El Colectivo de Ollas y Merenderos de Salto emitió el pasado lunes una declaración “sobre la situación alimentaria del departamento y su relación con Mides”.
El objetivo de la declaración es “visibilizar la situación que en general están atravesando las ollas y merenderos de nuestra ciudad y en particular, quienes formamos parte del colectivo solidario Red de Ollas y Merenderos de Salto”.
“En Salto la tasa de desempleo oscila en torno al 12% que, sumado a la caída del salario y el aumento del costo de vida, vemos algunas razones por las cuales cada vez más personas asisten a las ollas populares y merenderos que surgen como iniciativas solidarias y comunitarias que buscan hacerle frente a la desigualdad y defender el derecho a la alimentación”, describe el Colectivo que añade que, desde su conformación, “en octubre de 2020” han “mantenido diversas instancias de diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social departamental, sin lograr establecer un compromiso concreto de trabajo”.
Al explicar esta ausencia de compromiso por parte del Ministerio de desarrollo Social a nivel departamental, el Colectivo explica que, “cada vez que hubo cambios en la dirección del Ministerio, se desconoció el proceso de diálogo mantenido y se tuvo que comenzar la gestión desde cero”.
“Luego de dos años y dos meses desde que surgen las experiencias solidarias y habiendo aportado datos concretos sobre la ubicación de cada olla y cada merendero, sobre la cantidad de porciones semanales que reparten y sobre las características de las familias que acuden a buscar el alimento, continuamos esperando el abordaje territorial de parte del Ministerio para realizar un diagnóstico sobre la problemática”, subrayan en su declaración.
Como agregado a ello, el Colectivo denuncia que, “desde setiembre de 2021 la Dirección Departamental del Ministerio dejó de entablar diálogo con nuestro colectivo (que actualmente nuclea a 21 ollas y 19 merenderos), por lo que nos resulta alarmante que se desconozca nuestra organización y el esfuerzo dedicado para paliar las consecuencias de la crisis socioeconómica”.
Finalmente, la declaración señala que, “la inseguridad alimentaria es una problemática que atraviesa a cientos de familias y debe ser abordada desde los organismos competentes del Estado en diálogo con las organizaciones sociales, atendiendo la emergencia en el corto plazo y apuntando a la concreción de políticas públicas en el mediano y largo plazo” por lo que se entiende” que no se puede seguir apelando al esfuerzo voluntario de las personas que llevan adelante estas iniciativas solidarias y ponen parte de su tiempo para atender la emergencia”.
