Por Paola Beltrán
El atentado contra la Fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero puso sobre la mesa la necesidad de avanzar en la aprobación del proyecto de ley sobre lavado de activos que se encuentra en el Senado remitido por el Poder Ejecutivo (PE). Tanto el presidente Yamandú Orsi como el FA instaron al parlamento y en particular a la bancada del FA a tratar de forma urgente el proyecto.
El Senador Eduardo Brenta preside la comisión especial de Seguridad Pública y Convivencia y la de Seguimiento contra el lavado de activos, lucha contra el crimen organizado y transparencia.
EL POPULAR entrevistó al senador Brenta para conocer cuáles son los elementos de este proyecto de ley que podrían brindar mayores herramientas para combatir el crimen organizado y dentro de este el narcotráfico.
– En este momento hay un proyecto de ley que está en discusión que el Poder Ejecutivo envió y que hay una urgencia por aprobarlo. ¿Cuál es el estado de situación de ese proceso?
Ya hemos recibido distintas delegaciones sobre este tema, obviamente la del PE integrada por la SENACLAFT (Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo), recibimos también al Banco Central, que tiene un rol importante en el control de lavado de activos, recibimos también a la Asociación de Escribanos, vamos a recibir a la Asociación de Contadores, también algunas personalidades que de hecho tienen conocimiento en esta temática y creo que hemos avanzado bastante en este tema.
Hay que tener en cuenta que hay escasa visibilización de riesgo que el lavado de activo significa. Yo me remito siempre a una frase de Gabriel Tenembaun (sociólogo, investigador, docente y escritor uruguayo) que dice que quien lava dinero tiene las manos manchadas de sangre, porque en realidad el narcotráfico es por plata, o sea, quién trafica es para obtener beneficio económico, dinero y el dinero luego tiene sentido si los delincuentes lograron incorporarlo al sistema financiero formal o a la actividad económica formal. Esto genera no solo el desarrollo del narcotráfico con todas las implicancias negativas que tiene, sino también un impacto sobre la economía real, porque en realidad luego, a la hora de lavar dinero, se lava a veces en situaciones absurdas como comercializando productos por debajo de su costo, haciendo inversiones por abajo del costo que luego se comercializan con el solo fin de blanquear el dinero.
Hay impactos sociales, ni que hablar, impactos sobre la política de seguridad, pero también impactos económicos que a veces no se visualizan. Es por esto que entendemos que no es una cuestión intrascendente y no es obviamente la única herramienta de lucha contra el narcotráfico, pero es un elemento muy importante porque sin lavado de activos la actividad de narcotráfico se dificulta notoriamente.
Por eso, a pedido de la bancada del Partido Colorado, accedimos a tomarnos una semana más y seguramente la próxima semana estaríamos avanzando en la aprobación de este proyecto que entendemos, tal cual lo manifestó el Presidente de la República, es un aporte importante que el Poder Legislativo tiene que hacer a la lucha contra el narcotráfico sobre el cual el presidente ha sido contundente en el sentido de que no vamos a cejar en este combate.
-El FA, cuando se dio la discusión sobre el tema de la LUC, cuestionó que había varios artículos que de alguna manera facilitaban o flexibilizaban los controles o la posibilidad de controlar los movimientos de los activos. ¿Este proyecto de ley que está en discusión atiende algunas de esas modificaciones de la LUC?
Si, claramente. Una tiene que ver con el manejo de efectivo, en la LUC se incrementó la posibilidad de realizar transacciones en efectivo hasta lo que hoy serían unos 150 mil dólares aproximadamente, la cifra anterior era de 4 mil dólares, nosotros estamos proponiendo en el proyecto del PE, pero con apoyo de la bancada del FA, una cifra del orden de los 40 mil dólares porque, efectivamente, la cifra anterior era extremadamente baja, pero, la actual permite transacciones del tipo inmobiliario por ejemplo, se puede comprar un apartamento o una casa con 150 mil dólares mientras que una cifra de 40 mil dólares parece razonable en ese sentido.
