Los Vagones del Barrio Olímpico fue, durante la pasada dictadura cívico-militar, un centro clandestino de detención y tortura. Formó parte de un circuito de represión de la capital canaria que estuvo compuesto por otro sitio de vagones ubicado en la proximidad de lo que era la Escuela de Policía.
Según los testimonios de gran cantidad de sobrevivientes relevados por investigadores, junto a la Asociación Ágora – Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria (que mañana realizan una conferencia de prensa), esos vagones fueron gestionados por la policía del departamento y utilizados como centros de detención y tortura aproximadamente entre 1975 y 1979.
El policía retirado Hugo Guillén, quien estaba formalizado y cumplía prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad, se suicidó ayer sábado, según informó La República.
Guillén, quien tenía 80 años, formó parte de la Dirección de Investigaciones de Canelones y fue identificado por sobrevivientes de las torturas como uno de los responsables de estas violaciones a los derechos humanos en el centro de detención clandestina Los Vagones, en Canelones, hoy convertido en un sitio de memoria.
Los tres ex policías formalizados por esta causa son Guillén, Winston Vitale y Alejandro Ferreira. Se les acusó de delitos continuados de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves.
Los tres estaban cursando una prisión preventiva en la cárcel de Domingo Arena, pero en el mes de marzo el juez de Canelones, Luis Alberto Sobot, les otorgó el beneficio de prisión domiciliaria. La defensa presentó documentos médicos y testimonios de doctores para aducir que deberían estar en sus casas por razones de salud, dada las edades avanzadas.
El abogado de las víctimas Pablo Chargoñia indicó en su momento a EL POPULAR que, “la defensa presentó recusación contra la Fiscalía. Es insólito que una parte recurra a otra parte no es habitual, los fiscales no pueden ser recurribles por la otra parte. Pero el Juez hizo lugar y la Fiscalía apeló así que esto lo va analizar un tribunal de apelaciones”.
Es claro que la «defensa de los indagados está “molesta” con el fiscal de derechos humanos, Ricardo Perciballe y no lo quiere, yo lo entiendo perfectamente porque es un funcionario eficaz que quiere impartir la justicia, y bueno esto se resolverá, creemos que van a ser rechazadas las causales de recusación ya que no son sólidas, y esto va a volver a esta instancia”, agrega.
Ante esta situación el abogado defensor de las víctimas comentó que “es lamentable que se demore el juicio oral, pero también hay que destacar esto, estas cosas suceden en los estados de derecho, es decir la posibilidad de que los indagados se defienden aún cuando no estemos de acuerdo con la defensa que se esgrime” enfatiza.
“Lo que uno espera es que no se de mas dilatoria, y que finalmente se llegue a una sentencia que ponga las cosas en su lugar, no se puede atormentar no se puede desnudar, no se puede abusar, no se puede colgar, no puede haber caballetes y tormentos, y esto es importante que ocurra en este juzgado porque tenemos que dar una señal para, hoy y para el futuro”, resalta Chargoñia.
En cuanto a si genera antecedentes para otros casos el abogado explicó que espera que no, por el carácter insólito de la recusación de la fiscalía, pero estamos acostumbrados a que haya cuestionamientos, por ejemplo de los abogados del centro militar hacia esta fiscalía especializada, que en mi opinión es porque está trabajando bien, y está haciendo mella en alguna zona de impunidad”.
Según supo hoy EL POPUALAR, mañana lunes hay otra instancia en el juzgado sobre esta causa.
En este marco fue que ayer Blanca Calero y Ricardo Echeverry recibieron amenazas de muerte. Es así que la Departamental del PCU en Canelones emitió un comunicado de apoyo y repudio ante las mismas:
