Paola Beltrán
Los trabajadores y trabajadoras de la educación pública, de los distintos subsistemas, lo alertaron sistemáticamente: hay un ajuste sobre la educación, un impulso a privatizarla y un debilitamiento de los Programas de estudio. El gobierno llama a este proceso “Transformación educativa”.
Primaria
Mónica Suarez, dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de la Educación Primaria (FUMTEP) en diálogo con EL POPULAR manifestó que en primaria “la situación es bastante compleja”. En las bipartitas de enero, febrero y marzo plantearon la necesidad de la creación de nuevos cargos, dejar en suspenso la Circular 124 del 2016 que plantea que un grupo con menos de 17 alumnos, se ajuste. Ese reajuste significa que el cargo de ese docente, esa maestra va a otra escuela que se necesite y esos alumnos son organizados en otros grupo de la escuela o en otro turno.
“Nosotros entendemos que en este momento las condiciones socioeconómicas y emocionales, de aprendizaje de los alumnos, sumado a la cantidad de docentes que están sin trabajo, nos está planteando dejar en suspenso esa circular”, explicó.
De hecho, la propia circular establece que para realizar estos ajustes deben tenerse en cuenta la “vulnerabilidad de la población, la disponibilidad de recursos culturales en la zona, el nivel de compromiso con la inclusión del centro, la cantidad de niños incluidos por clase, el rezago en los aprendizajes” y otros recursos con los que cuente la escuela como secretario, maestro de apoyo itinerante, maestro comunitario, de educación física, tallerístas, etc.
En el mismo sentido, Suárez señaló que “cada vez tenemos más alumnos con diferentes dificultades. Estos alumnos están, por suerte, compartiendo la educación común pero necesitan una atención individualizada, de la misma forma alumnas con dificultades de aprendizaje, de la misma forma niños que vivieron la pandemia 2021-2022, y que ahora estamos viendo dificultades porque en aquel momento no tuvieron un maestro maestra presencial con ellos, acompañando permanentemente”.
Son cuatrocientas las maestras que no pudieron acceder a cargos. En ese grupo de maestras hay distintas realidades: maestras recién egresadas, que son las menos, maestras concursantes, que se recibieron antes y ya concursaron y maestras que venían de hace años sin concursar pero que ya tenían calificación de inspección porque hace quince años que trabajaban sin el concurso.
Estas maestras están “emocionalmente bastante afectadas porque es una situación compleja la que están viviendo; algunas eligen una suplencia de una semana, otras diez días y vuelven a quedar sin cargo, algunas no van a la elección porque no tienen para el boleto”, explicó.
Por otro lado, desde FUMTEP plantean la necesidad de la figura del ATPI (Asistente de Primera Infancia). “Hay una formación para ese cargo, hay gente formada que no ha podido acceder todavía, entonces nosotros entendemos que si hay un grupo, un nivel cuatro, en una escuela de tiempo completo, extendido, con una maestra, es fundamental que haya allí una asistente de primera infancia, acompañando a esa maestra y ese grupo. Entendemos que es una oportunidad de descontracturar y mejorar estas condiciones de los grupos que tienen 29, 30 o más de 30 alumnos”, reclamó la dirigente.
Desde el Consejo de la ANEP, la respuesta es que todos los grupos tienen maestras asignadas, ante esto, Suárez explica que “estamos hablando de grupos de 34, 35 niños. Una de las maestras que vino de la elección de cargo sin cargo, nos dijo «yo vengo de dejar a mi hijo en la escuela y es un grupo de 4to año con 35 niños». Entonces, está bien lo que dice la Consejera de que todos los niños tienen maestra, pero ¿en qué condiciones? Es eso lo que estamos planteamos, para mejorar las condiciones, creación de cargos”.
A raíz de esta situación la dirigente manifestó: “nos hacemos muchas preguntas. ¿Hubo recortes? ¿Qué pasó con los cargos de los maestros que se jubilaron? ¿Se cubrieron o están financiados pero no se han cubierto?”.
Secundaria
En entrevista con el Portal de noticias del PIT CNT el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES), José Olivera, expresó que en la educación se han acabado las garantías para los docentes, ya que el gobierno, en lugar de actuar dentro de un régimen de derecho, lo hace bajo un régimen de hecho, donde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) decide por su cuenta”.
En Secundaria la elección de horas ha sido la más tardía en los últimos 15 años, lo cual afecta a estudiantes, familias y educadores. Olvera denunció un proceso de ajuste presupuestario y señaló que “los propios números de la administración demuestran que Secundaria ha sido el organismo que, desde 2020 hasta la actualidad, ha experimentado una constante disminución en el presupuesto global de la ANEP”
Para el caso de la UTU comenzó el año lectivo derivando estudiantes a Secundaria, debido a que muchas de sus carreras y escuelas no tienen capacidad para albergar la demanda. FENAPES constató un recorte de entre 150 y 160 grupos menos. En algunos casos se crean algunos grupos de forma tardía.
