El pasado 6 de octubre, la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) se expidió sobre el acuerdo entre el Estado uruguayo y la empresa belga Katoen Natie. Como era de esperarse, la mayoría multicolor resolvió respaldar al gobierno. Nada sorprendente viendo cómo han actuado hasta ahora, pero nada ético también, por parte de un organismo que debería encargarse del control, prevención, sanción y erradicación de las prácticas corruptas.
De lo que trascendió públicamente, resultan bastante pobres los argumentos del informe oficialista, que solo busca justificar lo injustificable. Dicho con otras palabras: adoptar una posición conveniente a los intereses de los jerarcas del gobierno acusados por delitos de corrupción. La JUTEP se ha transformado en un organismo que dictamina a la medida de los intereses del gobierno.
De lo que transcendió de la sesión, se destacan dos situaciones bochornosas que se dieron en el marco de la discusión de este asunto. La primera, refiere a la actitud de la mayoría oficialista de impedirle a la vocal de la oposición incorporar su discordia dentro de la resolución, que debía comunicarse a Fiscalía. La segunda, apunta al contenido de lo que se resolvió, que pone en evidencia la dualidad de criterio que aplica la mayoría oficialista a la hora de juzgar al gobierno y a la oposición.
Empecemos por la primera. Existe una práctica común en los organismos colegiados que es el derecho de la minoría a presentar discordias y que sus argumentos sean adjuntados a la resolución. Esto tiene la finalidad de transparentar los procesos de toma de decisión y garantizar a la oposición -que debe ejercer los actos de control de la gestión- su derecho a expresarse y manifestar sus discrepancias. Sin embargo, cuando la vocal del Frente Amplio ante la JUTEP quiso incorporar su discordia a la resolución, se lo impidieron.
De más está decir que resulta lamentable el acto de avasallamiento a las minorías que existe, nada más ni nada menos, que en la JUTEP. ¿Cuál es el miedo de que se incorpore el informe en minoría o la discordia de la vocal del Frente Amplio? ¿Acaso quedarán en evidencia ante el fiscal por la falta de solvencia técnica del informe oficial? Parecería que sí; tal vez, si el fiscal leyera el informe no oficialista, podría llegar a la conclusión de que el aprobado carece de solvencia.
En cuanto a la segunda, quedó en evidencia la dualidad de criterios de las autoridades de la JUTEP. En este sentido, cuando se expidieron en los casos de Gas Sayago y Antel Arena, interpretaron que ciertas acciones eran irregulares, pero, al analizar conductas similares en el marco del acuerdo con Katoen Natie, hicieron la vista gorda.
En el caso de Gas Sayago, en los considerandos 2.4 a 2.9 de la resolución 951/2021, la JUTEP observó que se violaba la regla de la buena administración, porque, supuestamente, los estudios económicos con los que se contaba resultaban insuficientes.
Sin embargo, en cuanto al acuerdo con el grupo Katoen Natie, donde no hubo informe de ningún tipo -a pesar de que los costos directos y los riesgos que enfrentaba el país eran notorios- la mayoría oficialista de la JUTEP no puso reparos. Curioso, ¿no?
En el caso del Antel Arena, en los considerandos 1, 2 y 3 de la resolución 949/2021, la JUTEP también observó apartamientos a la regla de la buena administración por el supuesto hecho de que no existía un plan de negocios “completo” de la obra. O sea, ese solo hecho le bastó a la mayoría oficialista para formular observaciones. En cambio, en el caso del acuerdo con Katoen Natie, la referida mayoría entendió que no tenía nada para decir respecto a la regla de buena administración. Conclusión llamativa, ya que en el acuerdo con Katoen Natie no hubo ni un solo estudio que analizara el impacto que el acuerdo tendría sobre la economía del país y las finanzas del Estado.
Como puede apreciarse, la actual conformación de la JUTEP no puede garantizar independencia e idoneidad para dictaminar si hubo o no apartamientos éticos en la toma de decisión del gobierno. No puede, porque actúa a la medida de los favores que le solicita el oficialismo. No puede, porque los pusieron ahí para hacer lo que están haciendo: mirar para el costado cuando el asunto le aprieta el zapato al gobierno. Resultan duras estas afirmaciones, pero a veces la realidad lo es y debe llevarnos a la
búsqueda de soluciones.
Debemos pensar un mecanismo para que la JUTEP vuelva a ser un organismo imparcial que resuelva los asuntos con independencia del gobierno de turno. La conformación de esta junta, nada más ni nada menos que de transparencia, no puede seguir ligada a la correlación de fuerzas de los partidos políticos. Esto la vuelve permeable a las presiones y a las “llamadas telefónicas” de los que gobiernan. Una JUTEP así no puede hacer bien su trabajo, ni como órgano resolutorio de los aspectos éticos y de transparencia, ni mucho menos como asesor de la Justicia ante hechos de corrupción.
Esta JUTEP, con esta conformación, no era confiable para asesorar a Fiscalía en un caso gravísimo como es el acuerdo con la empresa Katoen Natie; no lo era antes de que se enviara la solicitud de informe por parte de la Fiscalía, no lo fue durante el análisis del asunto y, en base a las conclusiones arribadas, demostró efectiva y materialmente que no tenía objetividad para resolver el asunto.
Dr. Charles Carrera Leal, Senador de la República / MPP – Espacio 609 – Frente Amplio
Foto de portada:
Puerto de Montevideo. Foto: Javier Calvelo/adhocFotos
