdo
El Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, junto al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el presidente de OSE, Pablo Ferreri y el representante del consorcio Aguas de Montevideo, Alejandro Ruibal, anunciaron cambios, de común acuerdo entre las partes, del contrato firmado entre el Estado y el consorcio. Estos cambios implican que en vez de la obra que pretendía construirse en San José, conocida como “Neptuno”, y que implicaba una potabilizadora de agua potable con un depósito de 200 mil metros cúbicos. La obra se realizará en la cuenca del Santa Lucía, en las inmediaciones de Aguas Corrientes. Estas obras, señaló Sánchez, permitirán “tener cerca de 900 mil metros cúbicos de producción de agua potable que garantice el abastecimiento”.
En el marco del mismo contrato, se suman también la construcción y la reparación de un conjunto de obras sobre la 5ta línea de bombeo. “Esto garantiza, fortalece y robustece nuestro sistema de abastecimiento de agua potable para el área metropolitana”, dijo Sánchez, sumando la construcción de una reserva de agua bruta en la zona del Solís Chico, junto con una pequeña potabilizadora, lo que solucionará el problema de acceso al agua potable de toda la Costa de Oro desde Jaureguiberry hasta el arroyo Pando.
También se informó que el costo se abarata en un tercio respecto al del proyecto Neptuno y que la gestión de la potabilizadora de agua potable que se va a construir será de OSE y por tanto esto también salva las “discusiones o las interpretaciones con respecto al artículo 47 de la Constitución de la República”, señaló el secretario de Presidencia.
En función de este nuevo acuerdo con los privados se firmó una prórroga hasta el 31 de agosto a efectos de modificar las cláusulas del contrato para garantizar que el Tribunal de Cuentas pueda considerar esa revisión del contrato. Se estima que en 2026 comenzarán las obras.
Sánchez reconoció “la flexibilidad del Consorcio que en todo este proceso (manifestó) su voluntad de trabajar profesionalmente a efectos de garantizar ese objetivo central y lo hemos hecho de una manera muy cómoda, muy tranquila, con muchos debates, con varias mesas que estuvieron trabajando los aspectos jurídicos, los aspectos técnicos, los aspectos ambientales y hemos llegado a esta solución que es muy buena para el país y diría no sólo para el gobierno, sino para todos los uruguayos”.
El cambio de rumbo
El 13 de febrero del 2020, el presidente Tabaré Vázquez había anunciado la construcción de una nueva represa en el arroyo Casupá, para lo cual ya estaba reservado el lugar y también el proyecto de Ley que preveía la financiación de la obra con dineros de Rentas Generales, ante la falta de recursos de OSE, con un costo de 150 millones de dólares. “Creemos que de esta manera sí se podrá llevar adelante y seguramente el próximo gobierno lo considerará”, señalaba Tabaré.
Al asumir el gobierno, con la presidencia de Lacalle Pou, este descartó el proyecto de Casupá. Al respecto manifestó: “cuando asumí la Presidencia me dejaron dos carpetitas arriba del escritorio. Una que era “si tenés tiempo y conseguís la plata”, la represa Casupá y la otra no me acuerdo cuál era”. Y agregó: “no había un proyecto empezado”.
En 2020, iniciando el gobierno de Lacalle, el consorcio “Aguas de Montevideo”, integrado por las empresas SACEEM, CIEMSA y FAST, presentó una propuesta al Poder Ejecutivo, es decir, la iniciativa de construir la potabilizadora en Arazatí, San José, tomando agua del Río de la Plata, fue de empresas privadas.
El 15 de noviembre de 2022 Lacalle Pou anunció que el directorio de OSE había aprobado el proyecto “Arazatí”, también conocido como “Neptuno”. El entonces presidente de la República dijo al respecto: “Habiendo recibido una iniciativa privada, habiendo estudiado durante meses técnica y políticamente esta posibilidad, es con gusto, con mucha alegría, estamos muy contentos de que finalmente el gobierno puede anunciar esta obra de gran volumen, como obra en sí, de gran importancia y además, también, de volumen económico que, entre otras cosas se suma a la obra pública que está haciendo el gobierno”.
Consultado por la prensa sobre los planteos de inconstitucionalidad en base al artículo 47 de la Constitución, Lacalle se limitó a leer el artículo y luego señaló: “es lo que hace este proyecto, el suministro”.
Sobre los cuestionamientos que el sindicato FFOSE señalaba al proyecto dijo: “el sindicato es un actor social pero no es un actor de gobierno, se supone que defiende determinadas cuestiones laborales, de sus afiliados y opina, como todo el mundo en Uruguay opina, de los temas de gobierno, pero en este caso, con mucho respeto, da lo mismo lo que opina el sindicato (como lo que) puede opinar otro grupo de gente porque no están encargados y en ningún lugar dice que hay un cogobierno con los sindicatos”.
