Rolando Arbesún
El 11 de abril de 1974, en el marco de las investigaciones que realizaba un Comité Judicial de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos por el escándalo Watergate, fue publicada una citación al entonces presidente estadounidense, Richard Nixon, donde se pedía que se presentaran todas “las cintas y demás material conexo sin tener en cuenta el tema o temas tratados en estas conversaciones”.
El pedido se fundaba en el conocimiento de que todo lo que se conversaba en la oficina oval quedaba registrado en cintas magnetofónicas.
Este registro se realizaba, según declaraciones realizadas en 1973, por un ex ayudante presidencial, desde comienzos de 1971 y era algo que el presidente Nixon conocía.
La solicitud de entregar todas las cintas vinculadas a Watergate fue negada por el mandatario estadounidense lo que dio lugar a una sucesiva serie de acciones judiciales con el objetivo de poder acceder al contenido de estas.
En el ínterin se sucedieron una serie de hechos, entre los que se destacaron despidos a instancias del presidente, de figuras de primera línea, el juego de presiones en la propia Casa Blanca derivó, además en varias renuncias de parte de altos funcionarios que se negaron a cumplir algunas de las “solicitudes” presidenciales.
La negativa de Nixon de entregar las cintas solicitadas fue argumentada desde diversas perspectivas que tenían como objetivo central, al decir del propio Nixon, “mantener encubierto el asunto” y “ganar tiempo”.
El “asunto” a mantener encubierto a como diera lugar, era nada más y nada menos, que la negación del mandatario respecto a su conocimiento de lo sucedido en Watergate.
En ese sentido, Nixon había afirmado públicamente y en reiteradas ocasiones, que no sabía de las acciones que dieron lugar al allanamiento del edificio del partido demócrata.
Nixon había mentido, además, a los estadounidenses, tal y como luego se comprobó, cuando afirmó que toda vez que tuvo conocimiento de los hechos acontecidos en Watergate, había ordenado una profunda y minuciosa investigación.
Para mantener encubierto a como diera lugar el accionar de la Casa Blanca, el equipo presidencial no solo ensayó estrategias legales dirigidas a minimizar el peso de las condenas por “acciones criminales”, sino que, además, comenzó a ubicar en puestos claves de la maquinaria legal estadounidense a figuras leales al presidente.
Junto a ello, el equipo presidencial tuvo que lidiar con las tensiones ocasionadas a las pretensiones reeleccionistas, de parte de aquellos que iniciaron una particular presión hacia el mandatario bajo la forma del más descarado chantaje.
A lo largo de las 1.254 páginas de las transcripciones de las conversaciones en la oficina oval, se pueden leer las preocupaciones del entonces presidente estadounidense sobre cómo y por cuáles vías hacer llegar a los chantajistas el pago exigido de 1 millón de dólares.
Un pago que, además, no podía, al decir de los implicados, ser descubierto como procediendo de la Casa Blanca, debía ser un pago en “efectivo” y con dinero “lavado”.
Como parte de sus estrategias dilatorias, que a la postre devinieron obstructivas a la justicia, el equipo presidencial ensayó el manejo del más famoso escándalo en la historia del país como un asunto de “relaciones públicas”.
Para ello, se relata en el libro “Nixon al desnudo”, se inició “un intensivo esfuerzo de relaciones públicas de la Casa Blanca a través de todo el país a fin de reforzar ese punto de vista”, el del desconocimiento de Nixon.
“Ayudantes de la Casa Blanca llamaban a redactores y periodistas en un esfuerzo para demostrar que la “verdad” de Watergate”, luego de publicado un informe oficial de la Casa Blanca al respecto, “absolvía completamente al presidente”, se reseña en el mencionado texto publicado por The Washington Post.
Junto al empuje relacionista, se ordenaron elaborar listas de críticos a la versión oficial de la Casa Blanca, quienes al decir del propio Nixon lo habían merecido.
“Están haciendo esto intencionadamente”, dijo Nixon sobre sus críticos, añadiendo que, aunque hasta la fecha no habían hecho uso de los instrumentos de poder, léase Departamento de Justicia y FBI, “ahora van a cambiar las cosas. O bien van a hacer las cosas correctamente o deberán marcharse”, sentenció al tiempo que calificó como un “panorama excitante” lo que acontecía.
El estilo de trabajo de relacionistas públicos se extendió, por orden presidencial a todo el gabinete, un gabinete que solo sabía de Watergate, lo que el propio presidente informaba, el objetivo no era la verdad, sino, “blindar” a Nixon.
A la par de la campaña de relaciones públicas, la Casa Blanca, a instancia de Nixon y su más cercano equipo de trabajo, se intentó presentar el asunto como un tema de “seguridad nacional”.
Para ello se afirmó que “la seguridad nacional, los privilegios ejecutivos y la doctrina constitucional de separación de poderes se convirtieron en instrumentos en su campaña pública de contraataque”.
Ese mismo equipo presidencial calificó como “un cáncer que amenazaba la presidencia de Nixon” lo que acontecía.
Sabían, según los registros de sus conversaciones, que el problema al que se enfrentaban era “traumático y problemático”, pero que era, sobre todo, un problema que debía enfrentarse “tomando la iniciativa, reduciendo el impacto público, aminorando pérdidas, mediante ataques valientes y vigorosos”.
Para ello, los hombres más cercanos al mandatario tenían una frase, recuerda el texto del Post “adelantarse” ya que si ello resultaba se ponía al presidente “por encima y fuera del alcance”.
El final de la historia de Watergate la sabemos, Nixon no terminó su mandato y los hechos pasaron a ser los más escandalosos de la historia de dicho país, al menos en lo que al ámbito presidencial se refiere.
Es cierto, estamos lejos de aquel escándalo y no vivimos en Estados Unidos, pero bien vale la pena recordar esta historia, ella nos permite comprender paralelismos y similitudes sobre el accionar de un equipo presidencial cuando este se enfrenta a una crisis de relevante magnitud en la que el principal involucrado es el presidente.
Aunque la estructura de la arquitectura jurídica y legislativa de Uruguay no se acerca a la estadounidense, lo que igualará aquellos hechos con los que hoy se investigan sobre el “asunto Astesiano”, será la historia y como vimos en el caso de Nixon ella fue implacable.
Foto de portada:
Luis Lacalle Pou, durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS.