Se le agregan también algunos sujetos obligados, aquellos que tienen que reportar operaciones sospechosas como, por ejemplo, las casas de cambio o las permutas. Hoy en muchos casos se hacen a través de criptomonedas, sobre esto también estamos trabajando en el parlamento en un proyecto sobre regulación, porque muchas transacciones en realidad son la compra de bienes a través de criptomonedas que hoy se valúan como una permuta y esto evidentemente también puede ser una vía por la cual ingresar dinero producto del narcotráfico. O sea, que el proyecto toma como base la ley anterior y realiza una serie de modificaciones varias de las cuales están asociadas a flexibilizaciones que introdujo la LUC y que hacen que algunos expertos en la materia como Montes de Oca, uruguayo radicado en Argentina, especializado en este tema que trabajaba en el GAFI ( Grupo de Acción Financiera Internacional ), manifestó que si hoy hubiera una evaluación de la situación de Uruguay estaría en la lista gris en lo que tiene que ver con el control del lavado de activos.
– El prosecretario de presidencia Jorge Díaz, en una entrevista en Lado B, llamó la atención con respecto a la sentencias en relación al lavado de activos; dijo que en el quinquenio que terminó en el 2019 se habían realizado cincuenta sentencias, que igualmente era poco para los estándares, pero que en el quinquenio de la presidencia de Lacalle Pou habían sido solamente ocho las sentencias. ¿Estas modificaciones que ahora se intentan revisar en este nuevo proyecto de ley tuvieron que ver con esta baja de sentencias o con qué lo asocia?
Evidentemente tuvieron que ver con la flexibilización y la invisibilización del tema del lavado de activos como un elemento de alto riesgo. Esto hizo que los reportes de operaciones sospechosas cayeran, no hubiera presión, en el buen sentido de la palabra, me refiero sobre aquellos sujetos obligados que tienen que reportar operaciones sospechosas sobre las cuales además se mantiene absoluto secreto al realizar reportes, todo esto hizo que, de alguna manera, se alivianara, se flexibilizara la percepción que las autoridades, que quienes son sujetos obligados, tenían y la resultante es una caída en lo que son acciones de la justicia, procesamientos y demás por temas de lavado de activos.
Yo creo que el proyecto, en la medida que introduce medidas mucho más rigurosas en este sentido, evidentemente van a impactar en el trabajo de algunos actores, escribanos, seguramente contadores también, pero es una necesidad de Uruguay dar este combate en la medida que entendemos que es una batalla sobre la cual no podemos claudicar.
-El Senado aprobó una declaración en respaldo a la Fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero ¿podría comentarnos cómo fue ese proceso y los contenidos de la declaración?
Yo creo que va en la línea de lo que sucedió durante todas estas jornadas posteriores a los hechos vinculados a la situación de la Fiscal y el atentado contra su domicilio. En ese sentido en el día de hoy (por el miércoles) nos expresamos en respaldo del sistema democrático, en respaldo de las instituciones democráticas y por tanto como parte del sistema de justicia en respaldo a la persona también de la fiscal general subrogante, Mónica Ferrero, que fue la víctima de este aparente atentado que se está investigando.
Hay que tener presente que no es el primero, que en realidad hubo acciones contra la Brigada Antinarcóticos con una bomba, en su momento, que hubo amenazas a la propia fiscal, en su momento fiscal antidrogas, Mónica Ferrero, que hubo amenazas al Director del INR, que hubo amenazas al propio ex Ministro Martinelli, o sea, no estamos ante un hecho inédito pero sí muy grave sobre los cuales nos parece bien y compartimos aquí, esto fue compartido por todos los partidos, la correcta actitud del Presidente de la República convocando a todos los partidos de la oposición. Este es un tema nacional que debemos enfrentar todos los uruguayos tal cual lo hemos venido planteando en relación también a la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, donde nos parece fundamental debatir con una mirada más de largo plazo sobre la elaboración de un Plan que trascienda los períodos de gobierno.