Sobre los cuestionamientos por la salinidad del Río de la Planta, se explicó en esa misma conferencia de prensa que “la reserva de agua bruta conocida como polder es algo que está previsto en el proyecto para, precisamente, gestionar los episodios de salinidad que, como sabemos luego de 50 años de estudio, existen. El polder estará, lo que seguimos monitoreando, como lo venimos haciendo desde el año 2021, es la toma y con esa información y la información que se irá conociendo en el tiempo de construcción se determinará exactamente la dimensión del mismo, pero sí se va a construir”.
Proceso de lucha
En junio del 2022 la academia, en un documento elaborado por integrantes del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Centro Universitario Regional del Este, Universidad de la República (CURE-Udelar) difundió sus reflexiones y consideraciones respecto al proyecto Neptuno anunciado por el gobierno.
En el documento señalaron que “el Río de la Plata y el Océano Atlántico no están exentos de problemas ambientales y de calidad de agua (ej. recurrencia de floraciones cianobacterianas tóxicas, mareas rojas, especies invasoras) y es esperable que los mismos se profundicen en el futuro ante el cambio climático y el aumento de la intensidad de otras actividades económicas a escala nacional e internacional. En este marco, considerar que el Río de la Plata puede actuar como única fuente de agua a ser utilizada en el futuro sería un error estratégico. (…) entendemos que el Río de la Plata y el Océano Atlántico deberían ser considerados únicamente como fuentes complementarias de agua, y no como sustitutivas”.
En el mismo indicaron que “la Autorización Ambiental Previa se otorgó con una serie de problemas y contradicciones entre los informes de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente, y la resolución del propio Ministerio”.
En noviembre del 2022 FFOSE presentó un recurso ante OSE cuestionando la resolución del directorio de la empresa estatal que aprobó los pliegos para el llamado a licitación del proyecto Neptuno. “El artículo 47 [de la Constitución] dice que el agua tiene que ser pública, estatal y en todo su proceso tiene que estar el Estado al 100%, pero al tener privados en mantenimiento esto no se estaría cumpliendo”, declaró a La Diaria Marcos Miguez, secretario del Agua en FFOSE.
En ese mismo período introdujeron recursos la Intendencia de Montevideo, los colectivos Tucu Tucu de San José, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, junto con la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
También doce investigadores e investigadoras del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales emitieron un manifiesto en el que afirmaron: “El agua es un derecho humano, de acuerdo al artículo 47 de la Constitución, y corresponde que haya participación ciudadana en la planificación y gestión del agua. Asimismo, no ha habido acceso a la información para evaluar los impactos ambientales y territoriales del proyecto en la costa de Arazatí, el acuífero Raigón y el Área Protegida Humedales de Santa Lucía”.
Por su parte, la central sindical declaró: “El PIT-CNT se pronuncia con absoluta claridad de forma contraria al llamado Proyecto Neptuno”. Los estudiantes nucleados en la FEUU también se movilizaron en rechazo a la iniciativa.
Finalmente, los productores rurales de la zona se movilizaron en rechazo a la iniciativa del proyecto. En representación de este colectivo, el productor Marcelo Bruné explicó que “el problema es el lío que se deja por esa potabilización. Estamos hablando de toneladas de químicos que se utilizarán diariamente para tratar un agua sumamente compleja y errática» y advirtieron que el área afectada por la obra concentra una importante producción agropecuaria, como papas, leche y cereales. «El 80% de la producción de papa del país sale de esta zona. Si destruimos esto, afectamos no solo a San José, sino a todos los uruguayos».
Este proceso de lucha unificó a la academia, organizaciones y colectivos ambientales, el PIT-CNT, la FEUU y productores rurales. El movimiento social empujó durante estos años, presionó, organizó movilización, charlas y debates, iniciativas judiciales y administrativas en consonancia con lo realizado desde el campo político por el Frente Amplio.
Al respecto, Sofía Mancilla, integrante del colectivo ambiental de San José “Tucu tucu” dijo a EL POPULAR: “Desde un principio las organizaciones han puesto en la opinión pública el por qué no al proyecto Neptuno, no solo las organizaciones sociales sino también los académicos, agrupados y desagrupados, pero tenían sus argumentos. Esto se fue construyendo en muchos años (…) Hacíamos charlas en todos los pueblos, traíamos técnicos de todo tipo, para que se tenga información y se llegue a una audiencia pública con la gente informada y ese fue el fin y el cometido”.
Agregó que “en un país existe todo, las organizaciones, las empresas y no es fácil ser gobierno y si no está la presión y la lucha constante en la calle, informando al vecino, acá nadie se enteraba lo que era el proyecto Neptuno y eso fue contagiando a los productores, los productores enterándose, esos productores que tenían cercanía con otros vecinos iban y les comentaban, que capaz nosotros no teníamos tanto diálogo y nosotros sí lo teníamos con organizaciones más nivel nacional y si no hubiese sido por eso de que todo el país habla del proyecto Neptuno capaz que no teníamos este resultado”.