En relación a lo institucional, el dirigente planteó que “hoy en día, los trabajadores, además de ser criminalizados, perseguidos y sancionados, no tienen certezas jurídicas que les garanticen que las cosas se hacen de acuerdo con la ley. Por ejemplo, la elección de horas se realizó de manera tardía y desordenada, violando el orden en el que se suponía que debía procesarse, por una decisión política electoral”.
Otros de los inconvenientes se refieren a la ausencia de docentes, problemas de horarios, salones superpoblados en algunas instituciones educativas y vacíos en otras. “Falta pedagogía política o sistematización política, porque la gente lo ve, lo vive en la realidad cotidiana. Por eso el intento desesperado de la administración de actuar en contra del derecho y querer prohibir a los sindicatos el ingreso a los centros educativos. Todo esto es un problema estructural” remarcó el Presidente de FENAPES.
Formación en Educación
Liber Romero, dirigente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (SIDFE) explicó a EL POPULAR que “estamos sufriendo las consecuencias de la implementación del Plan 2023 vinculando a la «Transformación educativa» que lo hizo fue reducir un conjunto de asignaturas y fusionar otras, en algunos casos. Hoy por hoy tenemos carreras que se han cerrado y fusionado”.
También aquí la elección de horas fue y sigue siendo compleja. “Se implementaron lo que se conoce como “unidades horarias de desempeño” – explicó Romero – que busca la concentración de horas en manos de los docentes y eso generó que, por la propia obligación de que los docentes tuvieran mayor cantidad de horas y grupos para poder conformar una unidad docente, hoy tengamos solamente 1600 docentes dentro de nuestra plantilla cuando el año pasado éramos 2800, es decir se han perdido 1200 puestos de trabajo de docentes especializados en distintas asignaturas”.
Estos puestos de trabajo que se pierden configuran lo que denomina como “desempleo encubierto”; estos docentes toman horas en otros sistemas lo que genera que docentes jóvenes no consigan horas.
Desde el sindicato también se denuncia una política de privatización. Existen carencias locativas en los Institutos Normales (formación en Magisterio). Por esta razón durante la semana pasada tanto estudiantes como docentes ocuparon los institutos. Al mismo tiempo, los estudiantes al anotarse a inicio de año descubrieron que luego que un curso llega a treinta estudiantes no podían acceder, quedando en una lista de espera o inscribiéndose a otros cursos.
Sin embargo, a pocas cuadras del Instituto Normal en Montevideo, el Instituto “Elbio Fernández” está ofreciendo, de forma privada, las carreras vinculadas al magisterio. Y este instituto privado recibe dinero para becas del Ministerio de Educación y Cultura.
Romero señala que esto indica que “hay una política clara del gobierno que busca la desmantelación de la Formación en Educación al mismo tiempo que apoya, bajo distintos mecanismos, a la privatización que tiene que ver con estas becas en donde el estudiante puede elegir dónde terminar de cursar su carrera o dónde empezarla”.
De la misma manera hay becas que se otorgan a los estudiantes de 4to año para terminar su carrera pero con la obligación de presentarse a los cursos de acreditación docente, en muchos casos en instituciones privadas.
“Sumado a eso – denunció Romero – desde el punto de vista presupuestal, el CODICEN hoy por hoy, está financiando cursos de posgrado en la Universidad Católica y en la ORT a Directores, Subdirectores y a Docentes. Estamos hablando de posgrados que ascienden a más de 6000 dólares.
Esto es hoy financiado con dineros públicos que se vierten a instituciones privadas en vez de buscar un convenio con la UdelaR que puede ofrecer los mismos posgrados y que hoy por hoy le quitan presupuesto”.
“Esto lo venimos denunciando hace dos años, que la política en Formación en Educación iba a tener estas consecuencias, que se apuntaba, justamente, a la fragmentación y privatización y lo que está pasando ahora en el 2024 es la demostración de aquello que como sindicato habíamos denunciado públicamente en los años anteriores”, aclaró.
“Hay una estrategia que busca desmantelar la educación pública, en Formación en educación se puede ver algunos de estos indicios porque somos más pequeños, pero afecta a todos los sistemas. En la modificación de los Programas hay claramente una concepción ideológica conservadora, como se puede ver en los Programas de historia, filosofía o los vinculados directamente a criticar la realidad social. Para poner un ejemplo, se han eliminado las horas vinculadas al taller de Educación Sexual que ya no está y lo mismo pasa con el taller de Derechos Humanos, no es casual que estos dos seminarios talleres desaparezcan del nuevo Plan”, concluyó.
Acto de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU). Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS.
