Tras el incremento experimentado en 2020 como consecuencia de la pandemia de Covid-19, la pobreza en América Latina y el Caribe se redujo al nivel que tuvo en 2014.
Según el reporte de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el pasado año “el 27,3% de la población regional vivía en situación de pobreza”, lo que representa una disminución “de 1,5 puntos porcentuales con respecto al año anterior, y de 5 puntos en comparación con 2020”.
De acuerdo al último informe de CEPAL, en la región la tasa de pobreza extrema afecta al “10,6% de la población”, un guarismo “inferior a la de 2022 en 0,5 puntos porcentuales, pero por encima de los niveles de 2014”.
“En total”, señala el estudio del organismo, “172 millones de personas viven la pobreza y de ellos, 66 millones sufren pobreza extrema”, no pudiendo los primeros dar cobertura a sus necesidades elementales, en tanto los segundos se ven imposibilitados de “adquirir una canasta básica”.
Los datos del estudio afirman que, “más de un 80% de la disminución de la pobreza regional” es aportada por Brasil, donde vive “más de una tercera parte de la población regional”, sin los datos aportados por Brasil, “la cifra de pobreza hubiera sido de 28,4%”.
La agencia de Naciones Unidas prevé que los datos de pobreza continúen bajando este año llegando a afectar al 26,8% de los habitantes, mientras que la pobreza extrema alcanzará al 10,4%.
El organismo internacional resaltó que son las mujeres a quienes más afecta la pobreza y agregó “que el porcentaje de niños y adolescentes en situación de pobreza es considerablemente más alto que el de otros grupos etarios”.
“La división sexual del trabajo y la actual organización social de los cuidados crean brechas de género que se expresan durante todo el ciclo de vida y en los obstáculos que enfrentan las mujeres para la inclusión laboral y protección social”, se lee en el estudio de CEPAL.
Los datos sobre pobreza contrastan con la distribución de la riqueza que “es aún más concentrada y desigual que la del ingreso”.
En ese sentido el reporte señala “que en 2021, el 10% de las personas de mayores ingresos concentraba el 66% de la riqueza total y el 1% más rico concentraba el 33%”.
De acuerdo al informe, la región se caracteriza por su alta desigualdad, una “movilidad social baja” y una “cohesión social débil”, en tanto sus “políticas sociales y sistemas de protección” son “endebles”, por lo que es necesario “fortalecer la protección social para combatir la desigualdad”.
José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de CEPAL, subrayó en la presentación del informe, “que el fortalecimiento de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe” y en “particular la protección social no contributiva, supone un espacio estratégico para la adopción de un enfoque integrado que podría ayudar a reducir la pobreza, las diversas causas de la desigualdad y los bajos niveles de cohesión social de la región y el desarrollo social inclusivo”.
Salazar-Xirinachs insistió, además, en que el enfrentamiento a “la crisis de desarrollo en la región” debe darse avanzando “hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes”.
El pasado año, se describe en el reporte, “el gasto social representó el 11,5% del PIB en América Latina (…) que siguió siendo el principal componente del gasto público total, llegando a un 53,3% en 2023”.
En el caso de los países del Caribe, dicha “asignación fue de 41,3%”, lo que supone una mayor brecha rspecto a las naciones latinoamericanas.
“Para progresar en la erradicación de la pobreza”, concluye el informe, “se requiere establecer un estándar de inversión para la protección social no contributiva de entre 1,5% y 2,5% del PIB o entre 5% y 10% del gasto público total”.