La acción política
El Frente Amplio también fue parte de este proceso. Desde el inicio manifestó su rechazo al proyecto. Edgardo Ortuño, actual ministro de Ambiente, integraba el directorio de OSE y en diálogo constante con la fuerza política manifestó e informó sobre los impactos y el cuestionamiento constitucional.
En la última declaración sobre el tema previo a asumir el nuevo gobierno frenteamplista con la presidencia de Yamandú Orsi, la Mesa Política del Frente Amplio señaló: “Desde el Frente Amplio nos manifestamos en contra del proyecto desde el primer momento. Los amplios cuestionamientos que generó el mismo y la no priorización de obras como la represa de Casupá que brindarían una respuesta más eficiente a la situación del área metropolitana, ha llevado a posicionarnos de esta manera. Rechazamos el proyecto porque es insostenible desde el punto de vista financiero y social”.
Sofía Mancilla destacó la presencia de la fuerza política en diálogo constante con las organizaciones sociales en relación a este tema. “Siempre se hizo presente, estuvo “el FA te escucha” aunque no eran gobierno, se hizo la “Gira del agro” en la que también fuimos citados y siempre, cada vez que podían o que venían desde Montevideo la cúpula siempre fuimos escuchados”.
La victoria popular
Luego de la conferencia de prensa en que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció que se descarta, de común acuerdo con las empresas, el proyecto Neptuno, las repercusiones no se hicieron esperar. Claramente que desde la ahora oposición el rechazo fue unánime. No sorprende.
Desde el campo social se vivió bien distinto. Para FFOSE, en palabras de su presidente Carlos Larrosa, se trata “claramente de una victoria”. En declaraciones al portal de noticias del PIT-CNT, Larrosa señaló: “Dejamos horas de militancia, resistimos la persecución, y hoy sentimos que fue una lucha que valió la pena. Nuestra lucha logró demorar el proyecto y abrir espacios de debate con otras organizaciones sociales y ambientales, lo que contribuyó a frenarlo”. Y agregó: “Sin desmerecer la lucha salarial, que también es ideológica e importante, esta fue una lucha noble. No teníamos nada que ganar a nivel particular. Lo hicimos por el pueblo uruguayo y sus recursos naturales”.
Sofía Mancilla se refirió a cómo fue recibida la noticia por las organizaciones y colectivos de la zona. “Todas tenemos nuestros sentires en nuestro territorio y lo defendemos y tratamos de que estos proyectos sean más consensuados con los pueblos y se explique qué van a hacer. Todas las organizaciones estaban muy contentas de que se haya parado este proyecto, lo último que hicimos fue una caminata desde Arazatí a Montevideo y son casi cinco años de lucha constante. Todos los días nos decían algo o algo levantaba la prensa y no sabíamos si era verdad o mentira, la incertidumbre era constante y ahora las organizaciones están contentísimas por haber frenado este mal proyecto que realmente no era la solución para nadie”.
Destacó también que el jueves se hizo presente en San José Alejandro Sánchez junto al diputado de San José, Nicolás Mesa. “Acá Alvaro Delgado nunca vino a hablar con nosotros cuando fue Secretario (de Presidencia)”. En la reunión el gobierno informó sobre el acuerdo y desde la organización señalaron que “ahora estamos aguardando, más que nada, ver o conocer el nuevo contrato y se lo decíamos hoy (por el jueves) al Pacha, lo que queremos, es saber qué va a decir el nuevo contrato”. También destacaron que se trabajará con el Consejo Regional en la nueva zona donde se realizarán las obras para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento y ser escuchada.
El Frente Amplio por su parte emitió una declaración en la que afirmó que “respalda el acuerdo al que llegó nuestro Gobierno Nacional con el Consorcio de empresas Aguas de Montevideo para descartar el proyecto Neptuno y llevar a cabo un conjunto de obras que garantizan el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana y a la Costa de Oro al 2045”. Reafirman el “compromiso con el cumplimiento efectivo del artículo 47 de la Constitución de la República (…) lo que se garantiza con la resolución adoptada por el Gobierno” y destaca “el cumplimiento del compromiso establecido en el Programa del Frente Amplio y del Gobierno encabezado por el compañero Yamandú Orsi de construir, en este período, la represa de Casupá como obra central para el abastecimiento de agua potable, para la cual recientemente OSE realizó el llamado a precalificación de empresas para su realización.”
Se trata, claramente, de una victoria popular. Una demostración de la relevancia y vigencia del bloque político y social y de su fortaleza cuando logra articular y sostener procesos de lucha.
