El impacto del ajuste de Milei en la provincia de Santa Fé.
Por Rodrigo Gorga (*)
La crisis que atraviesa Argentina bajo el gobierno de Javier Milei se mide no solamente en los grandes números de la economía nacional y en los nefastos resultados electorales de las elecciones de las recientes elecciones provinciales para la legislatura de Buenos Aires. Se figura en la inestabilidad e incertidumbre de un modelo económico que muestra fisuras en todos los frentes.
En los últimos días, producto de las especulaciones sobre la sostenibilidad política del programa económico de Javier Milei, el gobierno argentino tuvo que recurrir a un préstamo del Tesoro de los Estados Unidos de 20.000 millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central. La derrota electoral provincial encendió dudas sobre la viabilidad del esquema cambiario de “bandas de flotación”, que busca mantener al peso dentro de un rango prefijado, con un piso y un techo, a costa de la intervención oficial mediante la compra o venta de divisas.
En la última semana, esas dudas se tradujeron en una fuerte presión cambiaria: el dólar paralelo subió con rapidez, se aceleró la salida de capitales y el Banco Central se vio obligado a desprenderse de reservas para sostener la paridad. La señal del préstamo norteamericano buscó transmitir confianza, pero al mismo tiempo evidenció la fragilidad del modelo, cuya estabilidad depende cada vez más de financiamiento externo y de la credibilidad política del gobierno.
En este caso, el préstamo proviene directamente del Tesoro de los Estados Unidos, una vía poco frecuente y cargada de interrogantes. Las condicionalidades aún no se conocen en detalle, pero es de esperar que resulten onerosas para el pueblo argentino, en forma de mayor dependencia respecto a Washington.
Mientras el descalabro macroeconómico y financiero campea, los efectos del ajuste ya se sienten, en particular, en los territorios, en la vida de las provincias, de sus trabajadores. El caso de Santa Fe —corazón productivo del país vecino donde habitan más de 3 millones y medio de argentinos— ofrece una radiografía concreta de cómo el ajuste se traduce en pérdida de empresas, caída del empleo, deterioro de los salarios y reducción del gasto público.
Un informe reciente del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), elaborado por economistas rosarinos, Diego Kofman, Lavih Abraham, Marco Kofman y Natalia Pérez Barreda, coordinados por Sergio Arelovich, aporta datos contundentes sobre la evolución de la economía santafesina desde diciembre de 2023, cuando asumió Milei, hasta mediados de 2025. La fotografía es clara: cierre de casi 1.800 empresas, destrucción de 14.500 puestos de trabajo formales, pérdida acumulada de ingresos para trabajadores y jubilados, y un ajuste adicional aplicado por el gobernador Maximiliano Pullaro que profundizó los efectos de la recesión.
Empresas y empleos en retroceso
En diciembre del 2023 funcionaban en Santa Fe 50.774 unidades productivas (sociedades anónimas, SRL, pymes y micropymes). Dieciocho meses después quedaban 49.025, lo que supone 1.749 establecimientos menos. Esta caída en la cantidad de empresas tiene impactos directos en empleos que se pierden, cadenas de proveedores afectadas, y en última instancia, la calidad de vida de las familias.
El mercado laboral provincial acompañó la tendencia. Según datos oficiales procesados por MATE, se destruyeron casi 14.500 empleos formales en ese mismo período. La industria fue el sector más golpeado, con más de 6.000 puestos perdidos. En un territorio con fuerte base fabril, ese retroceso tiene un impacto social de primera magnitud.
Salarios en caída
El informe también muestra la erosión del poder de compra. Tomando marzo de 2023 como base 100, los salarios del sector privado cayeron a 88 en marzo de 2024, y aunque luego repuntaron hasta 97 en marzo de 2025, no lograron recuperar el nivel inicial. En promedio, cada trabajador perdió 1,4 millones de pesos argentinos (alrededor de mil dólares) en su bolsillo durante este tiempo.
