Toda vez que se conocieran los pormenores del Proyecto de Rendición de Cuentas enviada por el Ejecutivo al Parlamento, la Asociación de Funcionarios del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (AFUL), hizo público un comunicado donde valoran las medidas anunciadas por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.
En particular, el gremio hizo referencia a la propuesta del Ejecutivo de que “los controles sanitarios del organismo competente no tengan que realizarse en todos los embarques de exportaciones, sino que se puedan hacer de forma aleatoria basado en un análisis de riesgo”.
La medida, afirman los trabajadores, resulta una justificación para disminuir “los testeos que se realizan a todas las importaciones de alimentos y bebidas” y se propone como argumento parauna posible disminución de la presión inflacionaria” y “el precio final al consumidor”.
Para el gremio, dichas disposiciones atentan contra las funciones centrales del Instituto, encargado de certificar desde 1965 la calidad de los distintos productos sobre la base del cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales.
Esta tarea de contralor, se agrega permite dar las “mayores garantías al consumidor final”, por lo que, “una disminución de los muestreos y análisis”, situación que ya se verifica “desde el anuncio de la ministra pueden tener impacto a nivel sanitario”, abriéndose así “la puerta para que eventualmente algunos de los productos que lleguen a la mesa no cumplan con todos los estrictos controles bromatológicos pertinentes, siendo riesgoso su consumo”, subraya el documento.
Para el gremio, esta medida ubica “en desventaja competitiva” a la industria nacional, dando “un beneficio al importador, no solo por la aparente reducción de los costos de importación, sino que también por la disminución de controles”.
Ello podría traer como consecuencia, la creación de un “mercado inundado de productos de dudosa calidad sanitaria y engañosa tipificación, seguramente con un precio más ventajoso ante la industria nacional”.
“La baja del 1,5% a un 0,5% implica la considerable pérdida de una de las principales fuentes de financiamiento de Latu. Sumada a la continuidad en la política de precarización laboral, estas medidas ya están teniendo impactos directos en nuestros puestos laborales, no renovando contratos, no reponiendo puestos vacantes y congelando las inversiones en equipamiento”, denuncian los trabajadores.
Al concluir, el comunicado sindical denuncia que las, “medidas tomadas por el Poder Ejecutivo”, son, “de dudoso impacto en el bolsillo de la gente” y “sí golpean duramente la economía de la institución, la credibilidad del Latu, la estabilidad laboral del laboratorio y la industria nacional”.
