El Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony J. Blinken dio a conocer el pasado 6 de enero, nuevas medidas contra Cuba.
A través de un comunicado oficial, Washington anunció que las medidas van dirigidas a establecer restricciones de visas a ocho funcionarios cubanos a los que se los acusa de estar implicados en la detención y procesamiento judicial de participantes en los hechos violentos del pasado 11 de julio de 2021.
Las medidas han sido calificadas por el gobierno de la isla como una muestra más de los intentos injerencistas de Estados Unidos en Cuba.
De forma sistemática y mediante la presentación de una serie de evidencias y documentos, el gobierno cubano ha mostrado que los hechos que se produjeron fueron estimulados, financiados y organizados por las agencias federales de los Estados Unidos y en particular por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Aún se desconocen, informó el portal Cubadebate, “los nombres de los funcionarios de la isla a los que se le veta el ingreso en EEUU, de acuerdo a la medida adoptada por el Departamento de Estado norteamericano”.
El presidente cubano Diaz- Canel, expresó su rechazo a la nueva medida mediante un tuit en la red social Twitter, allí escribió: «Cuando ya no van quedando tuercas que apretar, vienen los castigos con nombres y apellidos. Aunque nunca han dejado de hacerlo contra todo el pueblo cubano. La dignidad de Cuba es el problema».
Por su parte, el Departamento de Estado justificó su accionar, afirmando que las mismas se basan en el marco de “la Proclama Presidencial 5377, que suspende la posibilidad de que funcionarios y empleados del Gobierno cubano ingresen a los Estados Unidos como no inmigrantes”.
Para Cubadebate, no hay dudas que “la medida anunciada es (…) un nuevo intento del gobierno estadounidense de interferir en los asuntos internos de Cuba”, esta vez intentando interferir en las decisiones judiciales del país.
De forma contraproducente, añade el portal de noticias caribeño, “la decisión se da a conocer en un día en que Estados Unidos y su gobierno han reclamado medidas ejemplarizantes contra quienes organizaron y ejecutaron los hechos violentos en el Capitolio de Washington el 6 de enero de 2020”.
Por esos hechos han sido procesados hasta la fecha “más de 700 personas y algunas han recibido condenas superiores a los 20 años de prisión”, sanciones estas que superan en número y monto de penas de prisión, a las que ha dictado la justicia cubana ante los vandalismos acontecidos.