Estas cifras son alarmantes porque reflejan una tendencia que no comenzó en diciembre de 2023, ya que al igual que nuestro país, los altibajos en los indicadores arrastran varios años. La comparación histórica refuerza la magnitud de la caída: el mejor momento de la serie medida por MATE fue marzo de 2017, con un índice de 110. Desde entonces, la curva descendió con altibajos hasta el presente.
Actividad económica: el espejismo del agro
La evolución de los sectores productivos muestra una economía partida. El agro creció un 107% en comparación con el 2023, pero ese salto se explica únicamente por la recuperación tras la sequía que arruinó la cosecha de aquel año, y que también afectó a nuestro país. Esa mejora excepcional maquilla el conjunto: la industria apenas avanzó 1%, la intermediación financiera 5%, mientras que el comercio cayó 2%, la hotelería y gastronomía 10% y la construcción se desplomó 14%.
El freno en la construcción es particularmente grave: los permisos otorgados en 2025 están 40% por debajo del promedio de la última década, en niveles comparables al párate de la pandemia.
Consumo en baja
Los datos de consumo de servicios públicos confirman la recesión. Exceptuando el transporte de cargas, beneficiado por la buena cosecha, todos los indicadores se redujeron: electricidad, gas y agua (-6%), peajes (-9%) y transporte de pasajeros (-23%). Menos consumo se traduce en menos ingresos y menos actividad en la economía local que depende del consumo interno.
El ajuste de Pullaro
El estudio también señala que la política económica provincial agravó la situación. Aunque los recursos de Santa Fe cayeron 7% en promedio desde 2023, el gasto público se recortó 10%, es decir, más de lo necesario para mantener equilibradas las cuentas.
La principal variable de ajuste fueron los salarios del sector público. Durante la gestión del exgobernador Omar Perotti representaban el 42% de los recursos provinciales; hoy, bajo Pullaro, apenas alcanzan el 32%, un mínimo histórico. En términos individuales, cada trabajador estatal perdió 6,2 millones de pesos argentinos (más de 4 mil dólares) en dos años.
Los jubilados provinciales tampoco quedaron al margen: la proporción de recursos destinados a sus haberes bajó de 20% a 16%, y cada beneficiario perdió en promedio 4,3 millones de pesos (2700 dólares) en el mismo período.
Un espejo cercano
Para los uruguayos, mirar lo que sucede en Santa Fe no es un ejercicio de curiosidad, sino un espejo cercano. La provincia está a pocas horas de nuestras fronteras, forma parte de una de las regiones más integradas del Mercosur, y mantiene vínculos comerciales y sociales intensos con nuestro país.
El caso muestra hasta qué punto las políticas de ajuste fiscal, cuando se combinan con una recesión nacional, terminan golpeando en el mismo lugar: los trabajadores, los jubilados y los sectores productivos más frágiles
Lo que enseña Santa Fe es que los números de la “motosierra” no son neutros ni inevitables: detrás de cada recorte hay decisiones políticas y prioridades que se definen. El gobierno provincial eligió profundizar el ajuste en lugar de amortiguar sus efectos. El resultado está a la vista: menos empresas, menos empleos, peores salarios y jubilaciones más bajas.
La tensión pendular de las ideas económicas que abogan por una destrucción del Estado no es ajena a la discusión uruguaya sobre el rumbo económico. El experimento argentino, que lleva al extremo estas ideas, no deja de decirnos algo sobre la clásica dicotomía Estado y Mercado.
La discusión sobre el rumbo económico argentino seguirá abierta, pero los datos santafesinos son ya un anticipo de sus costos sociales. Para quienes vivimos en Uruguay, es también un recordatorio de lo que está en juego cuando se elige entre proyectos de país: detrás de cada modelo económico hay vidas concretas que se sostienen —o se quiebran— con esas decisiones.
(*) Economista.
